Nuevas leyes sectoriales: necesarias pero insuficientes

Hace varias semanas, el Gobierno anunció que enviará a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de hidrocarburos, minería, recursos evaporíticos e inversiones, un paquete normativo –considerado estructural–, que pretende generar las condiciones para atraer inversión extranjera, dinamizar la producción y reactivar la economía.

La iniciativa evidenciará además si existe la mayoría parlamentaria para acompañar el plan de gobierno y la claridad necesaria para elaborar instrumentos jurídicos consistentes y sostenibles.

Aunque la intención del Ejecutivo muestra un genuino interés por impulsar las áreas productivas, y merece ser respaldada por los asambleístas, resulta insuficiente si no se desmonta primero el andamiaje que sostiene todo el sistema.

Y es que, en economía, las leyes no son piezas aisladas. Son mecanismos de una arquitectura que responden a un diseño, a una filosofía, a una manera de entender la relación entre los individuos, el Estado, el mercado y las fuerzas productivas.

Esto es particularmente visible en sistemas altamente ideologizados en los que las normas se construyen para sostener al poder político y validar sus narrativas.

Durante 20 años, el populismo construyó en Bolivia una arquitectura jurídica con salvaguardas y candados; con elementos internamente correlacionados y profundamente interdependientes.

Impuso nuevas normas o sostuvo leyes obsoletas bajo una lógica del Estado omnipresente que frenaba la iniciativa privada, premiaba la ideología por encima de la productividad y convertía cada actividad económica en un acto político. Así creó un modelo tan compacto que no puede desmontarse por piezas ni por segmentos.

Por eso mismo, antes (o al mismo tiempo) de pensar en un cambio de normas sectoriales es necesario ajustar las leyes que cimientan del estatismo. Entre ellas, sin duda, están:

El Código de Comercio, anacrónico en su concepción de empresa, atrasado respecto a la transformación tecnológica y generador de más burocracia.

La Ley General del Trabajo: obsoleta, rígida, punitiva para el empleador e impulsora del empleo precario.

La Ley del Medio Ambiente, necesaria en su espíritu, pero instrumentalizada como mecanismo de veto político y discrecionalidad.

La Ley de Conciliación y Arbitraje, que prohíbe la participación de tribunales internacionales, excluye materias clave y afecta la celeridad y la seguridad jurídica.

Y el Código Tributario, un laberinto que castiga al que produce, premia al informal y alimenta la corrupción.

Si estas normas no se reforman de manera profunda, coherente y simultánea, todo lo que se cambie en las leyes sectoriales tendrá el mismo destino: vacíos, contradicciones, y barreras invisibles que neutralizan cada intento de apertura.

Eso, sin considerar el principio de orden: las normas sectoriales se deben adecuar a las estructurales y no al revés.

Pero el problema es mucho mayor. La propia Constitución Política, en sus artículos 306 al 409, se encarga de establecer las bases del modelo centralista que precariza la actividad privada y coloca al Estado como conductor de la economía, árbitro y jugador al mismo tiempo.

Esos 113 artículos no son letra muerta. Son el marco dentro del cual las reformas legales deben sobrevivir y el techo que restringe toda transformación. Mientras permanezcan inalterados, cualquier cambio en la norma sectorial será vulnerable.

Es evidente que la reforma constitucional no es tarea fácil. Pero también lo es que, sin ella, un nuevo modelo económico tendrá siempre los pies de barro. Estará siempre a la merced de un bloqueo judicial, de las presiones sindicales o de un Gobierno futuro que, amparado en el mismo texto, deshaga todo lo construido.

El actual sistema político boliviano, antes de debatir cualquier ley específica, debe resolver el dilema de su propia razón de ser, y aclarar si su objetivo es liderar una transición limitada y de contención, o si está dispuesto a iniciar un cambio real y significativo.

Si opta por una política de transición, entonces deberá abocarse a modificar lo necesario para calmar las presiones del momento, pero sin alterar las relaciones de poder existentes; mientras que un cambio estructural le demandará una visión integral y profunda que pasa necesariamente por un nuevo pacto social, entendiendo que las leyes no son documentos administrativos sino definiciones sobre qué tipo de sociedad queremos ser, y asumiendo la voluntad y la capacidad de sostener esa dirección frente a cualquier dificultad, resistencia organizada o interés creado.

Bolivia no necesita otra reforma cosmética que, en cinco años, quedará olvidada. Necesita la decisión política de cambiar la arquitectura completa: desde los cimientos legislativos hasta la Constitución misma.

Necesita líderes que entiendan que gobernar no es administrar la crisis heredada, sino tener el coraje de construir algo diferente. La lucidez para ver el sistema entero. La valentía para enfrentarlo. Y el patriotismo para hacerlo por las razones correctas.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivi