Transparencia e independencia, atributos que no posee la Gestora

El gerente de la Gestora, Jaime Durán, ante la publicación de una transacción bursátil en la Bolsa Boliviana de Valores -compra de bonos del tesoro por 1.715 millones de bolivianos- tuvo que salir a los medios a ofrecer una conferencia de prensa y dar a conocer la “buena noticia”, de que la Gestora había realizado una operación integral que le ha permitido realizar mejores inversiones y diversificarlas, mismas que se materializarían en mejores rendimientos y mejores pensiones para los jubilados.

Inmediatamente profesionales entendidos en la materia empezaron a cuestionar, indagar, etc. sobre los alcances de la operación. Era tan escasa la información, pero suficiente para que expertos como Jaime Dunn, acudiendo a su experiencia financiera y álgebra básica, dedujera el alcance de la operación (reporto) y su costo.

Fue entonces, recién, que el gerente empezó a contar la historia por partes, empezó con reconocer de que se trataba de un reporto, de que era una operación combinada con el Tesoro General de la Nación (TGN); y, al final (en BTV) admitió el elevadísimo costo del reporto (11,8% anual), el cual sería cubierto con los elevados intereses que había comprometido el TGN (12,8% anual).

El resultado final -objetivo principal de la operación- es que fueron a parar al Banco Central de Bolivia 200 millones de dólares de los fondos de pensiones. Toda la operación se realizó con este propósito. A fin de que esta operación no parezca tan grotesca, añadieron dos resultados colaterales: diversificación de inversiones (compra de bonos del tesoro americano) y mejor rendimiento neto para estas, 7%. Sin embargo, el efecto global será mínimo, la rentabilidad aumentará de 4,12% a 4,14%.

Empero, esta operación no hubiera sido posible si la otra pata del sistema de pensiones, Autoridad de Pensiones y Seguros – APS, no hubiera diseñado el traje a medida que la Gestora requería. En efecto, la APS efectuó dos modificaciones substanciales al Reglamento de Inversiones.

La primera se efectuó con la RA 266/2024 de fecha 6 de marzo. Esta resolución autoriza a la Gestora a realizar operaciones de venta en reporto de los bonos soberanos y para cubrir costos financieros del reporto, también autoriza realizar, adicionalmente, operaciones con el TGN de manera combinada. Esta resolución, textualmente dispone: “A efecto de cubrir los costos financieros del reporto mencionado anteriormente, se podrán realizar adicionalmente operaciones con el TGN u otros emisores de manera combinada”.

La segunda se efectuó con la RA 523/2024 de fecha 10 de mayo. En esta resolución se incorpora el numeral II en el Art. 6 del Reglamento de Inversiones, mediante el cual se autoriza a invertir en el exterior hasta el 20% del fondo, también autoriza a invertir en títulos de renta variable (acciones). Finalmente, disminuye la calificación de riesgo de los títulos que puedan adquirirse, exigiéndose una calificación mínima de A.

Acabado el traje a medida, la Gestora procede a la operación a fines de mayo. Se llena la boca con los resultados que estaría obteniendo: diversificación de inversiones, mejores rendimientos e inversiones seguras; pues, tanto el Banco Central como el Estado serían buenos pagadores. Pero, no se debe olvidar que, a diciembre de 2023, de acuerdo a JP Morgan, para Bolivia el riesgo país alcanzó a 2.092 puntos, y que en abril del año en curso la calificadora de riesgos Moody’s ha disminuido la calificación de Bolivia como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera, de CAA1 a CAA3.

Toda la operación revela claramente, que la Gestora no tiene independencia y que está sometida al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), era de esperarse, pues, donde manda capitán no manda marinero.

Pero, también revela la falta de transparencia en la Gestora, su gerente, desde un principio, no ha revelado los alcances de la operación, se vio obligado a hacerlo por la presión de la sociedad medianamente informada.

A fin de evitar estas sorpresas de operaciones incestuosas, de subalternización de la Gestora y la APS al MEFP, urge la conformación de un directorio y gerente independientes. Corresponderá a los asambleístas promover una ley es este sentido. Lamentablemente, la última modificación al respecto (Ley del PGN 2024) faculta al presidente a nombrar a los directores con base en una terna eleva por el MEFP.

La Plataforma Una Nueva Oportunidad y Los Tiempos fomentan del debate plural pero no comparten necesariamente los puntos de vista del autor.