Asamblea Legislativa de Santa Cruz fiscalizará los recursos y bienes otorgados a la Policía
En una sesión, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz determinó este lunes revisar los recursos económicos y bienes otorgados a la Policía Boliviana desde la Gobernación, en un acto de fiscalización, debido a la de represión violenta contra la población que se moviliza en defensa del gobernador, Luis Fernando Camacho.
"Revisar la continuidad de los recursos económicos y bienes departamentales que hayan sido otorgados a la Policía Boliviana. Nos comprometemos con el pueblo cruceño a llevar adelante la más dura fiscalización que no solo usa recursos otorgados por la Gobernación, sino también usa bienes de la Gobernación", informó el presidente del ente legislativo, Zvonko Matkovic.
Durante cuatro días consecutivos, la policía reprimió las movilizaciones que se registraron en la capital cruceña que exigen la libertad del gobernador. En imágenes se pudo evidenciar el uso abusivo de agentes químicos, agresión a transeúntes y el destrozo de motocicletas que estaban estacionadas cerca al lugar del conflicto.
Entre los inmuebles otorgados al verde olivo se encuentran el Comando Departamental, la Escuela de Policías, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), terrenos otorgados en Palmasola para la construcción de una nueva cárcel, entre otros.
A la vez, Matkovic indicó que se otorgó un plazo de 48 horas para que la Policía y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo presenten un informe de todas las acciones ejecutadas desde el 28 de diciembre en esa región.
"Las instrucciones recibidas por la Policía que se ejecutaron en Santa Cruz en los últimos días, cantidad de efectivos desplegados y destinados para las represiones, cantidad de uniformados trasladados hasta Santa Cruz desde otras regiones, el número de vehículos y la cantidad de combustible utilizados. Además, la lista de detenidos desde el 28 de diciembre", detalló.
Finalmente, demandaron respeto y garantías para el ejercicio fundamental a la libertad de expresión, pensamiento, protestas, reclamos pacíficos en contra de los actos criminales llevados adelante por la instancia represiva del nivel central del Estado.
El Gobierno justifica las represiones y el actuar policial, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que la Policía continuará realizando su labor de mantener el orden público apegada a la Constitución Política del Estado.
