Murillo dice que se expulsará de Bolivia a reos integrantes del PCC
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó hoy que los reos extranjeros de alta peligrosidad, especialmente integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, serán expulsados del país.
Dijo que el PCC de Brasil busca demostrar su poder en las diferentes cárceles del país. Confirmó que para resguardar a los reclusos y policías se instruyó aislar a reos considerados peligrosos.
"He ordenado que se pongan en contacto con la Cancillería y todos los presos extranjeros que tenemos, especialmente los del brasilero del PCC, que son de alta peligrosidad, vamos a ver la forma de devolverlos a sus países, porque nosotros estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros, de nuestros policías por gente de alta peligrosidad como esta del PCC", anunció la autoridad.
Dijo que hay nueve reos brasileros de alta peligrosidad y que la mayoría de ellos pertenecen al PCC. Indicó que uno de los miembros de este grupo criminal sería el principal responsable de la explosión dentro del penal de Mocoví, la ciudad de Trinidad, que dejó a más de 27 heridos y dos fallecidos.
¿Qué es el PCC?
Según el portal Infobae, el PCC nació a principios de los 90 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, una cárcel del estado de San Pablo en la que eran alojados criminales considerados de alta peligrosidad. En gran medida fue una respuesta a la Masacre de Carandiru, en la que la Policía Militar paulista puso fin a un motín matando a 111 reclusos, el 2 de octubre de 1992. Muchos delincuentes juntos, un contexto de violencia extrema y una profunda sed de venganza contra las autoridades, fueron el combo perfecto para la creación de una organización que se puso como objetivo controlar las cárceles del estado.
En un primer momento, el PCC, también llamado 15.3.3 por el orden de las letras en el alfabeto, se limitaba a organizar motines para reclamar mejoras en las condiciones de detención. Luego empezaron a ejecutar atentados contra edificios públicos, como otra herramienta de presión.
En los años 2000, su ambición pasó a ser tener el control del crimen organizado, especialmente del narcotráfico.
Hasta el 2017, se calculaba que tenían presencia en el 90 por ciento de las cárceles de San Pablo, en 22 de los 27 estados brasileños, y en las regiones fronterizas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia.
