La comunidad de Lomerío envasa una planta medicinal para enfrentar la pandemia
Ante la falta de doctores y medicinas, los habitantes de San Antonio de Lomerío han tenido que recurrir a sus saberes ancestrales para calmar los síntomas del COVID-19. Hoy comercializan la infusión de kutuki, una planta que crece en su territorio, con la promesa de ser un remedio efectivo contra el virus.
Aunque todavía tiene dificultad para respirar, Juan Parapaino asegura que se sanó dos veces del coronavirus tomando una infusión. Hace aproximadamente un mes, cuando los cinco integrantes de su familia empezaron a tener síntomas de fiebre y dolor de cuerpo, reunieron en una olla hojas de paraíso, matico y un poco de miel para una preparación que alivió sus malestares. Sin embargo, cuando él tuvo una recaída incluyó también la planta kutuki en su tratamiento. “No sé por qué me dio de nuevo, tal vez por mi descuido, me puse a hacer cosas muy antes y, como ahora es más complicado, lo estamos combatiendo con el kutuki y una mezcla de hojas y raíces”, dice Parapaino, quien se considera a sí mismo un sobreviviente del COVID-19, esa enfermedad que “es como un resfrío, pero más fuerte”.
Así como él, otros habitantes de San Antonio de Lomerío —un municipio ubicado a 250 kilómetros del departamento de Santa Cruz— empezaron a notar que la infusión de kutuki calmaba sus síntomas. Pronto, la reputación sanadora de este “potente macerado” se extendió por toda la comunidad. “Pensé que, si estaba funcionando, yo podría mejorar su propaganda y hacerle incluso una etiqueta”, cuenta José Parapaino, cacique mayor y hermano de Juan. Casi como un juego, diseñó una suerte de meme y lo subió a las redes sociales logrando una respuesta inmediata de la gente. José comenzó a recibir decenas de mensajes preguntando por el producto. Fue entonces que junto a su familia decidieron producir y envasar el macerado bajo la etiqueta: “Sabor original Kutuki, elaborado en San Antonio de Lomerío”.
En este territorio indígena, situado en el departamento boliviano más golpeado por el SARS-CoV-2, se registra hasta la fecha veintisiete casos positivos y dieciséis decesos, hasta la anterior semana. De esos, solo tres están confirmados con pruebas. Los demás son pobladores que fallecieron con síntomas de la enfermedad, según el Servicio de Salud de Santa Cruz. Sin embargo, las autoridades locales creen que la mayoría de la población, que comprende unos siete mil habitantes, estaría contagiada. A partir de mayo, decenas de indígenas comenzaron a manifestar fiebre y tos seca. Pero cuando iban a la farmacia no encontraban ningún medicamento para sus malestares. “La gente entró en pánico y desesperación. En la farmacia no había medicamentos y las colas de enfermos con problemas respiratorios eran más frecuentes”, dice José Chuvé, un joven de 37 años aficionado a las artes audiovisuales.
En ese momento, recuerda él, los ancianos del pueblo recomendaron usar el kutuki, una planta que los más jóvenes habían dejado de consumir debido a su “horrible” sabor y a su olor tan fuerte que incluso irrita los ojos al tenerlo cerca. Decían que antiguamente el kutuki era una de las mejores alternativas para aliviar un resfrío. “Con eso se curaban antes de que aparecieran las medicinas”, dice Chuvé sobre los ancianos de la comunidad. Era muy efectivo para atacar los males respiratorios. Pero con el tiempo las nuevas generaciones, sin seguir la costumbre de los mayores, dejaron de consumirlo y empezaron a optar por la medicina occidental. En medio de la crisis sanitaria, sin embargo, los habitantes de Lomerío decidieron probar si el consejo ancestral funcionaba para este virus. Debido a su vínculo estrecho con la tierra, ellos siempre han recurrido a las plantas como una forma de combatir diversos males. Por lo general las preparan como una infusión simple y luego la beben en una taza o la utilizan para bañarse. También realizan nebulizaciones naturales agregando eucalipto. En el caso del kutuki, lo maceran con alcohol. “Ahora la gente lo bebe sin importarle el olor ni nada”, cuenta José Chuvé.
