El desfalco del Fondioc por Bs 100 millones quedó en la impunidad

País
Publicado el 20/04/2022 a las 6h46
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El desfalco millonario al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) es uno de los hechos de corrupción que ha puesto en evidencia la mala administración de los recursos económicos del país que dejó un daño económico al Estado de más de 102 millones de bolivianos. 

El Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizó los recursos para campaña política, obras fantasma y desembolsos en cuentas personales, entre otros. Sin responsables, pese a estar identificados, y en la impunidad.

Este episodio se inició en febrero de 2015, en plena campaña electoral para los comicios subnacionales, cuando un informe de la Contraloría General del Estado reveló que había más de 150 proyectos observados en el Fondioc con un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos.

Todo salió a luz a raíz de denuncias realizadas por Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, quien falleció ayer tras siete años de detención preventiva precisamente por denunciar actos de corrupción en ese fondo.

Aramayo advirtió a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo de una serie de irregularidades, y le solicitó una auditoría para frenar la corrupción. Pero esto quedó en nada, toda vez que, ante la imposibilidad de semejante caso irregular, lo primero que se hizo fue destituir a Aramayo y nombrar a una interventora, Lariza Fuentes.

Informe

Informes de 2015 dan cuenta de que, en seis meses de trabajo, la interventora del Fondo Indígena, Fuentes, identificó un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos “fantasma” y 713 inconclusos que recibieron por lo menos un desembolso para ser ejecutados.

“Los proyectos fantasma representan un daño económico de 14,5 millones de bolivianos, los 713 proyectos con plazos no vigentes representan un 87,7 millones de bolivianos, (y) el presunto daño económico al Estado bordea los 102,2 millones de bolivianos”, refirió en esa oportunidad Fuentes.

Pueblo fantasma

En 2014, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) verificó que el Fondioc desembolsó 630 mil bolivianos para un proyecto productivo en una comunidad del departamento de Beni que ya no existía porque sus pobladores emigraron a ciudades como Trinidad.

Proyectos productivos

En 2015, la Federación de Trabajadores Campesinos de Beni informó que 17 de los 20 proyectos productivos que recibieron del Fondioc, entre 2010 a 2013, son “fantasmas”.

Según reporte, para la totalidad de los proyectos se hizo una inversión de 15 millones de bolivianos, pero se desconoce su destino. 

Ovejas truchas

En Patacamaya, La Paz, algunos comunarios revelaron que la secretaria ejecutiva de las “Bartolinas”, Felipa Huanca, excandidata del MAS a la Gobernación, entregó ovejas cara negra “truchas” y de contrabando.

El compromiso era entregar 600 ovejas a las mujeres de Patacamaya, 650 a Colquencha y 650 a Ayo Ayo. Cada proyecto presupuestó un millón de bolivianos. Sin embargo, muchos de los animales se enfermaron y murieron.

Posesión

El exdirector del Fondioc Aramayo, en diciembre de 2015, desde su encierro reveló que se entregó en enero de 300 mil bolivianos para la ceremonia ritual en la que se posesionó el expresidente Evo Morales en Tiahuanaco, departamento de La Paz. 

En la oportunidad, aseguró que Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y Juanita Ancieta, ejecutiva de las Bartolinas, hicieron la solicitud de este dinero. 

“Yo recibí una instrucción expresa, mediante una llamada del señor Rodolfo Machaca, que (me dijo) había instrucción expresa del señor Presidente (Evo Morales) de entregarle recursos del Fondo Indígena a las organizaciones para llevar gente a Tiahuanaco”, dijo Aramayo.

Expresó que el dinero fue distribuido entre las cinco organizaciones matrices de los ocho sectores que manejaron la extinta entidad estatal: la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Csutcb, la Cnmciob-bs y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Aramayo también denunció que en 2014, año de la elección presidencial, cuando ya no podían aprobar proyectos porque había una deuda de 310 millones de bolivianos, la exministra Achacollo autorizó el fraccionamiento de los proyectos de la entidad y firmó la autorización por 575 millones de bolivianos.

Implicados

La investigación del Ministerio Público ha imputado a 103 posibles responsables, incluida la exministra influyente Nemecia Achacollo.

La expresidenta del directorio del Fondioc es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Hubo otros 44 detenidos, entre ellos importantes dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.

Diezmos, cobros 

La corrupción en el ex-Fondioc llegó incluso a establecer el pago de diezmos que los miembros del directorio de esta institución obligaron a pagar a los beneficiarios indígenas para viabilizar sus proyectos. De los 1.342 millones desembolsados, 132 millones de bolivianos fueron a los bolsillos de dirigentes masistas.

Asimismo, Aramayo denunció los cobros irregulares de dirigentes masistas de 100 mil bolivianos por cada millón de bolivianos de un proyecto. Identificó a Felipa Huanca, Juanita Ancieta, Rodolfo Machaca y Ever Choquehuanca como los principales beneficiarios.

Sin responsables

Achacollo actualmente enfrenta un juicio desde el arresto domiciliario. Se le concedió esta medida sustitutiva en julio de 2020, tras una audiencia virtual llevada adelante por el juez Alan Zárate. Estaba en la cárcel de Miraflores. 

Felipa Huanca, exdirigente, apareció en mayo de 2015, en la lista de 153 proyectos que la Contraloría denunció a la Fiscalía por recibir desembolsos. 

 

Justicia manejada desde el Ejecutivo

El manejo de la justicia para llevar adelante procesos contra personas que no comulguen con el partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se aplica a casos como el de Marco Pumari, Luis Revilla e Iván Arias, entre otros.

“Éste es un gobierno de la venganza, no de reconciliación. Se ha visto que, por imponer su teoría, no le tiembla la mano para llevar adelante procesos sin respetar el debido proceso”, señaló un legista que prefiere guardar reserva.

Puso como evidencia lo que sucede con la exmandataria Jeanine Áñez: pese a existir pronunciamientos internacionales que cuestionan la forma en que se desarrolla, lo único que hacen es ignorar o calificarlas de injerencistas.

 

Bakovic, otra víctima de la injusticia del MAS

En 2013, José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), falleció en el Hospital Belga de Cochabamba, donde se encontraba internado en terapia intensiva. Denunció en numerosas oportunidades que el Gobierno de Evo Morales comprometió tres obras de gran escala que superaban los mil millones de dólares a la constructora brasileña OAS en retribución a su apoyo a la campaña presidencial de las elecciones de 2005.

El conjunto de obras que se adjudicaría a OAS estaba conformado por los contratos para las carreteras Potosí-Uyuni, Potosí-Tarija y Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que alcanzaban los 1.080 millones de dólares. 

La abogada de Bakovic, Audalia Zurita, en su oportunidad, denunció que Bakovic tenía en su contra por lo menos 75 procesos iniciados por la administración de Morales, que buscaban inculparlo, pero quedaron en nada.

El tortuoso camino para Bakovic se inició en abril de 2016. Pese a ser persona de la tercera edad, fue recluido en la cárcel de San Pedro entre el 1 y el 19 de abril de ese año. Al igual que Aramayo, tuvo que movilizarse entre La Paz, Beni, Cochabamba, y Tarija para asumir defensa.

En similar situación que Aramayo y Bakovic, actualmente están en la mira del Gobierno, apresados o con numerosos juicios, la expresidenta Jeanine Áñez, el excívico Marco Pumari, los miembros de la RJC y varios políticos opositores.

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