Cuando el Estado negocia su autoridad: el costo de claudicar ante la COB

El episodio de El Alto dejó una imagen que ningún analista político debería pasar por alto: ministros del gobierno de Rodrigo Paz negociando en la sede de la Federación Tupac Katari, rodeados de dirigentes sindicales (que obedecen al MAS), cediendo a la abrogación del Decreto Supremo 5503 tras seis días de bloqueos que paralizaron el país. No fue un diálogo institucional. Fue una capitulación que hipoteca el futuro democrático de Bolivia.

El problema no radica en el contenido económico del decreto. Las medidas sobre combustibles, créditos y bonos podían ser discutibles, perfectibles o incluso equivocadas. El verdadero daño está en la forma: un gobierno democráticamente electo que acude a territorio sindical, bajo presión de bloqueos, para deshacer una decisión del Ejecutivo. El mensaje transmitido es devastador: en Bolivia no manda quien gana elecciones, manda quien puede paralizar el país.

Esta claudicación estableció un precedente letal para la gobernabilidad. La COB (aliada del MAS) demostró que el modelo funciona: bloquear rutas, generar desabastecimiento, amenazar turistas, presionar hasta que el Estado retroceda. Y lo consiguió. Ahora, cada sector organizado con capacidad de coerción sabe que la fórmula es efectiva. Los Ponchos Rojos ya exigen más; los mineros mantienen sus bloqueos; otros sectores observan y calculan. El país se encamina hacia un sistema donde gobernar significa administrar vetos corporativos, no ejecutar un programa democrático.

La historia boliviana ofrece una lección dolorosa pero instructiva. En 1985, Víctor Paz Estenssoro enfrentó una hiperinflación que destruía el país. Promulgó el DS 21060, un paquete de medidas duras que incluía despidos masivos, eliminación de subsidios y reestructuración del Estado. Fue brutal, impopular y devastador para muchos sectores. La COB y los mineros se movilizaron con furia. Pero Paz Estenssoro no negoció en la calle. No acudió a sindicatos. No abrogó el decreto. Sostuvo la medida, asumió el costo político y salvó al país del colapso.

La diferencia entre Víctor Paz y Rodrigo Paz no está en las circunstancias económicas, que entonces eran infinitamente peores. La diferencia está en la comprensión del poder. Víctor Paz entendía que el Estado no mendiga autoridad, la ejerce. Que las decisiones difíciles se toman rápido y se sostienen. Que el interés nacional está por encima de cualquier corporación, por poderosa que sea. Y sobre todo, que la legitimidad histórica no proviene del aplauso inmediato, sino de la capacidad de conducir al país cuando nadie más puede hacerlo.

El actual gobierno parece haber olvidado estas lecciones. Al ceder ante la COB, no solo perdió una norma: perdió autoridad. Y en política, la autoridad perdida no se recupera con discursos. Se evapora. Los costos serán enormes: cada reforma necesaria será bloqueada, cada decisión difícil será vetada por la calle, cada intento de modernización encontrará resistencia organizada. Bolivia se encamina hacia la parálisis institucional donde gobernar se vuelve imposible y la democracia se vacía de contenido.

El peligro más profundo no es sindical, es sistémico. Cuando los actores no electos sustituyen a las instituciones democráticas como árbitros finales de las decisiones públicas, la democracia muta en algo distinto: un equilibrio inestable de fuerzas corporativas donde el Estado administra privilegios heredados en lugar de construir futuro. Este modelo condena a Bolivia a la mediocridad perpetua. Los países con doble poder —uno constitucional, otro fáctico— no reforman, no crecen, no generan empleo formal, no construyen instituciones sólidas. Sobreviven de crisis en crisis.

La ironía es amarga. El vicepresidente Edmand Lara envió un mensaje público calificando el acuerdo como un "memorándum de preaviso de despido" para Rodrigo Paz. La amenaza no proviene de un adversario externo, sino del propio gobierno. Bolivia tiene un Ejecutivo dividido, bancadas parlamentarias fracturadas y un Estado que duda de sí mismo. En este contexto, la claudicación ante la COB no es un episodio aislado: es síntoma de un gobierno que no logra cohesionarse ni proyectar autoridad.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo, pero requiere decisiones drásticas. El gobierno debe recuperar el monopolio del diálogo institucional: toda negociación debe ocurrir en espacios del Estado, no en sedes sindicales. Debe encuadrar la política pública dentro de la ley y la Constitución, no de la capacidad de presión de cada sector. Debe aprender que dialogar no significa someterse, que escuchar no implica obedecer, y que gobernar para todos exige, inevitablemente, decir "no" a los poderosos.

La lección de Víctor Paz Estenssoro sigue vigente cuarenta años después: cuando el Estado duda, otros mandan. Bolivia necesita un gobierno que entienda que la paz social duradera no se construye con capitulaciones sucesivas, sino con instituciones fuertes capaces de procesar conflictos sin ceder a chantajes. De lo contrario, el país está condenado a repetir el ciclo interminable de bloqueos, concesiones, debilitamiento estatal y crisis recurrente. Y en ese escenario, la democracia boliviana no será derrocada por un golpe: se desangrará lentamente hasta convertirse en una cáscara vacía donde votar ya no significa decidir el destino del país.