Sin embargo, no hay una única receta para preparar esta planta. Cada familia lo hace de manera diferente, combinándola con otras hierbas de propiedades similares y recurriendo a los consejos de los abuelos. Ana María Chuvé, hermana de José, que aprendió las preparaciones “milagrosas” como tradición familiar, combate los primeros síntomas del resfrío mezclando el kutuki con otras infusiones. “Se machuca la albahaca, el boldo y el toronjil hasta que quede como un ‘masaco’ [masa compacta], se entibia y se toma un medio vasito, y luego sirve para bañarse. Con eso la persona está tranquila”, dice la mujer que asegura haber superado la enfermedad aplicando esta receta por varios días.
Además de la medicina natural, hay familias que usan los medicamentos recomendados por los doctores para tratar los casos sospechosos de COVID-19, aunque acceder a ellos no sea rápido ni fácil. Flora Soqueré, una mujer indígena de 38 años que se dedica a las labores del hogar, explica que su principal tratamiento para curar a su esposo fue el eucalipto, pero también recurrió a la medicina occidental. “Es necesario tener más atención. Aquí en el centro de salud, por ejemplo, no había ni un paracetamol y lo único que hacíamos era preguntar al vecino si tenía una tableta en casa para tratar al que estaba mal”. Ante el desabastecimiento de medicinas, los nativos han acudido a lo más inmediato y cercano: la naturaleza. Saben que hervir plantas y beber infusiones no es una cura contra el coronavirus, pero que al menos podría aliviar algunos de sus síntomas, sobre todo si se complementa con fármacos. Su memoria ancestral los ha ayudado a enfrentar no solo esta pandemia, sino principalmente la desatención de un Estado que durante décadas no ha visto sus necesidades más básicas.
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En Lomerío, el primer municipio indígena de Bolivia, solo existe un centro de salud que fue construido hace más de cuarenta años con recursos de la Iglesia Católica. Sin embargo, no tiene las condiciones de un hospital de primer nivel. Ahora, con la crisis, la situación se ha agudizado: dos de los profesionales médicos que trabajaban allí dieron positivo y tuvieron que ser llevados a la ciudad. Solo quedaron dos doctoras atendiendo a las decenas de personas que suelen acudir con síntomas de coronavirus. Un auxiliar de enfermería y otro de farmacia completan el equipo de salud. Rocío Chuvirú Peña, que asumió el cargo de directora interina, asegura que se han declarado “en emergencia sanitaria” porque sin los insumos adecuados es muy limitado lo que pueden hacer. Hasta la fecha han tomado treinta y nueve pruebas a los habitantes de la comunidad, pero solo han recibido el resultado de nueve: de esos, uno salió negativo. Como el procesamiento de estas muestras se realiza en la ciudad de Santa Cruz, los resultados demoran varios días en llegar a Lomerío. Para entonces, ya parece ser demasiado tarde: o el paciente se recuperó en base a la medicina natural o su estado se agravó. Cada vez resulta más común escuchar “murió con sospecha de coronavirus”. Las certezas no son una opción en este pueblo indígena.
Luego de varios meses de insuficiencia de personal médico, en las últimas semanas de junio lograron sumarse cuatro doctores del Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), dependiente del Ministerio de Salud, para colaborar con la atención y también realizar rastrillajes casa por casa en busca de sintomáticos y sospechosos. Ellos llevaron un tratamiento distinto a la comunidad: el uso de ivermectina para las etapas iniciales. Pero si el paciente presenta insuficiencia respiratoria, debe ser enviado a un hospital en Santa Cruz. El costo aproximado de un kit de medicinas que se suele ofrecer en la farmacia —básicamente, una mezcla de azitromicina, ibuprofeno, paracetamol, nastizol, aspirina e ivermectina—, está entre los veinte y cincuenta dólares. Pero en las últimas semanas se ha vuelto muy difícil acceder a estos remedios debido a la escasez y el sobreprecio.
