Rehenes en nuestro país
Hace sólo un par de días, desde este mismo espacio editorial censurábamos el desborde de violencia de los bloqueadores, quienes durante las jornadas de fin de semana habían atacado a periodistas, personal de salud y ambulancias, e incluso a un policía, quien casi perdió el pie en una explosión. La violencia, sin embargo, lejos de amainarse, parece haberse potenciado con nuevos y lamentables sucesos.
En Chapare, cocaleros afines a Evo Morales lanzaron un ultimátum exigiendo que policías y militares abandonen la zona en 24 horas, y, ante esta amenaza, los efectivos se replegaron a la capital. Los bancos del lugar cerraron sus puertas, y los servicios básicos, incluido el pago del Bono Juancito Pinto, quedaron interrumpidos, evidenciando que el trópico cochabambino se ha convertido nuevamente en un feudo intocable.
Sin embargo, la mayor expresión de violencia se la llevó esta vez Mairana, una pequeña localidad cruceña en la antigua ruta hacia Cochabamba, donde enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron al menos 29 heridos, entre ellos 27 policías. La violencia desbordada no discriminó. Entre los afectados se encuentra un periodista que solo cumplía su labor de informar y que, según su testimonio, fue interceptado junto a su equipo, quienes enfrentaron el intento de ser quemados vivos. Una amenaza brutal y sin precedentes.
Los ataques a ambulancias se repitieron en Mairana y superaron los límites de cualquier protesta legítima. Se tuvo que llevar a los heridos en helicóptero.
Y para cerrar con broche de oro, un intercambio de rehenes: secuestrados por detenidos, como en tiempos de guerra. Este gesto no solo rompe con los principios básicos de respeto a la vida y a la integridad de las personas, sino que marca un oscuro precedente para el país. ¿Hasta dónde hemos llegado?
El presidente Luis Arce condenó estos hechos de manera enfática, prometiendo que los actos no quedarán impunes y que habrá sanciones ejemplares. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más toleraremos este caos? Cada vez más, el país parece ser secuestrado por sectores que recurren a la fuerza y al terror, mientras el Estado de derecho se diluye ante la impunidad.
Es momento de recordar que ningún grupo puede estar por encima de la ley ni amedrentar a un país entero para imponer su agenda. Estos actos de violencia no solo hieren a personas concretas, sino que golpean el corazón mismo de la democracia. Es urgente que, como sociedad, tomemos una postura firme para defender la paz y el respeto por el Estado de derecho, porque si continuamos en este camino, la pregunta ya no será quién es el dueño de este país, sino qué queda de él.
