Lima advierte que si la Asamblea no designa autoridades, por emergencia decidirá el Ejecutivo
El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no cumple con su atribución de elegir por dos tercios a autoridades como el Defensor del Pueblo, Contralor o incluso preseleccionar magistrados, el Órgano Ejecutivo tomará las decisiones de emergencia para evitar la interrupción en la labor estatal.
La Asamblea no ha logrado los dos tercios para elegir un Defensor del Pueblo. Actualmente tiene en proceso la selección del Contralor y para 2023 tiene la preselección de magistrados, las cuales también deben realizarse por dos tercios.
"Si la asamblea legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado que impone medidas de emergencia que ya se han dado en el país", dijo Lima a tiempo de recordar que no sería la primera vez que se hacen designaciones por decreto.
"En periodos anteriores el expresidente (Carlos) Mesa ha designado magistrados por decreto supremo y el año 2010 también el presidente (Evo) Morales ha designado magistrados por decreto supremo. No estoy dando ninguna noticia novedosa, cuando la Asamblea no toma decisiones, el Órgano que debe decidir el funcionamiento el Estado es el Ejecutivo", señaló el Ministro.
Exhortó a que la Asamblea logre los dos tercios para temas como la elección del Contralor, Defensor y la preselección de postulantes a magistrados que serán sometidos a voto popular.
"Lo que no puede pasar en el país es que el Estado deje de funcionar, porque existe un capricho de una clase política que no toma responsablemente su atribución de ser oposición en el país", reprochó Lima.
El Ministro también hizo mención al fallo de la Sala Construccional Cuarta de La Paz, la cual señaló que la Asamblea no está cumpliendo su tuición de elegir Defensor del Pueblo, por lo cual se debía acudir incluso al Órgano Ejecutivo.
La alianza Comunidad Ciudadana ya alertó que una elección de Defensor por parte del Ejecutivo sería un "Golpe de Estado" al Órgano Legislativo, al anularle su rol constitucional.
