MAS activa otros procesos contra líderes opositores; ven persecución

La solicitud de ampliación de denuncia y de tipos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez y los líderes políticos Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Waldo Albarracín, Luis Fernando Camacho, Israel Alanoca y Samuel Doria Medina, planteada por la exdiputada del MAS Lidia Patty, es un paso más en la estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) de perseguir y acallar las voces críticas al Gobierno y afianzar su versión de que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y no un fraude electoral, según analistas y asambleístas opositores.

Consideran además que es un proceso forzado y que se viola los derechos humanos de los sindicados.

La demanda pide que se procese a los opositores por los delitos de “alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado; atribuirse derechos del pueblo, sedición de tropas e instigación pública a delinquir”, en grado de autores.

El analista e indianista Pedro Portugal considera que esta presión a Patty viene desde el ala dura del MAS y expresa el conflicto interno que se vive en el oficialismo.

“El MAS no puede dar muestras de debilidad, porque está al acecho una tendencia que espera cualquier fallo para tratar de desestabilizar a su mismo gobierno, es decir, el ala de Morales, en que inicie una acción de este tipo, además de buscar limpiar su imagen con este proceso”, sostuvo.

En tanto, la Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz rechazó la demanda de Patty y exigió a la parte demandante complementar e individualizar los delitos de los demandados.

“Se tiene presente el memorial de denuncia formulada por la señora Lidia Patty Mullisaca. Sin embargo, con carácter previo a considerarla, deberá individualizar la conducta de todas y cada una de las personas contra las cuales se solicita se amplié la investigación, además de subsumirlas a los tipos penales que señala”, menciona la parte resolutiva de la Fiscalía Especializada.

La denuncia, que se inició bajo los presuntos delitos de sedición, terrorismo, conspiración y otros, contemplaba a Luis Fernando Camacho y otros; ahora, la presunta víctima (Patty) pide ampliar este proceso los líderes políticos que participaron del proceso de pacificación y otras personas, bajo el argumento de que tienen responsabilidad en la renuncia de Evo Morales y otros funcionarios.

Aprehensión y arraigo

La exlegisladora del MAS, con este planteamiento, también solicitó la orden de aprehensión directa con facultades de allanamiento y la inmediata alerta migratoria contra los líderes políticos.

“Este caso debería denominarse fraude I, porque yo percibo que hay un fraudulento accionar del sistema de justicia para satisfacer apetitos políticos de un actor concreto, que es Evo Morales, en su búsqueda de anular a la oposición y, al mismo tiempo, utilizar esta persecución con afanes distractivos por los serios problemas por los que atraviesa el Gobierno”, señaló el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia, al referir que no existen elementos para sostener la demanda.

Aclaró que los tipos penales de terrorismo, sedición y conspiración, entre otros, han quedado evidenciados, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras instancias, ya que estos delitos vulneran “los derechos humanos”, por lo que no se podrían aplicar en este caso.

Según los legistas, la demandante busca a toda costa diversificar los tipos penales, debido a que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el delito de sedición, además de observar el de terrorismo, conspiración y otros.

Demandarán a Evo por abandono de funciones

Ayer empezó la toma de declaraciones de diferentes actores políticos dentro del denominado caso golpe I. Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana (CC), se presentó en la calidad de testigo, quien a la conclusión dijo que el caso “golpe de Estado I” no tiene razón de ser porque no existió ningún “golpe de Estado”. En tanto Mesa, que acompañó a Paz, indicó que se presentará una demanda contra Evo Morales y otros.

“Todo lo que se hizo en esos días terribles que utilizaron el país fue buscar soluciones pacíficas y constitucionales. Se respetó la sucesión constitucional y se dio solución a una crisis política que estaba viviendo el país como resultado de un fraude electoral y luego la renuncia de todas las autoridades que dejaron un vacío de poder. No existió golpe de Estado en Bolivia”, explicó Paz.

A su vez, Mesa, ante estas convocatorias y sindicaciones, señaló que “nosotros estaremos siempre presentes para poner en evidencia que éste es un juicio inventado, que no hubo golpe de Estado y que lo que se está tratando de reabrir es una persecución política para llevarnos presos a quienes hemos formado parte de un camino democrático como expresidentes y como líderes políticos”.

Agregó que se preve presentar una demanda contra Evo Morales y otros por abandono de funciones e incumplimiento de deberes.

Fiscalía definirá otros juicios

Fiscalía General del Estado desestima abrir juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa y Jorge Medina, además de los lideres de oposición Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, pero remitió la demanda a la Fiscalía de La Paz para que analice abrir un proceso.

La denuncia fue presentada por el Comité Impulsor de Juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez, tomando como bandera a las víctimas de Sacaba y Senkata.

“Ésta es una denuncia aparte, no es que tenga que relacionarse con el caso Golpe I (...). Será la Unidad de Análisis la que defina si abrimos un nuevo caso o en su defecto vamos a sumar a los casos que ya se encuentran abiertos”, señaló.