Denuncian que socios de Adepcoca son perseguidos por jueces y fiscales
Las mujeres cocaleras marcharon contra la persecución judicial y se declararon en movilización permanente por la libertad de los dirigentes de Adepcoca.
“Cesar Apaza y Freddy Machicado no están solos, las mujeres estamos movilizadas y no vamos a descansar hasta que sean liberados, pero además no vamos a permitir que ningún otro dirigente cocalero sea detenido”, anunció Julieta Solís, productora de coca de la regional de Chamaca, según reporte de Brújula Digital.
A la fecha, se ejecutaron ocho de las 17 órdenes de aprehensión contra los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), acusados por la quema del mercado ilegal de la coca.
“Con la persecución judicial, el Gobierno quiere controlar a nuestras organizaciones, pero estamos reiniciando nuestras movilizaciones, no lograrán dividirnos”, dijo Solís a Cabildeo Digital, reconoció que la persecución ha debilitado a las bases cocaleras, “pero poco a poco nos estamos fortaleciendo”.
El conflicto de los cocaleros de los Yungas se inició en julio pasado con marchas y protestas que exigían el cierre del mercado ilegal organizado por Arnold Alanes. En agosto fueron detenidas 24 personas vinculadas a las protestas.
En septiembre, las movilizaciones se reiniciaron y alcanzaron su punto extremo con la marcha de miles de cocaleros desde los Yungas que derivó en la toma y quema del mercado ilegal.
“El Gobierno ha puesto precio a la cabeza de la dirigencia cocalera”, reveló a Cabildeo Digital una fuente policial que detalló que se activaron los mecanismos de inteligencia para dar con el paradero de las personas sobre las que pesaban orden de aprehensión. Luego de la toma y quema del mercado ilegal de la coca, en menos de una semana la Policía detuvo a cuatro personas vinculadas a la Adepcoca liderada por Freddy Machicado, que fue uno de los primeros detenidos enviados a la cárcel de San Pedro.
Luego siguieron la vicepresidenta del comité de autodefensa de Adepcoca, Rosalba Vargas; el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Carlos Choque, y la dirigente Gudelia Botitano.
En agosto, el Gobierno también activó la persecución judicial. Se aprehendió a 24 personas a las que en audiencia cautelar “se les impuso la detención domiciliaria y se les exigió garantías de imposible cumplimiento”, explicó a Cabildeo Digital la abogada Evelin Cossio.
Detalló que en una clara muestra de “la politización del órgano judicial y las imposiciones abusivas del Ministerio de Gobierno, es más que evidente, porque se impone la detención preventiva y cuando se apela esa decisión se condiciona las medidas sustitutivas a la presentación de garantes que sean familiares en línea directa que acrediten la propiedad de bienes inmuebles en la ciudad de La Paz.
