La corrupción es parte de la crisis

El Índice de Percepción de Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional (TI), asigna a nuestro país un puntaje de 29/100, situándonos en el puesto 133 de los 180 países evaluados, y ubicándonos como uno de los peores del continente.

Esta evaluación, que mide comportamientos como el soborno, malversación, nepotismo, debilidad de las instituciones, ética, impunidad, carga burocrática, leyes adecuadas, acceso a la información y protección de denunciantes, se ha mantenido para Bolivia en un rango de entre 20 y 35 en los últimos 25 años, y es consistente con otras encuestas como el Latinobarómetro 2024 que califica al país con 7.8/10 en el nivel de corrupción, y la encuesta Ipsos   Ciesmori  de diciembre de 2024, que la coloca como el tercer problema de preocupación pública, después de la crisis económica y sus efectos, y la inseguridad ciudadana.

El impacto de este delito es devastador para la inversión, la cohesión social, la estabilidad política, los recursos públicos y la economía. Un estudio del BID de 2019, estima que su prevalencia significa hasta un 6,3% del PIB boliviano, lo que bordearía los 3.000 millones de dólares anuales, aunque el daño integral es incalculable.

Transparencia Internacional considera como las principales causas para el sostenimiento de la corrupción: la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo, el crecimiento del autoritarismo, la falta de independencia del poder judicial y el limitado acceso a la información pública.  Otros estudios incluyen el incumplimiento de la ley, impunidad, falta de transparencia fiscal, bajos sueldos en el sector público, excesiva burocracia, contrataciones directas y discrecionales y una gobernanza débil en las empresas estatales.

En los últimos 19 años, los gobiernos implementaron una serie de medidas para combatir la corrupción, como la Ley Marcelo Quiroga, la creación del Ministerio de Transparencia y de unidades anticorrupción en las entidades públicas, la promulgación de varias leyes y decretos sobre la materia, y la institución de fiscalías especializadas y de nuevos tipos penales. Sin embargo, las decenas de escándalos ocurridos en los últimos años y las cifras señaladas antes, muestran que estas políticas han fracasado.

Evidentemente, nos encontramos frente a un problema estructural que se ha fortalecido con el modelo populista, que extendió la corrupción hacia las organizaciones sociales y la naturalizó en la gestión pública, a través de gastos sin fiscalización, eliminación de la meritocracia para acceder a cargos públicos jerárquicos, monopolios estatales y proyectos impunemente deficitarios.

La dimensión de la crisis es tal que, si pretendemos que Bolivia tenga viabilidad, debemos ser capaces de enfrentar las raíces de la corrupción, disminuyendo el control estatal sobre la economía, endureciendo las sanciones y persiguiendo con el mismo rigor a corruptores, corruptos y cómplices.

Debemos modificar la Ley Safco, la Ley Anticorrupción, el Estatuto del Funcionario Público, la Ley del Control Social y la Ley de Empresas públicas. Requerimos aprobar nuevas normas sobre las contrataciones estatales y el acceso a la información pública; abrir a la vigilancia ciudadana los procesos de compras, contrataciones y asignación de permisos y licencias y; sobre todo, acelerar la implementación del gobierno electrónico que automatice los procesos y disminuya el contacto entre los funcionarios y los ciudadanos en la realización de trámites.

La corrupción crece cuando las instituciones se debilitan, por ello es imprescindible garantizar la independencia del sistema judicial, acabar con los interinatos en las entidades descentralizadas, despolitizar la Contraloría General y la Procuraduría del Estado y eliminar las Unidades de Transparencia, ya que encargar la vigilancia de funcionarios públicos a otros igualmente dependientes de nombramientos partidarios es contradictorio e irracional.

Pero también es preciso eliminar la tolerancia social a través de programas intensivos de educación y sensibilización, de mecanismos que combatan y denuncien la micro corrupción y de espacios que expongan a los que cometen estos delitos.

La corrupción debe ser tratada con la misma severidad que la violencia y el narcotráfico, y para reducirla requerimos un enfoque integral que combine tecnología, reformas legales, fortalecimiento institucional y un cambio cultural. Los ejemplos internacionales muestran que con voluntad política y compromiso ciudadano es posible transformar sistemas ineficientes en estructuras transparentes y funcionales.

Por eso debemos exigir a los candidatos propuestas claras y concretas para disminuir este flagelo, más allá de las acusaciones y las generalidades, con la certeza de que, si no somos capaces de parar este cáncer social, ningún plan económico, político o productivo podrá sacar a Bolivia del atraso y la injusticia.