Gobierno endurece penas, pero la reforma judicial se deja esperar

El Gobierno promulga normas que endurecen penas para agresores y operadores de justicia que incumplen deberes y considera que es parte de una reforma judicial. Sin embargo, analistas y abogados rechazan estas leyes y sostienen que estas medidas constituyen “parches” que no solucionan la crisis, por lo que prevén que el Gobierno elude la reforma. Afirman que la solución debe ser estructural.

“El endurecer las penas no va a solucionar el problema crítico que afecta al sistema de justicia. Puedes endurecer la ley, pero la delincuencia va a seguir, los delincuentes van a seguir saliendo de las cárceles, se van a seguir beneficiando feminicidas, narcotraficantes o todas las personas que puedan mover económicamente a jueces, fiscales, secretarios, magistrados (...). Lo único que hacen poner una venda, un parche. Esto no va a solucionar nada”, dijo el abogado Omar Durán.

Juan del Granado, integrante de juristas independientes que buscan la reforma de la justicia, coincide en que modificar normas no es una solución a la crisis del sistema de justicia, porque se requiere una reforma estructural.

“Es una lucha necesaria, imprescindible, mucho más cuando nos cercioramos una y otra vez de que nuestra administración de justicia está al revés, de cabeza”, mencionó.

Agregó que, en lugar de ser una justicia que respete los derechos constitucionales, “una justicia que sea un freno al poder, es más bien un mecanismo de acción político-partidario de los gobernantes”.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que lamentablemente la justicia no va a cambiar en mucho tiempo.

“Al Gobierno no le interesa tener una justicia independiente, una Policía modernizada o un Ministerio Público independiente”, manifestó.

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El ministro de Justicia, Iván Lima, en la promulgación de la Ley 179 de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación, norma que endurece las penas contra jueces por los delitos de prevaricato, dijo que “esta ley es el punto inicial de las cosas que debemos hacer en el sector justicia. En primer lugar, esta ley lo que hace es agravar la pena a quien ose ir en contra de la vida de las mujeres y, a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley, de la Constitución, merecerá una pena de hasta 20 años de cárcel”, refirió.

Sin embargo, el abogado Del Granado consideró que no existe voluntad del poder político para transformar la justicia.

“Los juristas independientes esperamos casi nada del Estado, por eso impulsamos el proceso de reforma judicial desde la sociedad a partir de un referéndum ciudadano”, expresó.

Añadió que existe falta de voluntad política de los principales actores que hacen caso omiso a las diferentes recomendaciones de las instituciones internacionales como la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que han coincidido en varias preocupaciones acerca del estado de la justicia en Bolivia.

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia, de manera coincidente con otros legistas, señaló que se ve que la justicia está al servicio del poder político.

“Me someto al poder político como juez o fiscal y dentro del Órgano Judicial hay jueces y fiscales que son sicarios que van a perseguir o persiguen a nombre del Gobierno con el objetivo claro de sacarlo de circulación”, dijo al referir el grado de injerencia del Gobierno en la justicia.

Propuestas de reforma de Lima no prosperaron

El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó varios intentos para impulsar una reforma judicial sin que ninguno se haya concretado hasta la fecha y la mayoría terminó en el fracaso, pese a que en diversas oportunidades dijo que la reforma avanza con aprobación de normas.

La autoridad aseguró que el proceso de reforma de la Justicia está en curso y se basa en hechos concretos, como la interoperabilidad de la justicia, la carrera judicial, la reforma participativa de normas, y otros avances que buscan establecer el camino a una administración independiente, transparente y accesible.

Al iniciar su gestión, Lima creó una comisión de prestigiosos juristas para que diseñen una propuesta de reforma.

Asimismo, el Ministro presentó ante el país una lista de seis pilares para la reforma judicial.

Posteriormente, propuso una Cumbre de Reforma de la Justicia para el mes de marzo de 2022, que no se concretó.

Otro trabajo que quedó en el tintero fue la modificación a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), pero que no se concretó hasta la fecha debido a una serie de observaciones. Para este efecto se recolectaron más de mil propuestas.

Frenos a delitos de violencia

El ministro del área, Iván Lima, explicó que con el nuevo marco normativo se busca frenar hechos irregulares en los que “algunos malos operadores” de justicia beneficiaron con libertad a los agresores.

Además, remarcó que el delito de consorcio se sancionará con 10 años de cárcel. Antes, este delito era sancionado con cinco años de prisión.

Aseveró que, con la modificación y la aplicación de esta política criminal, ahora ningún agresor será beneficiado con detención domiciliaria.

Dijo que se identificó que muchos agresores a los que se aplicaron medidas cautelares tenían detención domiciliaria.