Aunque el 48.9% de la población boliviana es indígena, el Gobierno ha tardado más de cien días en presentar un plan para auxiliar a los pueblos nativos del país. El pasado 8 de julio, la presidenta interina Jeanine Áñez hizo público el “Plan de Mitigación a los Efectos del COVID-19 para los pueblos indígenas de Bolivia”, con el que prevé llegar a sesenta y dos mil familias indígenas para fortalecer el sistema de salud con medicinas, equipos y personal, además de acciones encaminadas a reactivar la economía que fue afectada en gran parte por las restricciones de la cuarentena.
Pero esta medida no tuvo la respuesta esperada. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), un organismo que se especializa en derechos humanos y en asesorar pueblos indígenas y organizaciones sociales, criticó que el pronunciamiento llegara tan tarde, sobre todo porque las asociaciones indígenas venían exigiendo desde abril distintas medidas al Gobierno. Las demandan se centraban en las áreas de salud para privilegiar la atención con las condiciones necesarias en sus propios territorios. En el caso de Lomerío, solicitaban implementar el centro con una ambulancia y otros equipos, además de brindar alimentos necesarios para acelerar la recuperación de los enfermos. Por último, pedían facilitar el acceso a los bonos, la distribución de la canasta familiar, la emisión de mensajes informativos en lenguas indígenas, entre otros.
En contraposición a estas demandas, la propuesta del Gobierno expone de forma general la asistencia sanitaria. Y encima lo hace en un momento en que la comunidad ya tomó sus propias medidas ante la falta de acción de las autoridades. Aun así, se teme que si no hay un plan de contingencia diferente algunos grupos indígenas podrían correr peligro de etnocidio.
Para el cacique general, Elmar Masaí Soqueré, la lentitud del Gobierno ha sido letal: recién se pronunciaron cuando ya habían muerto diez habitantes. En el proceso, además, se contagiaron todas las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Lomerío, una instancia conformada por representantes indígenas y actores civiles de la comunidad. Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil fueron los primeros en ayudar con donaciones. “Como gobierno municipal, no contamos con los recursos para atender como quisiéramos a las comunidades. Necesitamos los equipos de bioseguridad, material desechable y medicamentos para cada atención. Los donativos nos sirve para paliar, pero necesitamos más para seguir luchando con este enemigo invisible”, afirma el cacique Masaí Soqueré.
Como municipio, Lomerío no genera sus propios ingresos: ningún habitante paga ni cobra impuestos porque cada uno es propietario de todo el territorio del pueblo. Esto se conoce como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), una propiedad colectiva en la que todos son dueños del suelo que pisan. Por eso siempre ha sido vital que el Gobierno asigne recursos para la salud y educación de Lomerío. Pero a lo largo de las décadas sus necesidades no han sido priorizadas y tuvieron que buscar la forma de enfrentar las adversidades. Según Felipe Quilla, director de Medicina Tradicional e Interculturalidad del Ministerio de Salud, el uso de las plantas medicinales y productos naturales en la pandemia han prevenido una “catástrofe” en las comunidades indígenas. Pero el peligro aún no ha desaparecido. Todo lo contrario: parece que crece con el paso de los días.
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En un inicio, los pobladores de Lomerío no entendían muy bien qué era el COVID-19. Veían noticias en la televisión o escuchaban alguna que otra información por la radio y pensaban que ese virus que había salido del otro lado del mundo jamás los alcanzaría. A mediados de abril, cuando llegaron al pueblo los médicos del Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), pudieron conocer un poco más sobre el coronavirus. Mediante una exposición educativa, los especialistas repitieron lo que los pobladores ya habían escuchado en los medios de comunicación: para evitar el contagio, había que quedarse en casa, usar barbijos y lavarse las manos. Pero en un lugar como San Antonio de Lomerío, en donde no existe servicio de agua potable, estas medidas de prevención sonaban irreales.
