Acceso a datos del INRA permite a avasalladores traficar con la tierra

País
Publicado el 07/08/2022 a las 0h06
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La afinidad política entre el Gobierno y los grupos dedicados al avasallamiento de tierras posibilita a estos últimos el acceso a información técnica que maneja el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) respecto al proceso de saneamiento y la disponibilidad de tierras fiscales en el oriente boliviano, lo cual ha sido utilizado, en algunos casos, para el tráfico de tierras.

El conflicto por tierras tiende a agravarse tras una semana del bloqueo de carreteras protagonizado por grupos de campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que exigen la titulación de las tierras donde actualmente se encuentran asentados. Especialistas en temas agrarias afirman que hay intereses particulares y compromisos políticos detrás del conflicto.

No obstante, el presidente Luis Arce advirtió que no se tolerará el avasallamiento y el tráfico de tierras “venga de donde venga”.

El exdirector de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, dijo que dentro del grupo de campesinos que marchó de Santa Cruz hacia La Paz para exigir la titulación de sus tierras, existen dirigentes dedicados al tráfico de tierras, quienes inicialmente crearon comunidades compuestas por “palos blancos” para después vender esas tierras a particulares.

“Este sector también quiere la legalización de esas propiedades sin que sean observadas por las autoridades estas transacciones irregulares que han hecho. Entonces, lo que quiero decir es que de por medio hay gente que ha traficado y trafica la tierra y está peleando por la legalización de estas propiedades”, explicó el investigador.

Según Colque, desde que inició la etapa de autorización de asentamientos humanos en el oriente de Bolivia, durante el Gobierno de Evo Morales, las personas dedicadas al tráfico de tierras acceden a información técnica del INRA, por tanto, en función a esos datos, conocen con precisión las tierras fiscales disponibles adonde acuden para asentarse formando comunidades.

“Eso ha sido en parte políticamente permitido, tolerado por las autoridades y, por otro lado, hay gente, funcionarios públicos de rangos intermedios y bajos, que ha filtrado ese tipo de información a estos grupos de interesados, porque casi en todos los casos ellos tienen planos de los predios, de las parcelas, incluso tienen puntos georeferenciales”, agregó Colque.

Asimismo, el exdiputado y presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, Víctor Hugo Velasco, aseguró que los traficantes de tierra reúnen personas del interior del país, a quienes les cobran determinados montos de dinero con la promesa de dotarles tierras en el oriente.

Según Velasco, los dirigentes vinculados al conflicto en Las Londras son parte de este grupo de traficantes de tierra que se aprovechan de la necesidad de algunos campesinos del interior del país que buscan en Santa Cruz mejores oportunidades de progreso.

En opinión de Velasco, ni la afinidad política entre este grupo de campesinos, que marchó de Santa Cruz a La Paz, y el Gobierno posibilitará la titulación de las tierras en cuestión, dado que son fiscales o están sobrepuestas a áreas protegidas o reservas forestales. La titulación de estos predios iría en contra de las leyes nacionales y los tratados internacionales.

Por otro lado, Velasco también aseguró que los grupos de traficantes de tierra y avasalladores cuentan con información técnica del INRA, lo que les permite conocer las tierras fiscales disponibles e incluso los predios privados que no culminaron su proceso de saneamiento. Esta información les posibilita dirigirse a esos terrenos y avasallarlos.

Sin embargo, el presidente Luis Arce, en ocasión del Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, manifestó su compromiso de “no tolerar el avasallamiento y el tráfico de tierras venga de donde venga”. 

La autoridad afirmó que en su gestión de Gobierno acabará con el saneamiento y titulación de tierras, sobre todo para dar seguridad jurídica al pequeño productor.

Inacción de la Policía y Fiscalía

La Gobernación de Santa Cruz, a través del asesor de Gestión institucional, Efraín Suárez, manifestó la semana pasada su preocupación ante el accionar violento de grupos armados vinculados al avasallamiento y tráfico de tierras a vista y paciencia de la Policía, el Ministerio Público y el Gobierno nacional.

Fijan reunión el 12 de agosto 

Los campesinos que bloquearon las carreteras que conectan Santa Cruz con Beni y Cochabamba, y que marcharon desde la región oriental hacia La Paz, levantaron sus medidas de presión tras el compromiso de sostener una reunión el próximo 12 de agosto con el presidente, Luis Arce, y los ministros del área. 

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