Gobierno dice que no anulará ley antilegitimación y acusa a sectores de favorecer a criminales
Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que no se anulará la normativa que ni siquiera fue promulgada.
Según la autoridad, el proyecto de ley de antilegitimación se encuentra en plena socialización con los diferentes sectores sociales del país, dijo que no necesariamente un grupo que se opone a la normativa representa a todo el sector del transporte, gremial u otro que no esté de acuerdo con el proyecto.
"No se puede anular algo que todavía no ha sido emitido, estamos en una etapa de evaluación, de hacer conocer, de socialización; por tanto, no puedes anular algo que no ha sido promulgado. Hasta la solicitud no es coherente porque no ha sido todavía emitida esta ley", sostuvo Espinoza en conferencia de prensa.
Los sectores movilizados pidieron la anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas N°1386, norma que está vigente y fue promulgada; en relación al proyecto de ley del mismo nombre que se encuentra en el Senado pidieron su archivo definitivo.
Por su parte, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, acusó a los sectores sociales y cívicos que se oponen al proyecto de ley de antilegitimación de implementar una estrategia para favorecer a las organizaciones criminales que ganan dinero de forma ilícita.
"Finalmente se dan a la tarea de citar medias verdades de las recomendaciones del GAFI. Esta es una estrategia sistemática de sectores que tratan de favorecer a empresarios que han obtenido su dinero, a personas y organizaciones criminales que han obtenido su dinero de forma ilícita y lo denunciamos públicamente", protestó Morales.
Añadió que primero engañaron al pueblo al señalar que la norma será para perseguir a toda la población, que se investigará el origen de su dinero y el patrimonio de cada boliviano; después, al no poder demostrar esa situación a los gremiales y transportistas, les hicieron creer que se va a congelar todos sus bienes por acusaciones de lavado de dinero.
La viceministra Espinoza Añadió que todos los temores de los diferentes sectores serán subsanados en la socialización de la normativa suspendida; a pesar que las organizaciones económicas rechazaron esa situación.
Dijo que es mentira que a sola denuncia se investigará a cualquier persona, explicó que necesariamente el denunciante tendrá que presentar pruebas que serán analizadas por las autoridades para recién ver si se inicia una investigación.
Según la autoridad, todos los países que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) deben cumplir al menos 40 recomendaciones en relación al lavado de dinero y muchos países de la región latinoamericana ya cuentan con normativas similares como Chile, Argentina, México y otros.
Acotó que Bolivia al ser parte de esa institución internacional debe implementar esas medidas para pasar la evaluación del GAFI y si nuevamente "reprueba" podría ingresar a la "lista negra", y los efectos negativos se verían en los giros de remesas y tarjetas de créditos.
Al respecto, la directora de la UIF dijo que será responsabilidad de los sectores opositores si Bolivia no pasa la prueba nuevamente.
Por otro lado, transportistas alteños y gremiales de Bolivia, con apoyo de los cívicos cruceños, dieron al Gobierno un plazo de 72 horas para anular el proyecto de ley 218 de legitimación de ganancias ilícitas.
Asimismo, la medida de presión está apoyada por sectores como los choferes, mineros cooperativistas, dueños de cholets, cuentapropistas y cooperativistas del país. Conade y Comcipo analizan un paro de 48 horas.
