Periodista enfrenta cinco procesos penales por denunciar corrupción en Trinidad

País
Publicado el 10/08/2022 a las 17h09
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Andrés Ignacio Titiboco, periodista del diario Contacto de la ciudad de Trinidad, Beni, enfrenta cinco procesos penales iniciados por autoridades y funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), del Tribunal Departamental de Justicia, de la alcaldía de Trinidad y de una concejal del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

"Yo tengo cinco procesos por nada más que denunciar la corrupción y por defender los derechos de mujeres", manifestó Titiboco en una entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

Sobre el comunicador pesan acusaciones por los presuntos delitos de difamación, calumnia e injuria, por la difusión de notas en el periódico Contacto, medio del que es jefe de prensa, de acuerdo a una nota de prensa de esta organización.

Los cinco casos

En mayo pasado, el periodista publicó un caso relacionado a la denuncia por violencia familiar contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, Roberto Ismael Nacif Suárez. La acusación fue hecha por su expareja C.O.V. y la información fue difundida por medios locales.

Dicha publicación provocó que la autoridad judicial busque, amenace y procese a Titiboco por el presunto delito de difamación.

"Me pasaron dos videos de cómo el vocal quería quitarle la movilidad a la mujer, con eso acompañé la nota. A los tres días vino el vocal al periódico. (Estaba) bravo, protestando y pidiendo saber quién le había hecho eso. Al día siguiente me presentó querella por difamación, injuria y calumnia", relató Titiboco.

La querella fue apelada, sin embargo, las autoridades judiciales continúan con el proceso, algo que cuestiona el periodista.  

"En estos problemas nosotros siempre nos apegamos a la Ley de Imprenta, pero la justicia pisotea la Ley de Imprenta, no le hacen caso ni se basan en ella", comentó.

Un segundo proceso contra Titiboco fue interpuesto por el alcalde de Trinidad, Christian Cámara. El periodista informó que un abogado denunciado por abuso sexual en el municipio de Santa Ana de Yacuma trabajaba como asesor del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de ese municipio.

"Fue en junio (pasado). Es una querella del alcalde Cámara contra mí por difamación, injuria y calumnia, me indicaba que él no había contratado al funcionario y que yo lo estaba difamando. En mi publicación decía que el funcionario estaba ejerciendo funciones en esta gestión", declaró.

El tercer caso que enfrenta fue presentado por la concejala del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Aleida Barboza del MTS. Según Titiboco, en marzo pasado hubo un violento intento de toma del Comité Cívico del Beni perpetrado por simpatizantes del alcalde Cámara. En esta manifestación estaba presente la concejal Barboza, según el comunicador.

"El alcalde tenía su candidato para dirigente cívico y cuando en una elección no salió su candidato, mandó a su gente para tomar el Comité Cívico del Beni y lo tomó. Quebraron vidrios y hubo destrozos. Varios días lo tomaron. En uno de esos días fue la concejal (Barboza) con su grupo de gente y se sacaron fotos. Yo lo denuncié. ¿Qué hace una concejala apoyando a los avasalladores del Comité Cívico? Y a raíz de ello se querelló ella y dice en su querella que fue allá a repartir tortas", manifestó.

Autoridades del Senasag también iniciaron dos procesos penales contra Titiboco. El primero está relacionado a un tema de discriminación y el segundo a un supuesto uso indebido de bienes. Respecto a este último, el caso se remonta a un hecho suscitado en mayo pasado.

El periodista relató que en aquella oportunidad se registró el uso indebido de las oficinas de esta repartición estatal, dado que fueron empleadas para la realización de una fiesta con churrasco, bebidas y música.

"Había una reja para el churrasco, una banda de música, bebidas y yo lo denuncié a petición de otro que me hizo notar este tipo de actividades y me mandó foto y yo lo publiqué y a raíz de eso vino la querella por difamación, calumnia e injuria", dijo.

Sobre los cinco casos, Titiboco mencionó que todos están vigentes e incluso en el caso del Senasag, se encuentra con detención domiciliaria con derecho al trabajo, arraigo y la firma semanal de un libro. Mencionó que son pocos los periodistas en Trinidad que se atreven a denunciar este tipo de hechos y lamentó no tener el apoyo del gremio periodístico departamental frente a estos procesos. 

Ante estos procesos penales contra el periodista trinitario, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) recuerda que, en el marco de los derechos a la libertad de expresión y el acceso y difusión de información reconocidos por el Art. 21 de la Constitución Política del Estado, cualquier ciudadano sin censura previa goza de la facultad de comunicar libremente sus ideas, sin que por ello deba ser perseguido o procesado; más aún cuando dicha labor es realizada en el ejercicio del trabajo periodístico consagrado en el Art. 106 de la norma suprema que expresamente dispone "III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información", precepto que se constituye en la base de una sociedad fundada y amparada sobre los valores democráticos.

Adicionalmente, resulta importante señalar que el trabajo desempeñado por los periodistas se halla regulado por la Ley de Imprenta de 1925, razón por la cual los conflictos o problemas suscitados directamente por su accionar deben ser dilucidados en los Tribunales de Imprenta.

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad de expresión y establece una lista reducida de restricciones posibles, por ejemplo, no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben fundamentarse en leyes claras y previamente adoptadas, debe perseguir fines legítimos acordes con este artículo y ser necesarias para satisfacer un interés público imperativo.

Usar el tipo penal de calumnia, injuria o difamación es violencia

La opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la colegiación obligatoria de periodistas menciona que de ninguna manera las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión "deben convertirse en mecanismos indirectos tendientes a impedir la circulación de ideas y opiniones".

El estado de derecho y la democracia exigen un margen de respeto y tolerancia a la libre manifestación de ideas y a la libre circulación de información incluso si éstas pueden considerarse ofensivas, particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen pues están sometidas al escrutinio público para prevenir o controlar el abuso de poder, en ese sentido, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado en sus decisiones que "la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento o condena penal de quien se expresa-a través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato-resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática".

Para el Observatorio de UNITAS, el uso indebido del derecho penal contra un periodista para sancionar, reprimir o inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades o sobre cuestiones de interés público configura un tipo de violencia y una vulneración a los derechos humanos.

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