Cuestionan cambios que propone el Ministro de Justicia a la Ley 348

Activistas y juristas consideran que la violencia contra la mujer es un delito de orden público, por lo que cuestionan al ministro de Justicia, IvánLima,  por plantear en la reforma de la Ley 348 que sea la víctima la que determine si el agresor es procesado por la vía penal o la conciliación. Insisten en la prohibición de esta figura de arreglo, además de que el Estado elude su responsabilidad y la falta de efectividad para prevenir y sancionar la violencia.

“Insistimos en que se continúe con la prohibición de la conciliación(...) Las mujeres que sufren violencia están sometidas a una alta presión social, hay un ejercicio de poder, no podemos desconocer  que las mujeres están en una situación de desventaja en relación a sus agresores, más allá de todo el Estado siendo la violencia contra las mujeres un delito de orden público, debe continuar con el proceso”, señala Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer.

Deslindar

El abogado Paul Antonio Coca a su vez refiere que el ministro Lima no puede pretender con estas modificaciones que sea la “misma mujer la que decida en un caso de violencia, dejar la carga a la propia víctima”.

“No es posible que una mujer concilie con su agresor, pero resulta que esta es la salida más fácil, la salida donde el Estado se lava las manos y deja que en cada casa, prácticamente en cada hogar, lo que ocurra se quede ahí”, sostiene.

El titular de Justicia plantea que las mujeres agredidas por sus parejas sean las que decidan si los agresores van a la vía penal o a la conciliación, y que esta es una tendencia en la región.

“Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en un Gobierno que habla de luchar contra el machismo y patriarcado, no hay una sociedad en que no debería tolerar que un hombre golpee a una mujer, no podemos estar con una situación en que un Ministro quiera proponer una normativa de carácter absolutamente ambigua”, señala.

Garantía

En ese contexto, Novillo manifestó que es necesario dar la protección necesaria y que debe ser brindada por el Estado a las mujeres que denuncien maltratos y agresiones.

“El Estado debe garantizar a las mujeres protección y restauración de sus derechos en caso de la violación de sus derechos, el acceso a la justicia y que los hechos violentos se sancionen adecuadamente”, indicó. Cabe señalar que la expresión más extrema de la violencia contra la mujer es el feminicidio.

Sobre las nuevas tendencias a nivel regional que refiere el ministro Lima, la responsable de la Coordinadora de la Mujer manifestó que ‘“se trata de plantear algunas salidas que no sean necesariamente en lo penal”.

“Pero eso no significa que el Estado deslinde su responsabilidad y deje de asumir la protección de las mujeres como víctimas, más aún en el contexto boliviano en el que la protección y garantía de los derechos de las mujeres se contempla en la Constitución Política del Estado”, sostuvo.

Tres aspectos para enfrentar violencia

El abogado Paul Antonio Coca señala que es necesario enfrentar desde tres aspectos para garantizar a la mujer una vida libre de violencia.

“Deben hacerse tres cosas: concientización ciudadana que eso tiene efectos a corto, mediano y largo plazo hasta el momento eso no ha ido muy bien, es necesario que los municipios fortalezcan los sistemas integrales de protección a la mujer, porque muchas veces la mujer agredida no tiene donde ir, entonces no hay casas de acogida en muchos municipios, además no puede darse el criterio de que una mujer concilie con su propio agresor por más que sea su marido, no puede darse. Entonces, deberíamos endurecer las normas, pero en base a los dos puntos que decía, dar a la mujer protección, lugar  de acogida, encontrar una fuente de trabajo temporal donde se valga por ella misma”, señala.