Pese a rechazo, Gobierno permitirá más asentamientos en Chiquitanía
Aunque la población de los municipios que conforman la Chiquitanía han expresado su rechazo a la autorización de nuevos asentamientos de comunidades campesinas e interculturales en esta región, actualmente golpeada por los incendios forestales, el Gobierno nacional aseguró ayer que la dotación de tierras continuará.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que los asentamientos deben continuar porque la conformación de nuevas comunidades permite garantizar el abastecimiento de alimentos para el país.
“Tiene que seguir habiendo (asentamientos), porque de lo contrario nosotros no vamos a tener alimentos en el futuro. El 70 por ciento de los alimentos que consumimos son producidos por las comunidades; no tener más comunidades significa no tener alimentos en el país”, explicó la autoridad.
Sin embargo, el presidente del Comité Cívico de Roboré, Martín Carrillo, manifestó que el asentamiento de las comunidades en la Chiquitanía es la causa de los incendios forestales, dado que ellas realizan desmontes y quemas con fines agropecuarios.
“Lamentablemente, esas quemas no han sido controladas y por eso estamos viviendo esta situación del fuego que hasta ahora no podemos apagar”, dijo.
Carrillo señaló que las autorizaciones de nuevos asentamientos que otorga el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deben ser coordinadas con los Gobiernos municipales y con la institucionalidad cívica, puesto que los municipios son los que sufren las consecuencias cuando los nuevos poblados demandan servicios básicos, salud y educación, y las alcaldías no tienen los recursos suficientes.
En criterio del alcalde del municipio de San Rafael de Velasco, Julio Alvis, el INRA tiene la potestad de otorgar resoluciones de asentamientos, pero lo debería hacer en coordinación con los Gobiernos locales para conocer el Plan de Uso de Suelo (PLUS) de los predios, algo que —según él— no se ha respetado en los últimos años.
La autoridad aseveró que la Chiquitanía mayormente tiene vocación forestal y no agropecuaria. “No podemos de manera improvisada otorgar resoluciones desde un escritorio sin hacer un análisis previo del lugar donde se van a asentar”, añadió.
Por su parte, Mauro Mendoza, presidente del Comité Cívico de Santiago de Chiquitos, localidad próxima a la reserva Tucabaca, actualmente con focos de quema, señaló que la postura de la Chiquitanía es exigir una pausa en las autorizaciones de asentamiento, pero lamentó que el INRA las continúe otorgando pese a la amenaza de un desastre ambiental en la zona.
Mendoza dijo que, si bien la política de dotación de tierras es legal, no se puede negar que el ingreso de nuevas comunidades daña el medio ambiente en la zona.
Regionalismo
El ministro Cocarico aseguró que “mucha gente no quiere que gente del occidente venga al oriente” y que ello es peligroso porque se pretende volver a escenarios del año 2008, cuando existían “miramientos regionales”.
La autoridad dijo que la idea de evitar la conformación de nuevas comunidades no va con la lógica del Gobierno nacional, puesto que eso significaría privar a muchos campesinos el derecho a trabajar la tierra.
1.000 comunidades asentadas se registran en la Chiquitanía desde el año 2006, según el presidente del Bloque Cívico Chiquitano, José Serrate.
DATOS
Roboré anuncia medidas. El Comité Cívico de Roboré exigirá al Gobierno la información sobre comunidades asentadas una vez se logre extinguir el fuego.
Compromiso incumplido. El Gobierno nacional se comprometió en noviembre de 2018 a frenar las autorizaciones de asentamiento, pero a la fecha éstas continúan.
Más tierra para Tupac Amaru. Un líder cívico de la Chiquitanía informó que esta comunidad, que fue retirada de la reserva El Paquió ante la exigencia de la población de este municipios, fue reubicada en otro lugar con el doble de área.
EL GOBIERNO VE POLITIZACIÓN
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que el pedido de realizar una pausa ambiental frenando la autorización de asentamientos humanos en tierras fiscales es política.
La autoridad dijo que el 60 por ciento de las comunidades conformadas son cruceñas, por lo que desvirtuó los reclamos en relación a que el Gobierno beneficia con la dotación de tierras fiscales únicamente a comunidades del interior del país.
CUESTIONAN NORMA QUE BENEFICIA A LA GANADERÍA
El Decreto 3973, que autoriza el cambio del Plan de Uso de Suelo (PLUS) en tierras privadas y comunitarias para iniciar actividades agropecuarias, es la medida que más perjudicará a zonas de vocación forestal como la Chiquitanía, indicó el presidente del Comité Cívico de Santiago de Chiquitos, Mauro Mendoza.
Según él, el municipio de Roboré tiene una vocación forestal del 70 por ciento, de modo que la modificación del PLUS para el inicio de actividades de agricultura y ganadería extensiva generará efectos adversos como los incendios forestales. De hecho, Mendoza cree que el fuego en la Chiquitanía fue originado por las quemas descontroladas de los nuevos asentamientos.
Postura oficial
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aclaró ayer que el Decreto 3973 solamente modifica un artículo del Decreto 26075, promulgado el año 2001, con la finalidad de que se pueda realizar desmontes en el departamento del Beni a raíz de un pedido que —según él— surgió de las organizaciones sociales y empresariales.
“Lo único que se ha hecho es adicionar al departamento de Beni como territorio en el que se pueden hacer también desmontes”, subrayó la autoridad.
La norma es severamente cuestionada por diversos sectores que la responsabilizan de los incendios.
