Comunidad Ciudadana denuncia inacción del Gobierno frente al avasallamiento en el Madidi
Los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron este martes la inacción del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) frente a los avasallamientos que se registran en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado entre las provincias Iturralde y Franz Tamayo del norte paceño.
La senadora Cecilia Requena afirmó que la cooperativa que se asentó en la reserva natural carece de un contrato minera y licencia ambiental.
“Estamos aquí para denunciar un nuevo avasallamiento del Parque Madidi, se ha producido el avasallamiento por parte de una empresa que no tiene contrato minero ni licencia ambiental”, agregó la legisladora.
Requena dijo que las autoridades del Sernap, los ministerios de Medio Ambiente y Minería, además de la AJAM al guardar silencio sobre el ingreso ilegal de la empresa incurren en incumplimiento de deberes por no denunciar el avasallamiento. También lamentó que el grupo de cooperativistas hayan amenazado a los guardaparques que defendieron la reserva natural.
“Han amenazado a los guardaparques que solo hacían su trabajo (…) Estamos aquí para denunciar la inacción y el incumplimiento de deberes del director del Sernap, Teodoro Mamani, que ya debería denunciar, además de los ministerios de Medio Ambiente y Minería. Tenemos que entender que el agua vale más que el oro”, señaló.
De acuerdo a Comunidad Ciudadana un grupo de personas ingresó hasta la localidad de Azariamas con el fin de explotar oro sobre el río Tuichi, límite de la zona de protección estricta del Parque Nacional, pero no cuentan con las autorizaciones.
“Se trataría, por tanto, de otro acto ilegal de avasallamiento de un área protegida en el país. Es un ejemplo más del gravísimo e inaceptable descontrol de esta actividad en el país. No se salvan ni las áreas protegidas más preciadas y fundamentales para el desarrollo presente y futuro del departamento, ni territorios y poblaciones indígenas indefensas, tampoco los bienes comunes vitales para los bolivianos”, afirmaron los legisladores.
Manifestaron que las autoridades “se muestran incapaces de cumplir con su rol de defensa de los más altos intereses nacionales. Más bien, facilitan por omisión y acción, la destrucción de la base natural que sostiene la vida. En estas condiciones, la explotación aurífera está dejando, de modo cada vez más amplio y acelerado, unos costos socio-ambientales dramáticos e impagables para las actuales y futuras generaciones, tanto por el uso de sustancias de altísima e irreversible toxicidad, como el mercurio, que afecta al sistema nervioso central y que genera malformaciones, entre otros, como la deforestación y la destrucción de cursos de ríos en un tiempo en que, más que nunca antes, el agua vale más que el oro”.
Requena dijo que se adoptan todas las medidas para detener estas actividades ilegales que van en contra de los derechos elementales.
“Lo que vamos a hacer es una inspección a la región coordinada y continuar con las denuncias (…) Haremos todo para que esta operaciones no continúe”, agregó.
