Dos coroneles fueron enviados a la cárcel por los conflictos en Huayllani el 2019
Un juzgado de Cochabamba prolongará este domingo la detención preventiva de los militares Oscar Armando Caba Hurtado y Boris Cristian Pastor Paz, por el lapso de cuatro meses. Ambos uniformados están implicados en los hechos violentos que se registraron en Huayllani, Cochabamba, en noviembre de 2019.
"Hoy fue la audiencia de medidas cautelares y estos dos comandantes fueron enviados a la cárcel por el lapso de tres meses. El teniente coronel Caba fue remitido al recinto penitenciario de Arani y el coronel Pastor al penal de San Pedro del municipio de Sacaba", informó el representante de las víctimas, Gerardo Puma.
El viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó la aprehensión de Caba Hurtado que estaba en el servicio pasivo. Ambos son militares acusados por el deceso de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala en medio de la intervención militar-policial del 15 de noviembre de 2019.
"Informamos al pueblo de Bolivia de la aprehensión del señor Oscar Armando Caba, militar de la Fuerza Aérea en servicio pasivo, involucrado en la masacre de Huayllani donde murió más de una decena de personas en el régimen de la señora Áñez", escribió Del Castillo en sus redes sociales.
Entre los procesados está el capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Israel RV, y el excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar. Además del excomandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, que tiene detención domiciliaria.
El caso se abrió por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato. A la vez, los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López y el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana también fueron declarados en rebeldía.
Puma dijo que Caba Hurtado era Comandante de la Segunda Brigada Aérea de la FAB, mientras que Pastor dirigió el Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea (GADA) 92 quienes participaron del plan "Villa Pagador".
A fines de octubre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que la investigación estaba "muy avanzada" y perfiló que en pocos meses se puede presentar la proposición acusatoria de ese caso.
