Abogados: Falencia en la atención a la salud de Camacho viola la CPE
El Gobierno del presidente Luis Arce atenta contra la salud y la vida del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque no se le está ofreciendo la atención médica inmediata que necesita, debido a que padece una enfermedad crónica, coincidieron dos abogados analistas.
El abogado Franco Albarracín aseguró que se trata de la violación de los principios básicos de derechos humanos, que establecen que el Estado garantice la salud, vida o integridad de una persona privada de libertad, a través de las instancias correspondientes. “Debe ser atendido de forma inmediata en las mejores condiciones; si corresponde, debe ser en un centro de salud, un hospital o una clínica donde existan todos los equipos y las condiciones necesarias para una buena atención médica”, aseguró.
Camacho cumple seis días de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 32 kilómetros de la ciudad de La Paz, por el caso Golpe de Estado I. Los familiares y abogados informaron que el Gobernador cruceño sufre de un síndrome que afecta sus vasos sanguíneos, por lo que necesita tratamiento médico especializado en un centro de salud.
Hasta ayer, la información oficial sobre el estado de salud de Camacho y su atención médica era confusa; el Ministerio de Gobierno difundió fotografías de la instalación donde supuestamente recibe tratamiento; en tanto, el abogado Juan Carlos Camacho indicó que ese ambiente fue “montado” sólo para tomar fotos y difundirlas públicamente porque su cliente continúa en un ambiente “precario e inadecuado”.
Franco Albarracín advirtió que, si hubiese algún desenlace trágico en el caso de Camacho, el Gobierno tendría que responder ante estrados internacionales sobre la violación a los derechos constitucionales del Gobernador. “Es algo que se debe corregir y el Estado debe cumplir con sus obligaciones”, sostuvo.
Para el abogado penalista Eusebio Vera, no se trata de un caso aislado. Mencionó que existen “nefastos antecedentes” de personas que murieron a causa del abuso de la justicia. “Uno de los casos más emblemáticos es la muerte de Marco Antonio Aramayo por no haber tenido una oportuna e idónea atención médica”.
El exdirector del Fondo Indígena y el principal denunciante de un millonario desfalco en esa entidad, Marco Antonio Aramayo, falleció en abril de 2022 luego de varios días en terapia intensiva y de estar siete años en detención preventiva por ese caso y otros 256 procesos que le abrieron.
Fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, su vida se convirtió en “un verdadero tormento”, la Fiscalía, de oficio y a denuncia, le abrió decenas de procesos judiciales, tanto que optó por escribir en su diario cada caso, cada abuso y vulneración a sus derechos.
Contra la CPE
Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 18, establece que todas las personas tienen derecho a la salud y el Estado debe responsabilizarse de garantizar este derecho y está obligado a preservar la vida de todos los bolivianos.
En el caso de Camacho, quien se encuentra limitado a la libre locomoción porque se encuentra en detención preventiva, “es el Estado el que tiene la doble función de preservar la salud del señor Camacho porque está privado de su libertad”.
Camacho debe ser atendido por un médico o por un equipo de médicos de su confianza porque es un tratamiento de larga de data. “Por más que en Chonchocoro haya los mejores profesionales y ambientes, no será suficiente para controlar su enfermedad”, señaló.
Admiten falta de independencia
Durante la inauguración del año judicial 2023, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, desestimó lograr la independencia del Órgano Judicial, así como de la administración de justicia, mientras continúe la beligerancia política en el país. Dijo que es una tarea pendiente que le concierne a todo el Estado. “Tenemos tareas que deben ser enfrentadas como Estado, no son exclusivas del Órgano Judicial, no es responsabilidad solamente de vocales, jueces, pero avizoramos que estos retos que son de alta responsabilidad lamentablemente por una beligerancia política, por falta de un diálogo franco, posiblemente no se concreticen”, señaló.
Denuncian a la CIDH el caso del Gobernador
Los parlamentarios de la fuerza opositora Creemos enviaron “información adicional” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el pedido de “medidas cautelares” que hicieron a favor de su líder y gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis política en 2019.
El partido opositor informó este martes que envió una nota al secretario general de la CIDH, Jorge Meza, en la que manifiesta que cuenta con “la conformidad de los familiares” de Camacho para encarar las gestiones “para asegurar la protección de su vida, integridad y seguridad”.
Asimismo, la agrupación política informó “con carácter urgente” sobre el “grave estado de salud” en el que se encuentra Camacho por una descompensación que sufrió hace unos días en prisión debido a “torturas y tratos crueles” además de “las enfermedades de base que padece”.
En la carta a la CIDH, se menciona que “el trato cruel” y la “omisión de atención de salud especializada” por parte del Gobierno llegan a conformarse en “presupuestos” para el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas al organismo.
El Gobierno, a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario, ha manifestado que la salud de Camacho es “estable” y es posible que reciba su tratamiento “con todas las facilidades” en la misma cárcel y no necesite ir a un hospital o clínica.