Fue recién con la primera muerte por COVID-19 que sintieron realmente que el virus estaba ahí. Como explica el cacique Masaí Soqueré, el contagio de los médicos hizo entender al pueblo que la enfermedad era un asunto grave. Eso significaba que los doctores habían atendido a pacientes con coronavirus sin saberlo y, por tanto, sin tomar las medidas de seguridad. Sin personal de salud, ni medicinas, ni pruebas de descarte, perdieron la confianza en las autoridades sanitarias. “En general, casi no nos sacamos pruebas porque hasta esperar los resultados ya nos hubiéramos muerto todos. Por eso combatimos el virus con remedios caseros”, asegura el cacique. También está el miedo a lo desconocido que impulsa a tomar otras decisiones como la de Juan Parapaino que, consciente de que es una enfermedad nueva, decidió no sacarse pruebas “porque nos llevan a Santa Cruz y de ahí nos traen muertos”.
Para Masaí Soqueré, las pérdidas de la comunidad son reflejo de una indiferencia sistemática. Como si fueran invisibles, el Ministerio de Salud no lleva un registro oficial de los contagios y decesos en los pueblos indígenas. La poca información que se tiene viene de organizaciones como el CEJIIS, la Red Indígena de Salud y los servicios departamentales, que realizan un monitoreo en las mismas comunidades. Mientras el Estado tarda en llegar, las muertes de los nativos van produciendo un duelo colectivo. “Si hay un muerto es porque nosotros no teníamos la información necesaria y no estábamos preparados y ahora evaluando, nos pesa. No debería haber ninguna muerte”, señala el cacique general.
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Todo nació con un meme, pero muy pronto adquirió la seriedad de un emprendimiento inesperado. Presentados como jarabes, las botellas de kutuki han empezado a expandirse por toda la comunidad aliviando a los enfermos. “Le estamos dando el nombre de jarabe, pero así científicamente no podemos saberlo. Un doctor lo tomó y fue efectivo, y fue él quien nos propuso que se lo demos a la gente, sobre todo cuando no teníamos posibilidades de otros medicamentos y veíamos cómo todos nos íbamos enfermando”, asegura José Parapaino, el principal promotor de esta iniciativa. En la etiqueta se aclara la dosis en que debe ser consumida: 15 ml tres veces al día y su contraindicación para niños, personas con hipertensión y mujeres embarazadas o en lactancia. Si en caso encuentran medicinas en la farmacia, suelen complementar este tratamiento con ibuprofeno y paracetamol.
Por el momento, están ofreciendo el producto en botellas de dos litros a un costo aproximado de catorce dólares. El envasado ha sido un problema, pues por las restricciones de la cuarentena no han podido acceder a otros recipientes más pequeños y cómodos. Aun así, tienen planes a futuro: preparar un jarabe para niños que no tenga alcohol, sino más bien un añadido de miel. Aunque la enfermedad no ha afectado a los más pequeños, lo consideran como una forma de prevención.
“Nos gustaría tener una receta única y así ofrecer un solo producto. Sería bueno si tuviéramos una asistencia más profesional que nos ayude a mostrar las propiedades del producto. Si es con un estudio, mucho mejor. Porque el kutuki funciona de verdad, nos ha curado aquí en el pueblo”, asegura José Parapaino.
Por su parte, José Chuvé cree que el kutuki podría convertirse en un símbolo del pueblo que ayude a fortalecer su identidad. “La idea es liberar nuestros saberes y compartirlos con el mundo de forma colaborativa, que ése sea nuestro aporte a la sociedad” y alerta: “No quisiéramos que en un tiempo las farmacéuticas quieran patentarlo y luego nosotros tengamos que comprarles a ellos”.
Hoy en los hogares de Lomerío ya se ha vuelto una costumbre ofrecer infusiones de kutuki a los invitados. Se ha convertido en un consumo diario, en un tema de conversación en la mesa y también en un lazo que ha servido para unir a las generaciones en torno a un saber ancestral casi olvidado. En medio de la pandemia, esta planta volvió a nacer como respuesta a un Estado que insiste en no tomarlos en cuenta.
Este reportaje forma parte del Programa Lupa, liderado por la plataforma digital colaborativa Salud con Lupa, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
