Médicos protestan 35 días y otros sectores prevén sumarse en enero
A las medidas de presión de los médicos contra el Código Penal se sumaron las advertencias de siete sectores que comenzarían sus protestas contra esta norma en enero.
El secretario ejecutivo del transporte federado en Cochabamba, José Orellana, rechazó ayer los alcances del artículo 137 del Código y anunció que enviaron una nota a la Confederación Nacional de Choferes para que se debata en un ampliado.
El artículo es cuestionado porque incrementa las sanciones por homicidio culposo con medio de transporte donde, especifica entre otros aspectos, la sanción con dos a cuatro años de cárcel a la persona que mate a otra por impericia, inobservancia de reglamentos, imprudencia y/o negligencia.
La Confederación del Transporte Pesado también manifestó su rechazo a dicho artículo por “aplicar la triple sanción” y sostuvo que no fueron consultados sobre los alcances de los tres artículos. El sector definirá en un ampliado los primeros días de enero sus medidas de presión.
En tanto, la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba tendrá esta tarde una reunión con personalidades que participaron de la Guerra del Gas (2003) y la Guerra del Agua (2000) para definir qué medidas asumirán. El principal dirigente, Mario Céspedes, dijo que el sector dio plazo hasta el 10 de enero para solucionar el conflicto médico, caso contrario se sumarán a las protestas.
En la misma línea, la confederación de gremiales definió apoyar las medidas de los médicos contra el artículo 205, rechazar el Código Penal en su totalidad y dar un plazo de 10 días al Gobierno para derogar la mencionada norma.
Bloqueos y descuentos
En tanto, médicos y estudiantes bloquearon ayer varios puntos de la ciudad de La Paz y El Alto como medida de protesta contra el artículo 205 del Código de Sistema Penal; mientras el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba procedió con los descuentos de más de 50 médicos que no asistieron a sus fuentes laborales por cumplir el paro indefinido que ya lleva 35 días.
En tanto, la ministra de Salud, Ariana Campero, pidió al sector movilizado que levante el paro indefinido y atiendan a los pacientes que esperan sus consulta médicas, pero que el sector puede mantener las otras medidas de presión, como las marchas y los bloqueos.
El sector respondió a esta solicitud que no levantarán las medidas de presión hasta que el Gobierno se comprometa a eliminar al artículo 205 del Código Penal y el Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización del sistema de salud.
Pese a las fiestas de fin de año, el sector mantiene sus medidas de protesta y ayer se instalaron diferentes puntos de bloqueo. En la ciudad de La Paz, los médicos procedieron a bloquear las avenidas Brasil y Saavedra, junto a la plaza Triangular en Miraflores; la plaza Isabel la Católica, la avenida Arce en Sopocachi; la calle 16 de Obrajes en la zona Sur y otros sitios. En
El Alto cerraron el paso por La Ceja.
En Cochabamba, médicos y estudiantes del área de salud de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) bloquearon el puente Quillacollo y la avenida Oquendo. Los odontólogos cumplieron un paro de 24 horas y advirtieron con una medida similar por 48 horas, en caso de que el conflicto siga, informó el presidente del Colegio de Odontólogos, Roberto Bueno.
La Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSS se sumó a las medidas y demandó la atención del Gobierno a los médicos y otros sectores, informó su ejecutivo Wilber Mejía.
Por otro lado, la directora departamental del Sedes, Lenny García, informó que más de 50 médicos sufrirán descuentos en sus salarios por faltar a sus fuentes laborales en los días de paro. Aseguró que el Sedes está realizando inspecciones a los hospitales para verificar que los galenos asistan a sus consultorios.
El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Marcelo Cox, dijo que su despacho hará seguimiento para que se cumpla con los descuentos, ya que el paro está afectando los derechos fundamentales de los pacientes que no son atendidos.
En tanto, varios hospitales siguen atendiendo sólo emergencias, al igual que las clínicas privadas. En el Viedma, la sala de emergencias colapsó debido a la alta cantidad de pacientes que llegó en el fin de semana de Navidad.
A nivel nacional, ya son 15 piquetes de huelga de hambre instalados por los médicos: cinco en La Paz, tres en Oruro, tres en Santa Cruz, dos en Sucre y dos en Tarija.
El Ministerio de Salud informó que inició 16 procesos para la destitución de médicos que hayan faltado a sus consultorios para acatar el paro en la Caja Nacional de Salud y la Caja Petrolera de Salud en La Paz.
