Karen Longaric defiende al Gobierno transitorio en cumbre de Mercosur
La primera salida internacional de la canciller Karen Longaric tuvo sobresaltos. La jefa de la diplomacia boliviana participó en la cumbre semestral del Mercado Común del Sur (Mercosur) en la ciudad de Bento Gonçalves, en el sur de Brasil, donde defendió al Gobierno interino de Jeanine Áñez y arremetió contra el exmandatario Evo Morales.
La Canciller tuvo un duro cruce con su homólogo uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, quien pidió a los delegados del Mercosur que apliquen los mecanismos previstos en el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático de los países que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los Estados asociados Bolivia y Chile.
Nin Novoa pidió que se aplicara la “cláusula democrática” del bloque a Bolivia, lo cual no tiene cómo prosperar, ya que las decisiones de esa naturaleza en el Mercosur deben ser unánimes y ni Brasil y Paraguay lo respaldarían.
El diplomático sostuvo que Evo Morales fue obligado a renunciar en Bolivia, lo que provocó un quiebre institucional que “representa una ruptura del orden democrático en los términos establecidos en el artículo 3 del Protocolo de Ushuaia”.
Nin Novoa pidió, por tanto, activar los mecanismos previstos para comenzar las consultas para analizar las medidas a adoptarse “hasta tanto se restablezca plenamente el orden democrático en Bolivia”.
El artículo 3 al que se refiere la Cancillería uruguaya señala que “toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos” y que se desarrollan en los artículos siguientes del protocolo.
“Debemos exigir a las autoridades de facto bolivianas el pleno respeto por los derechos humanos, el control estricto del uso de la fuerza y el cese de la represión indiscriminada contra la población civil”, aseveró Nin Novoa.
El expresidente Morales aplaudió la solicitud de Uruguay para la activación de la cláusula democrática que censura al Gobierno de Áñez.
“Saludamos tradición diplomática de Uruguay, en su defensa de la institucionalidad, por solicitar la activación de cláusula democrática que censura a golpistas que pisotearon la democracia de Bolivia. La comunidad internacional rechaza la ilegal proclamación del gobierno de facto”, escribió Morales en Twitter.
En respuesta al Canciller uruguayo, la jefa provisional de la diplomacia boliviana defendió la gestión del Gobierno interino de la presidenta Áñez y descartó por completó la tesis de que hubo un golpe de Estado.
“¿Cómo podría describirse la situación como golpe de Estado si la Asamblea Legislativa continúa funcionando ininterrumpidamente y recientemente ha aprobado la convocatoria de elecciones? En Bolivia no hubo un quiebre de la constitucionalidad. La renuncia de las autoridades se debió a marchas pacíficas”, aseveró.
Longaric citó “las numerosas denuncias” de fraude electoral durante los comicios del 20 de octubre y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en que se revela “una manipulación dolosa de los votos, alteración y suplantación de actas” y la “falsificación de firmas”.
En este sentido, expresó que el objetivo del Gobierno ahora es “reconciliar el país” y llevar a cabo unas elecciones generales “libres y transparentes”, para las que invitó a los países miembros del Mercosur a acompañar todo el proceso de cerca.
“Bolivia tendrá el proceso electoral más libre y transparente de su historia”, reafirmó.
El Gobierno saliente de Uruguay pidió que se active la Carta Democrática contra Bolivia.
GOBIERNO DENUNCIA DESESTABILIZACIÓN
El Gobierno interino de Bolivia denunció ayer intentos para desestabilizarle desde el exterior, como el que a su juicio intenta el Ejecutivo saliente de Uruguay al cuestionar la democracia boliviana.
El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, se refirió al pedido del Gobierno saliente de Uruguay para aplicar mecanismos del compromiso democrático de los países que integran el Mercosur.
Núñez defendió ante los medios en La Paz que el Gobierno provisional de Jeanine Áñez es plenamente constitucional y está reconocido por otros países y por organismos como la Unión Europea. El titular de Presidencia recalcó que el objetivo de su Gobierno es la convocatoria de nuevas elecciones, tras haberse anulado las del pasado 20 de octubre.
