La publicidad oficial en el centenario de la Ley de Imprenta

Hoy, 19 de enero, se cumple el centenario de la Ley de Imprenta, hito normativo de la libertad de expresión en Bolivia. Esta ley tiene la virtud de refugiar y amparar a todas las personas libres que difunden informaciones y opiniones en diversos medio escritos, orales, visuales o gráficos. Pese a sus vacíos en algunos asuntos vinculados con la modernidad, como son las redes sociales, la inteligencia artificial, entre otros, la Ley de Imprenta no tiene reglas básicas sobre la publicidad oficial, que se financia con los impuestos de todos, como una herramienta para informar y educar a la población sobre temas de interés público. Esta ausencia de límites y prohibiciones expresas ha permitido que la publicidad oficial se convierta en un instrumento para beneficiar intereses políticos, tergiversando su propósito original para la pacífica convivencia en democracia.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, pero esto no implica patrocinar de manera selectiva la labor periodística hacia medios afines al gobierno. La publicidad oficial debería ser imparcial y orientarse exclusivamente a la comunicación de políticas públicas que beneficien a la población. No es aceptable que el dinero de los contribuyentes se utilice para magnificar la imagen de autoridades o para manipular narrativas cargadas de falsedades, como fue en su momento el “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019.

El uso de fondos públicos para comunicar servicios y políticas relevantes, como campañas de salud pública contra enfermedades como el dengue, es legítimo. Sin embargo, el problema surge cuando estas campañas se transforman en actos propagandísticos. En lugar de centrarse en el bienestar común, destacan el culto a la personalidad de las autoridades que lideran estas iniciativas. Privilegiar una gigantografía con la imagen del Presidente Arce Catacora o el del Alcalde Equis se ha convertido en una acción de autopromoción que desnuda el evidente abuso de poder.

Además, existen prácticas preocupantes como los contratos multimillonarios de publicidad oficial que se distribuyen con gran discrecionalidad, sobre todo desde el Viceministerio de Comunicación, las empresas públicas y los organismos descentralizados, ni hablar desde las alcaldías y gobernaciones. Estas inversiones, lejos de priorizar el interés colectivo, parecen responder a estrategias para moldear o manipular la opinión pública.

La falta de control y transparencia permite que estos fondos se utilicen como herramientas de censura indirecta, favoreciendo a medios alineados con el gobierno y castigando al periodismo independiente. Este manejo sesgado permite la creación de una atmósfera donde la desinformación prolifera, trascendiendo lo financiero y provocando que la sociedad pierda su capacidad de tomar decisiones informadas. 

Este problema es más profundo y perjudicial de lo que parece. Algunos sugieren simplemente retirar los fondos para publicidad oficial, pero esto no resuelve el problema de fondo. Sin medidas claras, esta acción podría limitar la difusión de mensajes importantes, afectando la comunicación de políticas públicas esenciales. Tampoco basta con prometer transparencia sin mecanismos reales de control, ya que la falta de regulación perpetúa la discrecionalidad en el manejo de estos recursos.

La solución radica en aprobar una legislación complementaria a la Ley de Imprenta que limite las decisiones de las autoridades para garantizar que los recursos públicos no se utilicen como herramienta de censura o propaganda. Esta ley debe establecer sanciones claras para quienes manipulen los fondos destinados a la publicidad oficial y asegurar que esta se utilice exclusivamente para comunicar e informar a la población sobre servicios y políticas públicas notables, sin las imágenes de los rostros ni los nombres propios de las autoridades.

Además, sería fundamental crear un organismo independiente que supervise la distribución de estos recursos y garantice la equidad en su asignación. De esta manera, se protege tanto la libertad de prensa como el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y relevante. Definitivamente la Ley de Imprenta es una conquista ciudadana, y todos tenemos el poder y la responsabilidad de exigir que se conserve su esencia, libre de cualquier sesgo político, en especial la publicidad oficial que sólo debe usarse para el beneficio común, y no para agendas personales o partidarias que destruyen el bien público.