La SIP exige cambios normativos en Bolivia para evitar la censura previa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó hoy al Gobierno, Asamblea y órgano electoral de Bolivia que modifiquen las normativas electorales que imponen una "censura previa" en medios bolivianos.
Reunida en Miami, la asamblea general de la SIP emitió una resolución en la que exige "una modificación de las leyes y normas electorales que imponen la censura previa y se ajusten a las convenciones internacionales y la propia Constitución" boliviana.
También demandó al órgano electoral que atienda los pedidos de organizaciones periodísticas y defensores de derechos civiles sobre una "inmediata modificación de normas administrativas", para que en lugar de restringir el acceso a la información, permitan que las elecciones se desarrollen en un "ambiente de transparencia".
La SIP señaló que se debe tener en cuenta que la "censura previa, interferencia o presión directa o indirecta" sobre cualquier tipo de expresión a través de cualquier medio de comunicación está prohibida por la ley, según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre pasado, las asociaciones de periodistas de Bolivia y de La Paz denunciaron censura previa del órgano electoral del país, que anunció sanciones por una encuesta cuya difusión intentó frenar al considerar que incumple la ley.
Ambas entidades periodísticas pidieron la derogación de los artículos de la ley electoral que "dan lugar a la institución oscurantista y medieval de la censura previa", una práctica que consideraron "ajena al sistema democrático".
La encuesta otorgó un 31,1 por ciento de intención de voto al presidente boliviano, Evo Morales, y un 24,9 por ciento al principal candidato opositor, el exmandatario Carlos Mesa, con lo que habría una segunda vuelta en Bolivia tras los comicios del próximo 20 de octubre.
El sondeo fue difundido por la iniciativa "Tu voto cuenta" de la Televisión Universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, con la colaboración de universidades públicas, medios de comunicación y varias entidades de Bolivia.
El tribunal electoral justificó que se limitó a aplicar los artículos de la ley electoral que prohíben financiar encuestas "con recursos públicos o de organismos internacionales" y que en este caso el estudio cuestionado se hizo con fondos para universidades públicas y de entidades de otros países.
La SIP también reiteró su llamado al Gobierno de Bolivia "para administrar los recursos públicos empleados en la publicidad estatal con un criterio amplio, excluyendo toda forma discriminatoria y discrecional en la elección de medios".
Además, convocó a los gobernantes "a respetar el trabajo de periodistas y medios que denuncian acciones delictivas y malversación de recursos públicos", aplicando así las normas internacionales que protegen el trabajo periodístico.
La entidad alertó además sobre un supuesto "intento de uso del servicio impositivo" boliviano "como mecanismo de persecución" contra el periódico El Diario, de La Paz, "que pudiera derivar en su cierre o en la intervención del medio".
También reclamó al Ejecutivo boliviano que cese la exclusión a El Diario, que afronta problemas económicos desde hace años, y otros medios "de toda forma de trato discriminatorio, en razón de su línea editorial e independencia".