PARO AFECTA MÁS DE 800 MIL CONSULTAS
El Ministerio de Salud señaló que en los 35 días del paro médico fueron afectados más de ocho mil consultas médicas y más de cinco mil cirugías, por lo que ratificó su pedido de hace una pausa humanitaria en la medida de presión para iniciar un diálogo de “alto nivel” con el Gobierno.
El Gobierno estima que por día de paro se deja de atender a más de tres mil pacientes en todo el país. Sólo el hospital Viedma dejó de repartir 300 ficha por día de paro, por lo que los servicios de urgencias y emergencias están colapsados.
GOBIERNO RATIFICA QUE SIN PARO HABRÁ DIÁLOGO
La ministra de Salud, Ariana Campero, aclaró ayer que no se pidió a los médicos la suspensión total de sus medidas de presión para el inicio del proceso de diálogo, sino sólo la restitución de la atención en los hospitales.
“No les hemos pedido que levanten sus movilización en calles, sus piquetes de huelga de hambre, sus marchas, cualquier forma de movilización como lo hacen todos los sectores; (sólo) les hemos pedido que atiendan a los enfermos, que entiendan que esa no es una solicitud extrema o condicionamiento”, dijo la autoridad.
Asimismo, la Ministra confirmó que la propuesta de iniciar el proceso de diálogo “al más alto nivel” continúa, es decir, con el presidente Evo Morales.
En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia con el interlocutor que ellos definan.
TRANSPORTE ADVIERTE CON BLOQUEOS CONTRA EL CÓDIGO
El transporte pesado de Bolivia y el transporte federado de Cochabamba advirtieron, por separado, que podrían ir al bloqueo de carreteras contra el artículo 137 (homicidio culposo con medio de transporte) del Código del Sistema Penal, porque consideran que la norma es “lapidaria” y con el sector.
“Estamos dando un ultimátum al Gobierno por querernos llevar a la cárcel a todos. Nos afecta mucho este decreto lapidario, nos llevan a la justicia ordinaria y eso no vamos a permitir”, dijo.
El presidente de la Confederación de Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal), Édgar Tola, afirmó que el sector rechaza el nuevo Código del Sistema Penal debido a que les impone una triple sanción en caso de accidente de tránsito.
El sector dio un plazo de una semana al Gobierno y los primeros días de enero tendrán un ampliado en el que definirán medidas de presión. “Con marcha y movilizaciones no lograremos nada”, dijo.
COMERCIANTES RECHAZAN CÓDIGO PENAL Y DAN PLAZO
La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales y Artesanos de Bolivia se declaró en emergencia y movilización permanentes en rechazo a la totalidad del Código de Sistema Penal, del que piden su derogación.
El sector observó los artículos 174 (defraudación tributaria), 209 (derechos políticos), 293 (sedición) y 294 (atribuirse derechos del pueblo), además de manifestar su apoyo a la movilización de los trabajadores de salud.
“El 8 de enero estaríamos saliendo a las calles. Vamos a ir a un ampliado nacional y vamos a determinar medidas de presión. Lamentablemente, el Gobierno no atiende con medidas pacíficas”, dijo el dirigente, Freddy Gonzales.
El sector dio un plazo de 10 días para la atención de sus demandas.
ANÁLISIS
Carlos alarcón
Abogado constitucionalista
“Este instrumento puede ser utilizado como un arma del Estado contra los derechos”
A partir de la sentencia 0084 del TCP que de facto ha instaurado la reelección indefinida, la CPE ha dejado de ser la ley suprema y el poder supremo ha dejado de ser del pueblo, y ha pasado a ser de un gobernante, el actual Presidente que se convierte en la voluntad del estado.
En este contexto, cobra una enorme importancia los contenidos del Código de Sistema Penal, porque este instrumento puede ser utilizado como un arma del Estado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos en diferentes ámbitos.
Por eso resulta crítico e importante que en este compás de espera de 18 meses el código se vuelva a reforzar y tratar detenidamente en todos aquellos artículos que son cuestionados por varios sectores de la población.
En el caso de la sedición o de atribuirse los derechos del pueblo, básicamente mal aplicado, mal interpretados pueden vulnerar derechos fundamentales.
La primera recomendación es que todos estos tipos penales que están cuestionados se los vuelva a analizar y subsanar en este año y medio para incorporar unas garantías para que el Código sea una garantía de los derechos.
Hay normas que pueden ser lascivas contra los derechos del Estado, y como están redactados pueden ser un instrumento contra la población
Como está ya vigente, corresponde una modificación, una ley de modificaciones que es un proceso en el legislativo, pero son artículos específicos para hacer modificaciones.
Lo del recurso de inconstitucionalidad yo no le auguro buen puerto que porque el TCP ya ha actuado en posición del Gobierno.
