Reacomodo o independencia

La decisión de reconducir con el debido proceso los casos de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, “presos políticos” del régimen masista, da lugar a interpretar que el Órgano Judicial estaría recuperando su independencia.

Este aparente cambio, trascendental en todo caso, fue anunciado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, cuando, muy convencido, afirmó: “Con plena convicción podemos decir que la justicia ha recobrado su independencia. Nunca seremos instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda… El debido proceso ha sido restituido”.

Pero más allá de este anuncio, la historia reciente obliga a ser cautelosos, pues podría tratarse, más bien, de un reacomodo a la nueva correlación de fuerzas que impone el resultado de las urnas del 17 de agosto.

Ese reacomodo que se vivió el 2019 y el 2020. La justicia, que Morales la tenía absolutamente controlada durante catorce años, el 2019, “cambia de color” con Jeanine Áñez. Luego del triunfo de Arce Catacora el 2020, nuevamente, el Órgano Judicial, “cambia de amo” y se subordina al poder de turno.

En total, fuera del interregno de Áñez, durante veinte años la justicia ha estado sometida al régimen masista. Las frases del presidente del TSJ, a gritos, así lo denuncian. En efecto, el sometimiento de la justicia fue, por decir lo menos, atroz.

El diseño constitucional de la elección de magistrados por voto popular, en el fondo, tenía el objetivo de controlar, desde el inicio, al órgano judicial. Los magistrados, al final, fueron impuestos desde el parlamento. Con sus dos tercios, ellos los preseleccionaron y los seleccionaron, sobre todo, en las dos primeras “elecciones”. El proyecto político, para los fines de reproducción del poder, requería de autoridades judiciales serviles, incapaces de cuestionar al poder político.

Al someter a sus fines, el poder político desnaturalizo al poder judicial. Engendraron jueces y fiscales que, antes de impartir justicia, se dedicaron más bien a extorsionar a “diestra y siniestra” de una manera insólita.

Al instrumentalizar la justicia a los fines políticos de reproducción del poder, “judicializaron la política” para anular, perseguir y neutralizar a los adversarios.

Ese favor, de decidir y fallar de acuerdo con los intereses políticos, es “cobrado”, por los operadores de justicia, en otros casos donde pueden decidir con total discrecionalidad.

En ese sentido, la judicialización de la política, no solo erosiono la credibilidad de la justicia, si no que la convirtió en un verdadero monstruo, donde jueces y fiscales pueden actuar con total perversidad, ejerciendo, desde su espacio, un poder sin límites al servicio de la maldad. Abundan evidencias.

Veamos ahora, con algunos ejemplos, como esa justicia instrumentalizada, fue utilizada para eliminar, perseguir y controlar a los adversarios.

El más emblemático es, sin duda, el caso terrorismo. El poder político pretendía, en ese momento, eliminar a la recalcitrante oposición de la media luna. Todo indica que, el operativo en el Hotel Las Américas, tuvo un libreto previo, desde la lista de acusados, compra de testigos, siembra y montaje de pruebas. El fiscal asignado al caso, el Dr. Marcelo Sosa, siguiendo la estrategia política, vincula a empresarios, autoridades y dirigentes cívicos con los llamados terroristas que tenían la “misión de dividir el país.

El operativo y el montaje funcionó eficazmente. La combinación de la estrategia política-jurídica, fue perfecta. Lograron, en ese momento, “aniquilar” a la oposición de la media luna. Luego, el mismo plan, fue implementado en la denominada masacre de Porvenir. Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando y recalcitrante opositor, queda completamente anulado, además preso y condenado sin el más mínimo debido proceso.

Entre las víctimas de esa justicia al servicio del poder político, se pueden destacar los sombríos y dramáticos casos de José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos y Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, que muere torturado y con 256 procesos por denunciar corrupción y desvió de fondos, en el mayor desfalco que conoce la historia.

También, sin el debido proceso, encarcelaron a Áñez, Camacho y Pumari, para vengarse del “golpe” de Estado del 2019. Del mismo modo, actuaron con los miembros de las Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Vean como, por otro lado, esa justicia sometida está conduciendo los casos de Senkata y Sacaba, con investigaciones y pruebas sesgadas. En ninguno de ellos, se involucra a Evo Morales, que es uno de los principales responsables, pues él fue quien alentó y movilizó gente para propiciar caos y anarquía. Con el vacío de poder, provocado por la renuncia en cadena, pretendía un escenario violento, con sangre y muertos, para retornar en hombros como “el único salvador”.

Si la justicia verdaderamente recobra su independencia, liberándose de la tutela del poder político, estas atrocidades nunca más tendrían que repetirse.

Las declaraciones del presidente del TSJ ilusionan y reavivan la esperanza para una justicia independiente con reglas institucionales sólidas. Ojalá sea una verdadera emancipación y no solo un cambio de amo.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la UMSS