Corte Penal Internacional rechaza investigar a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el lunes la petición de investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, y a los organizadores de una movilización que bloqueó carreteras e impedió el paso de la caravana de cisternas con oxígeno en 2020.
El gobierno boliviano, durante la gestión de Jeanine Áñez, pidió a la CPI en septiembre de 2020 que investigara la campaña que, según denunció, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía suministrar oxígeno a los hospitales. Pero el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abriría una investigación formal ya que los supuestos actos no eran competencia del tribunal con sede en La Haya.
"Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación", dijo Khan en un comunicado.
"He llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad", añadió.
El Estatuto de Roma establece las normas en virtud de las cuales se creó la CPI en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo.
Los Estados pueden remitir formalmente los presuntos delitos a la CPI, que lleva a cabo una investigación preliminar antes de decidir si inicia una investigación completa.
La remisión de Bolivia acusaba a Morales y a los organizadores del bloqueo de carreteras de impedir deliberadamente, durante su campaña de 12 días, la llegada de suministros médicos urgentes a los hospitales.
El bloqueo empezó en septiembre de 2020 después de que el gobierno aplazara varias veces las elecciones.
Khan dijo que algunos manifestantes "pueden haber actuado con imprudencia", aunque los líderes de la protesta les instaron a dejar pasar los medicamentos.
Pero incluso si se hubieran probado los supuestos actos durante el bloqueo, no habrían sido calificados como un "ataque" coordinado contra la población civil y, por tanto, como crímenes contra la humanidad, dijo Khan.
El fiscal jefe explicó que sus conclusiones "no deben considerarse como una toma de posición sobre ninguno de los acontecimientos o dinámicas relativas a los supuestos incidentes o sobre la experiencia que el pueblo de Bolivia tuvo de esos acontecimientos".
