Defensor del Pueblo avizora una ruptura del tejido social en el conflicto por el censo
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó que en el conflicto por el Censo de Población y Vivienda se está "rompiendo el tejido social" y exhortó a las autoridades a instalar una mesa de diálogo sin condiciones.
"Se está diluyendo, se está rompiendo el tejido social, es importante decir a la población que debemos bajar el nivel de violencia, bajemos el tema de mirar a los demás como si fueran enemigos", sostuvo Callisaya a los medios de comunicación.
El titular de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la ciudad de Santa Cruz, donde se concentra la máxima tensión entre la dirigencia de ese departamento y el gobierno de Luis Arce por la realización del Censo de Población y Vivienda.
Saludó la apertura al diálogo del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar; al igual que la posición del Gobierno que también acogió la idea del diálogo, sin embargo, bajo la condición de que se levante el paro indefinido.
"Es importante para nosotros que este escenario de conflictividad pueda desactivarse y pueda evitarse mayor vulneración de derechos", sostuvo Callisaya.
Insistió en un "llamado para que se haga un diálogo y concertación de modo que logremos soluciones en favor de la población lo hacemos sin ningún tipo de condiciones":
Callisaya dijo que el "mensaje grande al pueblo de Santa Cruz es que desarmemos una actitud que pueda ser beligerante con nuestros propios coterráneos que viven a nuestro lado. No podemos conflictuar más esta situación".
Consultado sobre cuáles son sus palabras al Gobierno, el defensor dijo que "El mensaje es a todos los actores involucrados, a los tomadores de decisión, a quienes tienen en sus manos desactivar el conflicto".
Asimismo, señaló que el "paro con bloqueo ya implica una vulneración de derechos", pero que "el cerco aumenta ese nivel de vulneración de derechos"; en ese contexto, añadió que la violencia y el bloqueo en el ejercicio de derechos venga de donde venga no tiene un nivel de aceptación, no puede tolerarse.
El 22 de octubre, el Comité pro Santa Cruz inició el paro indefinido en cumplimiento a un cabildo del 30 de septiembre en el que dio plazo de 21 días al Gobierno para que abrogue el decreto 4760; paralelamente, las organizaciones aliadas al MAS anunciaron acciones contra el paro. Es así, que resolvieron cercar la ciudad, bloquear el relleno sanitario y la Refinería Palmasola.
La Defensoría del Pueblo realizará una serie de verificaciones respecto a la basura, el abastecimiento de combustible entre otros problemas que se generan a raíz de las medidas de presión en esa región.
