Defensora del Pueblo afirma que el Estado tiene la responsabilidad de esclarecer la muerte de Aramayo
La defensora del pueblo, Nadia Cruz, afirmó este martes que el Estado boliviano tiene la responsabilidad de esclarecer ante los familiares y la población la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo.
“El señor Aramayo, no debemos descuidar y olvidar, que era una persona privada de libertad y, por tanto, en custodia del Estado, y por ello mismo existe una responsabilidad especial del Estado boliviano de esclarecer ante los familiares y ante la población la muerte del señor Marco Antonio Aramayo”, sostuvo Cruz.
Así mismo, informó que ya se solicitó al Ministerio Público que inicie un proceso de investigación para establecer responsabilidades ante las denuncias de los familiares respecto a posibles hechos de tortura contra Aramayo e incluso sobre la hipótesis de un posible envenenamiento.
La Defensora del pueblo además indicó algunas presuntas irregularidades en la atención en salud que se proporcionó al exdirector del Fondo Indígena.
“Lastimosamente el paro cardiaco que él habría tenido el jueves por la noche tiene que determinar el grado de responsabilidad, sea en el Hospital de Clínicas, sea en Régimen Penitenciario o incluso ver los antecedentes que aparentemente no se conocían en el Hospital de Clínicas sobre el cuadro de salud o los diagnósticos de salud que debieron proporcionarse por Régimen Penitenciario”, manifestó.
Marco Antonio falleció este martes en la madrugada, tras un paro cardíaco; el pasado jueves fue traslado de emergencia del penal de San Pedro al Hospital de Clínicas donde sufrió el primer paro cardiorrespiratorio, como consecuencia ingresó en un coma profundo.
Aramayo fue director del Fondo Indígena (Fondioc) entre 2013 y 2015. En 2016 denunció un millonario desfalco en esta institución, pero pasó de ser denunciante a ser denunciado. Un mes después de dejar el cargo ya enfrentaba 120 denuncias. Al morir tenía más de 200 procesos en su contra. En los últimos años pasó por 50 cárceles del país.
