Insisten en que Áñez es víctima de tortura emocional; Gobierno niega
La familia y el abogado de la expresidenta Jeanine Áñez insisten en que la exmandataria, a lo largo de los cinco meses que está detenida de forma preventiva, ha sido sometida a una constante tortura psicológica y emocional por parte de agentes del Estado.
En tanto, desde el Gobierno niegan esta situación y, por lo contrario, aseguran que Áñez tiene “privilegios” en su calidad de detenida y que la familia está politizando y victimizando la situación de la expresidenta.
“No sólo está mal de salud, sino que ha recibido una tortura psicológica, emocional por parte de Régimen Penitenciario”, dijo Carolina Ribera, hija de Áñez, quien el sábado en la madrugada se autolesionó.
Agregó que “está muy delicada, totalmente dopada y sedada. Mi madre no se acuerda lo que pasó”.
“Falso”, respondió el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox. “Es un tema que tiene ribetes políticos y hay que decirlo así. Yo lamento mucho que la familia esté generando este nivel de sensibilidad en la población, se está victimizando más allá de lo que penosamente está atravesando, porque no es la única privada de libertad”, dijo.
En tanto, Luis Guillén, abogado de Áñez, recapituló la situación que atravesó la exmandataria desde que fue aprehendida en un operativo dirigido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.
“Hablamos de abusos de personeros del Estado, amenazada con procesos contra su hija, situaciones que, obviamente, se constituyen en tortura y que una persona que colapsa ante toda esta situación pues reacciona como ha reaccionado la exmandataria”, indicó.
El abogado añadió que la Dirección de Régimen Penitenciario conoció desde un inicio que Áñez tiene una enfermedad de base y “más de cinco meses después decide hacer una junta médica para realizar los tratamientos adecuados, una cuestión que venimos reclamando”.
Requiere internación
La lesión que se provocó la expresidenta Áñez fue provocada por un cuadro de depresión mayor y que fue soslayada en la junta médica del viernes pasado; ahora, lo que corresponde, por indicación médica, es la internación de la paciente, dijo el médico de la exmandataria, Fernando Pavel Angles.
“Los criterios de manejo de psiquiatría del DSM-5 para este tipo de depresión mayor corresponde, en primera instancia, la hospitalización en un centro de atención psiquiátrica para iniciar tratamiento internada. No es mi juicio, son criterios médicos que se realizan desde el punto de vista psiquiátrico a nivel mundial”, aclaró el galeno en una entrevista con Correo del Sur.
Áñez y su defensa solicitaron a Régimen Penitenciario copias simples y legalizadas de su historia clínica completa, a efectos de conocer los exámenes médicos que le practicaron así como los estudios complementarios y el tratamiento asistido
Ayer, en horas de la tarde, el abogado Guillen al salir del penal de Miraflores llevaba consigo el expediente del estado de salud de la exmandataria, sin embargo, reclamó que sea un informe incompleto y a destiempo.
Exjefes de Estado piden a la CIDH medidas cautelares
Al menos 23 exjefes de Estado y de Gobierno instaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la adopción de medidas cautelares para la expresidenta del gobierno de transición Jeanine Áñez, después de que este fin de semana intentó dañar su integridad física, según reporte de ANF.
Los exmandatarios de Estado y de Gobierno que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un pronunciamiento en relación a la situación de salud de la exmandataria detenida y acusada por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
“Los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben la presente instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, a la adopción de medidas cautelares y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva, para que se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana”, se lee en el documento.
Señalan que si no se corrige la falta de trato humanitario que se expresa en su caso, “sitúa al Estado boliviano y su gobierno en la condición de responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal” de la exmandataria, por encontrarse privada de libertad y sujeta a su autoridad.
