La protección a un supuesto violador no puede detener a Bolivia: justicia para las víctimas de Evo Morales

La situación en Bolivia ha llegado a un punto crítico. El país entero está bloqueado por los seguidores de Evo Morales, quien enfrenta serias denuncias por estupro, trata y tráfico, que en mi criterio se debería considerar el delito de violación, porque al comprobarse culpabilidad, Evo Morales, en resumidas cuentas, resultaría un violador. Esta situación ha generado una crisis de desabastecimiento que está afectando a millones de bolivianos, quienes sufren la escasez de gasolina, diésel y alimentos. Los bloqueos, lejos de ser una medida de protesta legítima, se han convertido en un mecanismo para proteger a un líder acusado de delitos sexuales contra niñas y adolescentes, lo cual es totalmente inadmisible. ¿Cómo es posible que Bolivia esté paralizada por defender a un hombre que debe rendir cuentas ante la justicia boliviana por abusar de su poder para violar niñas?

Las denuncias contra Evo Morales no son nuevas. En el pasado, su nombre ya se vio involucrado en escándalos que afectaron gravemente su imagen pública, pero que lamentablemente no fueron investigados con la profundidad que se requería. Recordemos el caso de Gabriela Zapata, una mujer que presuntamente tuvo una relación con Morales y que se vio envuelta en una red de corrupción que golpeó fuertemente a su gobierno donde también ella era menor de edad. Más tarde, apareció la denuncia de Noemí, una joven que aseguró haber tenido una relación con Morales cuando era menor de edad, un caso que nunca se esclareció completamente. Sin embargo, salen nuevas denuncias públicas y mediáticas ahora de los “ex” seguidores de Morales. Estas acusaciones, que parecían ser destellos de una oscura verdad, hoy se confirman con las nuevas denuncias que lo vinculan con delitos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.

En un país que se “enorgullece” de su lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres, ( en neta y llana hipocresía) resulta inaceptable que un hombre con este historial siga siendo defendido por sus seguidores a costa del bienestar de la nación. Bolivia no puede ser rehén de intereses políticos que anteponen la protección de un líder acusado de violación a niñas, sobre los derechos de las víctimas y de toda la población.

La elección reciente de un nuevo fiscal general del Estado abre la oportunidad única para que la justicia prevalezca. Este fiscal tiene ante sí una tarea histórica: demostrar con acciones que está comprometido con la legalidad y con el pueblo boliviano. Su primer deber tiene que ser activar los procesos judiciales contra Evo Morales, emitir una orden de aprehensión y garantizar su detención para que sea investigado a fondo. El nuevo fiscal debe probar que no ha llegado al cargo por la compra de votos en la Asamblea Legislativa, y que tiene la voluntad y la independencia necesarias para aplicar la ley sin favoritismos como en el pasado.

No es suficiente con investigar, hay que actuar con firmeza. La demora en la acción judicial contra Morales solo perpetúa la impunidad y envía un mensaje devastador a las víctimas de violencia en Bolivia: que los agresores pueden escapar de la justicia. La tarea número uno del fiscal debe ser clara: Evo Morales debe ser detenido y enjuiciado por los crímenes de los que se le acusa. El Estado no puede seguir permitiendo que se utilicen los recursos públicos y las movilizaciones populares para proteger a un hombre que, en lugar de enfrentar sus actos, se esconde detrás del caos que sus seguidores generan en el país.

Pero esta situación no es solo una cuestión de justicia individual. Lo que estamos viendo es una clara instrumentalización de las mujeres dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). Evo Morales ha sido acusado repetidamente de usar su poder e influencia para establecer relaciones desiguales con mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad, en una dinámica que reproduce la violencia y el abuso de poder. Pero no se trata sólo de Morales, el presidente actual, Luis Arce, y su entorno también han sido señalados por mantener relaciones de conveniencia con mujeres, lo que refleja una preocupante tendencia a utilizar a las mujeres como peones en las pugnas internas por el poder.

Las mujeres en Bolivia no pueden seguir siendo herramientas en las manos de líderes que, por un lado, las explotan y, por el otro, las instrumentalizan políticamente. Esto es un patrón inaceptable que debe ser erradicado de la vida política del país. Ni las seguidoras del “evismo” ni las del “arcismo”, ni ninguna mujer de ninguna fuerza política, pueden seguir siendo utilizadas como trofeos o escudos humanos en las luchas de poder dentro del MAS.  La lucha por el poder entre los seguidores de Morales y Arce ha convertido a las mujeres en meros instrumentos, y esta instrumentalización no es solo inmoral, sino también una traición a los principios de igualdad y respeto que cualquier sociedad justa debe defender.

El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, y esto incluye la defensa de los derechos de las mujeres a no ser violentadas, ni sexual ni políticamente. Evo Morales, si se confirma su culpabilidad, debe estar tras las rejas. Y es igualmente necesario que el gobierno de Luis Arce demuestre su compromiso real con los derechos humanos, dejando de lado los intereses políticos y actuando con firmeza contra quienes instrumentalizan a las mujeres empezando por el mismo.

Bolivia necesita tiempos mejores. Bolivia necesita mejores gobernantes, personas que de verdad se interesen en la lucha contra la violencia de género, en proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es crucial que enfrentemos con firmeza los crímenes de violación, los feminicidios y las vulneraciones de los derechos humanos. Por eso, en las elecciones nacionales de 2025, los bolivianos tenemos una responsabilidad histórica: elegir nuevos gobernantes que rompan este ciclo de instrumentalización y abuso, y que trabajen por una Bolivia más justa, donde se respeten plenamente los derechos de todos.