Ministerio de Justicia observa ley que regulariza predios sin papeles y CC cuestiona legalidad
El viceministerio de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, observa el proyecto de ley sancionado en la Asamblea Legislativa que permite la regularización de predios que no cuentan con derecho propietario porque podría beneficiar a loteadores. Comunidad Ciudadana apunta a la inconstitucionalidad.
Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron y sancionaron el proyecto de ley 302 que permite regularizar el derecho propietario de aquellas personas que no tengan los documentos registrados en Derechos Reales.
El viceministro Silva informó que un equipo del Ministerio de Justicia analiza dicha norma antes de que sea promulgada por el Ejecutivo. No obstante, teme que la norma beneficie a personas que tomaron posesión de predios de forma irregular.
"Esperemos que esta norma no vaya a proteger a los avasalladores, sino consolide derecho propietario que viven no desde 2016 o 2017 como pretende esta norma, sino hace 15, 20 o 30 años y que no han podido regularizar su derecho propietario", declaró Silva a la red Unitel
Asimismo, señaló a Derechos Reales dependiente del Consejo de la Judicatura como responsables del tráfico de tierras y la consolidación de lotes de manera irregular.
"Lamentablemente, Derechos Reales es parte de este tráfico de tierras y organización criminal de tráfico de tierras, porque ellos inscriben predios incluso del área rural otorgando folios reales para consolidar estos loteamientos", afirmó la autoridad.
La senadora Cecilia Requena de la bancada de Comunidad Ciudadana cuestionó la norma, dijo que es un "mecanismo usado por los loteadores" porque constantemente permite la "regularización de asentamientos ilegales".
La diputada Deysi Choque no es una norma para legalizar asentamientos en el área rural, sino para solucionar los problemas en áreas urbanas, asentamientos antes de 2017.
Manifestó que no solo es para regularizar predios, sino áreas verdes, por ejemplo, en 175 municipios existen problemas por falta de regularizar las áreas verdes.
Además, dijo que estas personas que no tienen sus papeles regularizados no aportan a las arcas municipales. En Santa Cruz son 250 mil viviendas sin derecho propietario.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al jefe de Estado que no promulgue la ley y que reciba las observaciones de los gobiernos municipales.
"Pedimos al presidente del Estado que todavía no promulgue la ley", sostuvo porque considera que beneficia a los avasalladores. Un equipo técnico de la alcaldía analiza la norma para presentar observaciones, también coordinan con las alcaldías de Cochabamba y Santa Cruz.
Comunidad Ciudadana anunció que recurrirá a las vías legales porque la norma tiene aspectos inconstitucionales.
