Importaciones de combustibles en Bolivia: el costo de la ineficiencia y la opacidad

Bolivia enfrenta hoy un desafío energético que trasciende el debate coyuntural sobre precios: el problema de fondo es la racionalidad, eficiencia y transparencia con la que el Estado ha gestionado la importación de petróleo crudo, diésel y gasolina. La dependencia externa es elevada y estructural; en los últimos años el país ha importado más del 80% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume. Solo en 2024 la factura de importación de combustibles superó los $3.000 millones de dólares, y entre 2015 y 2024 el acumulado bordea los $16.000 millones (antes lo pagaba el Estado, ahora lo pagamos todos). En una economía con restricciones crónicas de divisas, este volumen de recursos exige estándares de gestión extraordinariamente rigurosos. Cuando esos estándares no se cumplen plenamente, las pérdidas potenciales son significativas.

Si se toma como referencia un costo internacional promedio de importación en torno a 1,15–1,25 dólares por litro en distintos momentos recientes, una ineficiencia relativamente pequeña —por ejemplo, un sobrecosto logístico o contractual de apenas 5%— podría implicar entre $150 y $200 millones de dólares adicionales en un solo año sobre una factura de $3.000 millones. Si el desalineamiento o la mala planificación elevara ese sobrecosto a 8% o 10%, la pérdida anual podría situarse entre $250 y $300 millones. Estas no son cifras menores: equivalen a múltiples hospitales de alta complejidad, a programas masivos de riego o a inversiones estratégicas en exploración que podrían reducir la dependencia futura.

A ello se suman los costos indirectos. La falta de planificación adecuada en la transición entre importación de combustibles terminados e importación de crudo para refinación local puede generar ineficiencias adicionales. Si se decide importar crudo sin que la capacidad de refinación esté plenamente optimizada, se incurre en costos financieros y de almacenamiento que reducen la supuesta ventaja frente a importar producto terminado. Asimismo, retrasos en pagos internacionales por escasez de divisas pueden encarecer las condiciones contractuales, elevando primas de riesgo. Incluso una variación adversa de apenas 3 a 5 centavos de dólar por litro, aplicada sobre miles de millones de litros anuales, puede representar decenas de millones de dólares en impacto acumulado.

El debate central, por tanto, no debería centrarse en el subsidio —que ya ha sido reducido o eliminado— sino en la arquitectura institucional que rodea la importación. ¿Se realizan las compras mediante procesos competitivos comparables internacionalmente? ¿Se publican de forma sistemática los volúmenes, precios promedio ponderados y costos logísticos? ¿Existen auditorías técnicas independientes que verifiquen calidad, tiempos y cumplimiento contractual? Sin transparencia estructural, la evaluación pública se vuelve especulativa y la confianza se erosiona. La opacidad no solo genera sospecha; también incrementa el costo financiero país, encarece el acceso a crédito y limita la capacidad de negociar en mejores condiciones.

La comparación regional ofrece lecciones claras. Uruguay, a través de ANCAP, publica balances auditados y detalla su estructura de costos, permitiendo un escrutinio técnico constante. Brasil utiliza referencias internacionales explícitas en la formación de precios y reporta periódicamente información relevante al mercado. Chile y Perú cuentan con mecanismos de información pública y marcos regulatorios previsibles que reducen la discrecionalidad. En estos casos, la discusión política se apoya en datos verificables y las desviaciones pueden detectarse tempranamente. La transparencia no elimina errores, pero reduce su magnitud y duración.

Bolivia necesita un giro institucional. Primero, institucionalizar la publicación periódica y desagregada de datos sobre importaciones: volúmenes por producto, precio promedio CIF, costos logísticos y estructura contractual agregada. Segundo, consolidar procesos de compra competitivos y auditables, con participación de instancias técnicas independientes. Tercero, evaluar con criterios estrictamente económicos cuándo conviene importar crudo y cuándo combustibles refinados, considerando capacidad instalada, costos financieros y escenarios internacionales. Y cuarto, reinvertir parte de los ahorros potenciales en exploración y eficiencia energética para reducir la vulnerabilidad estructural.

Cuando un país destina miles de millones de dólares anuales a una sola categoría de importación, incluso pequeñas ineficiencias porcentuales se transforman en pérdidas cuantiosas. La diferencia entre una gestión opaca y una transparente puede equivaler a cientos de millones de dólares al año. Bolivia no puede darse el lujo de asumir ese costo. Más que un debate ideológico, se trata de un imperativo de buena administración: racionalidad económica, eficiencia operativa y transparencia plena como pilares de una política energética moderna y sostenible.