La hoja de coca ante su prueba definitiva

La posibilidad de que la hoja de coca salga finalmente de la Lista 1 de estupefacientes de las Naciones Unidas marca un punto de inflexión histórico. De confirmarse, se trataría de uno de los mayores logros de Bolivia desde que, en los años 80, el entonces presidente Jaime Paz Zamora impulsara la célebre consigna “Coca no es cocaína”, buscando distinguir entre el uso ancestral y los fines ilícitos que desnaturalizan su valor cultural.

Hoy, cuatro décadas después, el debate entra en su fase decisiva. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Dependencia de Drogas analiza el informe final de dos años de investigación científica que podría sustentar la reclasificación de la hoja de coca, retirándola del grupo de sustancias consideradas altamente adictivas.

La posición boliviana –respaldada ahora también por Colombia– ha sido clara: la hoja de coca, en su estado natural, no provoca dependencia ni toxicidad, y posee potenciales usos terapéuticos que la ciencia debe explorar sin estigmas.

El proceso no es político, sino técnico, por lo menos en apariencia. El informe preliminar presentado en Ginebra confirma que la hoja de coca tiene propiedades beneficiosas para la salud, con al menos 15 aplicaciones reconocidas, entre ellas el alivio del mal de altura, la regulación digestiva y de la glucosa, y su potencial antiinflamatorio.

De ser aprobada la recomendación, se abriría una etapa en la que la investigación médica y farmacológica podría desarrollarse sin las actuales restricciones, al tiempo que se repararía una injusticia histórica enfocada en la criminalización de una planta que forma parte de la identidad cultural de los Andes.

Ni duda cabe que, también, Bolivia deberá encarar un estudio serio sobre cuánto exige la demanda de la hoja de coca para los fines ancestrales y así sincerar la real extensión necesaria de cultivos de coca. Luego vendría el estudio para el nuevo uso lícito.

Sin embargo, el desafío no termina ahí. El riesgo de que esta decisión sea aprovechada por redes del narcotráfico para ampliar desmesuradamente los cultivos es real. La convertibilidad de la hoja de coca en cocaína –que requiere procesos industriales y precursores químicos, pero no deja de ser un riesgo– obliga a fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y fiscalización.

No basta con desclasificar; es necesario garantizar que los beneficios legítimos de la hoja no se vean nuevamente ensombrecidos por su desvío hacia el negocio ilícito.

Esta advertencia cobra especial relevancia en una región donde el crimen organizado ha logrado penetrar estructuras estatales y economías locales. En el caso de Bolivia, la reciente descertificación por parte de Estados Unidos no cuestionó la política de erradicación ni de interdicción, sino la preocupante presencia de líderes del narcotráfico operando con relativa impunidad.

Ese contexto debe servir de recordatorio de que una reclasificación favorable no sustituye la responsabilidad de ejercer controles efectivos y de sostener una cooperación internacional franca y técnica.

La desclasificación de la hoja de coca sería tal vez una victoria de la ciencia y del sentido común. Pero el éxito no radicará solo en el reconocimiento internacional, sino en la capacidad de Bolivia para administrar con rigor este nuevo escenario.

Si se aprovecha con inteligencia, podría abrirse un horizonte para el desarrollo científico, la innovación farmacéutica y la revalorización de una herencia ancestral. Si se maneja con descuido, en cambio, el riesgo es que los mismos argumentos que hoy reivindican la hoja terminen sirviendo para justificar la expansión de economías ilegales que tanto daño han causado.

La dicotomía está en liberar a la hoja de coca de un estigma injusto y, al mismo tiempo, blindarla frente a los intereses que han intentado secuestrar su significado. Solo así podrá honrarse aquella antigua consigna que sigue vigente, pero que hoy requiere más que nunca una aplicación responsable.

La tarea es enorme para el próximo Gobierno de Rodrigo Paz, una asignación que requiere inmediatez en su atención.

El autor es periodista, abogado y diplomático