Lo que el Gil se llevó

¿Recuerdan que, al compás de la institucionalización de la sociedad boliviana, diez empresarios con fe en Bolivia fundaron en marzo de 1990 un tabloide con características modernas en su formato y en su contenido? Un medio masivo que adoptó el nombre de un antiguo periódico paceño, La Razón, relacionado con los ideales del liberalismo. En un lustro, alcanzó altos niveles de difusión. Ese medio dejó de circular en papel en 2024, después de larga agonía y creciente desprestigio. Crisis a pesar de haber sido el mimado de la publicidad estatal, regateada durante 18 años al resto de los periódicos de propiedad privada.

Hace poco, en julio de 2024, la prensa mundial anunció las acusaciones contra el grupo francés Thales Air System, investigada en tres países europeos por delitos de corrupción en la venta de equipos militares a Brasil. El caso movilizó a 65 investigadores y a fiscales especializados. Es el consorcio que vendió 13 radares a Bolivia en 2016 en una de las operaciones más ambiciosas del Ministerio de Defensa bajo una compleja red de empresas para participar en el millonario negocio; un inversor extranjero admitía en 2019 que él era el contacto principal.

Se creó una burocracia específica, con sede en Cochabamba, cuya eficiencia desconocen los bolivianos. La compra costó al país 225 millones de dólares. Sus opacas movidas llamaron la atención pues era evidente que los actores comprometidos, incluyendo una flamante filial boliviana de una empresa paraguaya, no cumplían una clara competencia.

A lo largo de los años, los boletines y declaraciones oficiales suman una serie de contradicciones sobre los pagos, la boleta de garantía, el cumplimiento del contrato, nunca investigadas por la Contraloría. Es necesario recordar que la empresa francesa, que tenía sus oficinas en la zona sur paceña, ya era objeto de sospechas en Argentina desde 2004 por delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos, en un esquema parecido al que habría empleado en Bolivia.

En marzo de 2018, el vicepresidente Álvaro García Linera felicitaba a las ferroviarias Oriental y Andina, “sorprendido por las mejoras”. La mayoría de las acciones de estas estaban en manos de un grupo chileno en 1996, después de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), creada con la nacionalización, en los años 50, de los servicios ferroviarios alentados por empresas inglesas desde el siglo XIX.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció “nacionalizaciones” de las empresas estatales capitalizadas en los 90, pero nunca intentó “recuperar” los trenes. En cambio, las acciones pasaron de Chile a Venezuela, país carente de la experiencia inglesa/chilena (española).

García anunciaba entonces muy contento que la red de ferrocarriles nacionales integraría el proyecto del tren bioceánico desde los puertos de Santos de Brasil a Ilo en Perú, posando junto al nuevo inversor. Una “mirada geoeconómica”, aseguró. Quizá para consolar al Estado Plurinacional y sus bloqueos chapareños que dejaron fuera al territorio boliviano de los corredores viales bioceánicos.

¿Cómo compiten los trenes en 2024? Existe una página oficial de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., y unos teléfonos para supuestamente comprar pasajes, pero nadie responde y el gratuito 800 suena siempre ocupado. ¿Para en Uyuni? ¿Va a Guaqui? ¿Cómo colabora con las exportaciones bolivianas, con el turismo? ¿La pandemia los paralizó? ¿Fue un mal negocio y los grandes planes prometidos quedaron frustrados? ¿Es igual un ferrobús que un tren de pasajeros?

Podríamos nombrar al contrato sin licitación para construir el teleférico paceño y la participación de empresas que de una y otra manera se relacionaban con el MAS, como el caso Ettienne, con un largo historial poco transparente como muestran reportajes en Pando y en La Paz.

En estas operaciones suele aparecer el nombre de la venezolana Leonor Montiel. Hay igualmente asuntos relacionados con familiares, amigos paraguayos, diplomáticos venezolanos.

El protagonista es el paraguayo venezolano Carlos Gil Ramírez (1956), un inversor relacionado con el socialismo caviar, primero en la República Bolivariana de Venezuela, más tarde en el Estado Plurinacional de Bolivia y ahora en España. En este último país, la presencia de los ricos venezolanos chavistas, pero que prefieren vivir en los barrios más caros de Madrid (o de Miami o Panamá), ha descalabrado los precios de las viviendas (casi siete mil euros el metro cuadrado) y de otros servicios.

¿Cómo llegó un dentista a ser dueño de una gran cantidad de empresas en varios países del continente? Gil se encargó de relatar su biografía en una intensa campaña publicitaria que emprendió hace algunos años frente a los artículos de prensa que cuestionaban su figura. El lector que hace seguimiento a nombres de las empresas y de los personajes puede encontrar respuestas y también muchas preguntas.

En sus entrevistas, sobre todo a La Razón, entre 2018 y 2019 (después de la huida de Evo Morales) se mostraba como víctima de una injusta leyenda negra contra las millonarias compras que realizó en Bolivia. No tocó los asuntos más polémicos.

Carlos Gil llegó al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia de la mano de la diplomacia venezolana que en los primeros años del gobierno de Evo Morales pisaba con fuerza, (con botas), en el Palacio de Gobierno. Él mismo relataba la facilidad con la que entraba a reunirse con el presidente cocalero, aunque su principal escudero fue Álvaro García Linera y su entorno de operadores políticos.

La figura de Gil Ramírez se hizo pública en el país cuando adquirió La Razón y Extra del grupo PRISA. Siempre negó estar relacionado con la oscura transparencia de la red televisiva ATB o de PAT y con otros nombres de presuntos testaferros.

En 2009, la propiedad de Gil fue detallada por antiguos periodistas del medio. Las denuncias se acumulaban en las mesas de redacción de otros periódicos por la falta de transparencia. ¿Por qué se esperó a ese ambiente para admitir públicamente?

Carlos Gil es el tipo de inversor que cuenta con seguridad jurídica en el (No) Estado Plurinacional, uno de los trampolines para las nuevas roscas latinoamericanas (más chinos, más rusos), que disfrutan del neocapitalismo siglo XXI. Tienen derecho.