El juicio a Áñez se suspende para notificar a 4 procesados prófugos
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en cumplimiento de la declaratoria en rebeldía a cuatro coimputados del caso denominado golpe de Estado II, determinó suspender hasta el 4 de abril el juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez. El Gobierno acusa a la defensa de chicana jurídica y ésta advierte de vulneraciones a los derechos de la exmandataria y que su salud está en riesgo.
Tal como estaba previsto, en la víspera se inició el juicio oral y contradictorio contra la expresidenta Áñez y excomandantes por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por los hechos acaecidos en noviembre de 2019.
La audiencia virtual se desarrolló en medio de fallas técnicas, expulsión de partícipes de la plataforma, rechazo pedidos de asistencia médica, advertencias de sanciones a los legistas, entre otras observaciones.
La defensa de Áñez cuestionó la forma de actuar del Tribunal que “bajo el argumento de excusa legal de ejercer el poder ordenador y disciplinario, dentro de una audiencia, se limita el derecho a la defensa de los acusados”.
“No ha permitido el pleno derecho a la defensa respecto al informe del Secretario ni a la defensa de la expresidenta ni a la defensa de los otros coacusados, no permitir argumentación alguna (...), limitar el derecho a la defensa constituyen causales de nulidad procesal, (...) hay abuso y uso indebido autoritario del manejo del sistema judicial”, refirió durante la audiencia el abogado de Áñez, Jorge Valda.
Agregó que tampoco consideró el “recurso de recusación que se interpuso contra este Tribunal”.
Prosecución
En medio de estos incidentes, el presidente del Tribunal de Sentencia señaló que, por la declaración de rebeldía de tres exjefes militares, Williams Kaliman, Jorge Fernández y Sergio Orellana, además del exjefe policial Yuri Calderon, para quienes demandó la asignación de abogados de defensa pública, corresponde emitir el edicto respectivo, mandamiento de aprehensión para que los mismos comparezcan a la audiencia.
“Conforme a los artículos 90, 91 bis, 344 del Código de Procedimiento Penal, la declaratoria de rebeldía no interrumpe la prosecución de juicio, por consiguiente, con la finalidad de seguir con la substanciación del juicio se señala audiencia de juicio oral para el 4 de abril a las 9:00”, señaló el titular del Tribunal.
Chicana y salud
Sin embargo, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado, acusó a la defensa de los imputados de buscar bloquear la administración de justicia.
“Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones”, menciona el comunicado.
Sin embargo, en conferencia de prensa, la defensa de la expresidenta Áñez indicó que la interrupción de la audiencia fue por fallas procedimentales.
“La suspensión se debió a que no se ha seguido los pasos correspondientes para declarar la rebeldía de los cuatro acusados. Esta audiencia en ningún momento ha sido suspendida por descompensación de salud de la exmandataria. En este entender, en pleno desarrollo de la audiencia se ha puesto en conocimiento del Tribunal, quienes han hecho caso omiso de la crisis que estaba presentando en plena audiencia la exmandataria”, informó el legista Luis Guillén, al sostener que se pone en riesgo la salud de Áñez.
La abogada Norka Cuellar señaló que la salud de la expresidenta está deteriorada y que podría sufrir mayor deterioro.
“Lo único que hacen es estabilizarla, pero no recibe la atención especializada que requiere y que puede derivar en una situación trágica. Las autoridades se niegan a reconocer la gravedad de la exmandataria”, dijo.
Defensa dice que no se respeta el debido proceso
El equipo de abogados de la expresidenta Jeanine Áñez adelantó que, para la reanudación del juicio oral, planteará una serie de incidentes debido a la falta de garantías de un debido proceso.
“Hemos pedido la presencialidad de este proceso. Se ha advertido la deficiencia de la conexión de la plataforma judicial. Vamos a interponer una acción de libertad, porque en el inicio de este proceso no se dio la inmediata y oportuna atención a la exmandataria, además de incidentes de actividad procesal defectuosa”, dijo el abogado Alain de Canedo.
Presión
Asimismo, denunció la presión de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que realizan disturbios y amedrentamiento en los alrededores de la cárcel de Miraflores, donde está con detención preventiva la exmandataria, por lo que no hay garantías para la defensa.
Condena anticipada
En tanto, el abogado Jorge Valda denunció que este juicio se lleva adelante de forma abusiva y totalitaria, obstaculizando la defensa, sólo por mandato político.
“Este juicio se está llevando adelante de una forma abusiva, totalitaria y el hecho de poner en riesgo la vida y la salud de las personas con el solo afán de cumplir un mandato político, eso determina que existe una condena anticipada, pero aparte de este Tribunal, que ni siquiera cuenta con los componentes básicos de un juez natural, que fue posesionado 40 días antes del inicio de juicio, siendo una muestra para que se tenga sentencia”, indicó.
En ese contexto, el Ministerio de Justicia señala que “la interrupción de un juicio por razones injustificadas se constituye en delito de retardación de justicia que debe ser evitado por las partes involucrados en cada caso”.
Manejo inadecuado de la plataforma
El proceso virtual ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez ha sufrido una serie de irregularidades en el hecho de limitar la participación de diferentes personas en este juicio presumiblemente público.
Los administradores no permitieron el ingreso a la plataforma de diferentes medios de comunicación, además se advirtió la manera unilateral para expulsar de la misma a diferentes partícipes. “Este Tribunal ha administrado (de forma) abusiva, desconocimiento del debido proceso (...) quitando micrófonos, eliminando y sacando a los miembros de los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos”, denunció la defensa