No es una tarea fácil, pero es necesaria

En sus 24 días de vigencia y tras su derogación, el DS 5503 dejó como resultado la eliminación de la subvención a los carburantes, el aumento del 20% al salario mínimo, seis días de bloqueos que afectaron a siete departamentos, 600 millones de dólares perdidos, rearticulación de las dirigencias radicales, el despertar de un país dividido, la primera derrota política del Gobierno y el retorno de la incertidumbre económica.

Pese a algunas deficiencias internas, el Decreto fue coherente e intentó diseñar una ruta viable e integral para detener los efectos de la crisis.

Sin demagogia, pretendió responder al colapso fiscal, monetario y productivo que ya no admite maquillaje ni dilaciones, y que precisa transformaciones profundas y significativas en el ámbito económico, normativo e institucional.

Desde su promulgación resultaba evidente que requería respaldo político, apoyo internacional y, sobre todo, un consenso social mínimo para ser sostenible.

Además, estaba claro que enfrentaría una oposición feroz, principalmente de los resabios del viejo régimen y de las castas sindicales que estaban perdiendo privilegios, poder e impunidad, y para reposicionarse necesitaban escenarios de radicalidad y violencia.

En el fondo, el eje del conflicto no eran los artículos ni la jerarquía jurídica; sino la colisión inevitable entre dos visiones opuestas del país: el pasado populista y estatista que se resiste a morir y un futuro liberal y democrático que aún no puede nacer.

Sería un error atribuir el fracaso únicamente a estos actores políticos. Sectores amplios de la población están sufriendo con mayor rigor los efectos de un ajuste que inevitablemente produce inflación, caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y contracción de la demanda.

Tras 20 años de despilfarro, corrupción, estabilidad precaria y falso crecimiento, el sinceramiento de la economía revela el peso de una crisis real que se siente en todas las familias del país.

En lo político, lo sucedido el pasado domingo acabó con la celebración de la victoria electoral de octubre e inició la etapa más compleja y decisiva cuyo objetivo es desmontar el modelo económico.

Aún están en carpeta otras fases no menos complejas como el restablecimiento de la institucionalidad y el ajuste de los poderes públicos, la reforma de la justicia, y la batalla cultural. Estas tareas van a requerir esfuerzos aún mayores.

La caída del DS 5503 es ante todo el fracaso estratégico de un Gobierno que optó por una política de fast track (en español, vía rápida, N. de E), pretendiendo acelerar el proceso de transición mediante la superposición de fases, sin haber consolidado su estructura interna de poder.

Además, le faltó perspicacia para entender que la debacle del MAS no arrastraba consigo a las organizaciones sociales, y que estos movimientos siguen vigentes y empoderados tras 20 años de control y organización.

La visión únicamente economicista, la ausencia de voceros políticos en el área rural, el silencio de los parlamentarios, y la falta de una política de comunicación eficiente, develaron la debilidad de un Gobierno que no tenía la capacidad para enfrentar por sí solo una empresa que lo superaba en capacidad, recursos y aliados.

Las desinteligencias y el desorden interno no solo quedaron demostrados en el debate sobre el Decreto, sino en la incomprensible inclusión –en la agenda pública durante el conflicto– de temas controversiales como el medioambiente, los recursos de las alcaldías o el rol del vicepresidente, que lejos de distraer, aportaron a la legitimación de la narrativa opositora.

Sin embargo, no podemos quedarnos solo en los errores y la autoflagelación. Este tropiezo debiera ser una oportunidad para que la administración del presidente Paz asuma que ya no es tiempo de campaña electoral ni de controversias mediáticas: es tiempo de gobernar.

Sobre todo, de entender que los cambios requieren algo más que normas y discursos: necesitan un Gobierno claro en sus objetivos, eficiente en su estrategia, seguro en sus determinaciones, lúcido en sus diagnósticos, honesto en su propuesta y transparente en su actuación.

Se requiere un liderazgo comprometido, sólido, generoso e inclusivo, pero firme al momento de tomar decisiones.

La situación es extremadamente grave. No hay margen para la improvisación, el ensayo o el cálculo. No hay dos oportunidades, no hay dos diagnósticos y, sobre todo, no tenemos dos países. O se acierta ahora, o el costo del error será inmediato y devastador.

En 1985 no fue un decreto que salvó a Bolivia, sino un Gobierno con liderazgo, coherencia y convicción, y una mayoría ciudadana que confió. Las crisis no se superan solo con medidas técnicamente adecuadas, sino con claridad estratégica, conducción política y respaldo social.

El desafío no es solo corregir errores, sino reconstruir confianza en un momento límite. Gobernar hoy implica asumir costos –incluso cuando duele–, ordenar prioridades y planificar con inteligencia y realismo. Porque las transiciones reales no se anuncian: se conducen.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia