“Indígenas robando a indígenas”

Ese fue el título que había sugerido, en una columna hace diez años, a la abominable administración y repartija de recursos del Fondo Indígena (Fondioc), entre dirigentes de los “movimientos sociales”, bajo la dirección política de Evo Morales. Ellos son los autores intelectuales y materiales del mayor desfalco fiscal que conoce la historia.

Inicialmente, el titulo sugerido parecía inconsistentes pues era algo imposible de pensar: “Indígenas robando a indígenas”, en el “proceso de cambio” donde gobernaba “la última reserva moral del mundo”. La realidad, empero, 10 años después de que estallara el escándalo, es, en palabras de Rodrigo Paz, “de cloaca”.

El latrocinio fue descomunal. Hicieron esfumar cerca de 500 millones de dólares que se acumularon desde el año 2005, cuando, con el Decreto 28571, durante el gobierno de Rodríguez Veltzé, se crea el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, conocido como Fondo Indígena (Fondioc).

Para su funcionamiento, el Decreto establece que, de cada cien dólares por la venta de gas, cinco iban directamente a las cuentas de Fondo para financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien a pueblos indigenas y comunidades campesinas. Su creación, en ese sentido, tuvo loables propósitos, pues tenía el objetivo de incidir y mejorar en la calidad de vida de estos sectores siempre excluidos.

La utilización de estos recursos, sin embargo, fue política. Evo Morales y el MAS, usaron ese dinero para movilizar a las organizaciones sociales y “comprar” a sus dirigentes. Como la estabilidad del régimen y el proyecto de reproducción permanente del poder radicaban en el apoyo de esos movimientos sociales, el pacto prebendal corporativista se degeneró al extremo.

El ex Fondioc, al ser utilizado con esos fines, se convirtió en un banco para los dirigentes de los movimientos sociales. A la cabeza del directorio, conduciendo la institución, estaban las representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y las “Bartolinas”.

Sin ningún control aprobaban proyectos, desembolsos y transferencias de recursos a cuentas particulares. El desvío de fondos, a través de “proyectos fantasma” y “pueblos inventados”, fue extremadamente cínico, además imposible de ocultar.

Inexorablemente, estalló el escándalo. Marco Antonio Aramayo, entonces director del Fondioc, detecta y reporta patrones de desvío masivo de recursos hacia proyectos sin ejecución real. Grandes sumas de dinero desembolsadas a cuentas particulares de dirigentes, sin el debido respaldo técnico. La denuncia de Aramayo toma relevancia mediática entre el 2013 y 2014.

Sin ninguna auditoría integral hasta la fecha, se desconoce el destino final de esos cerca de 3.500 millones de bolivianos que administro el Fondo. Lo que se auditó y el daño económico detectado no es ni el 5% de ese total. Se dejó en el limbo el 95% de los recursos manejados. En ese momento, por el control absoluto que tenía el régimen de la Contraloría y el Órgano Judicial, no existió ninguna posibilidad de una investigación profunda.

Imposible destapar la olla en ese año de elecciones, 2016. El oficialismo debía ocultar el desfalco millonario. De cualquier forma y a cualquier costo, tenían que evitar una investigación completa y a fondo. Políticamente, el caso debía ser enterrado.

Para el efecto, diseñaron todo un libreto. En agosto del 2015, renuncia Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras y, como tal, máxima autoridad del Fondioc. La renuncia se produjo después de una intervención que reveló irregularidades, decenas de proyectos fantasma y daño económico al Estado estimado en más de 102 millones de bolivianos.

Acto seguido, promulgan el Decreto 2483 que ordena la liquidación del Fondioc y crea una nueva institución denominada Fondo de Desarrollo Indígena que, fundamentalmente, tenía la misión de liquidar el Fondioc, borrando toda huella.

Con esto, se pretendió blindar y enterrar el escándalo “con dos metros de cemento rígido”, para que no exista la mínima posibilidad, desde la sociedad civil y la oposición, de seguir escarbando y conocer el destino final de los 500 millones de dólares que administró el Fondo.

Con el cambio de ciclo, las circunstancias dan hoy la posibilidad de conocer en detalle lo que significó el “desfalco del siglo”. Como principal responsable, Evo Morales debe ser investigado y juzgado. Existen bases razonables.

No como Arce Catacora que debe ventilar su proceso en la vía jurisdiccional. Debe ser juzgado y procesado en un juicio de responsabilidades. En el contexto actual, es el tribunal más idóneo.

La configuración de la Asamblea, sin los dos tercios del régimen masista que ocultaba todo, puede develar fehacientemente el uso político de los recursos del Fondioc y el destino final de los 500 millones de dólares en cuestión.

Finalmente, las bases de los movimientos sociales deben tomar consciencia de lo que hicieron con sus recursos: “indígenas robando a indígenas”.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la UMSS