APDHB repudia protección del Gobierno a la impunidad de la Policía en Santa Cruz

Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), denunció que el Gobierno protege a los efectivos policiales que impunemente comenten excesos y hasta actos delictivos en los enfrentamientos registrados en Santa Cruz.

"Estamos indignados por todo lo que está pasando en el país. Quien protege a la Policía es el Gobierno, claro, si revisamos el artículo 251 de la Constitución Política del Estado (CPE), dice que ellos reciben órdenes del Gobierno Central, en este caso del presidente (Luis Arce), entonces ¿quién está encubriendo y bajo qué pretexto?", cuestionó Vargas en declaraciones a la ANF.

Desde que se iniciaron las movilizaciones para pedir la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se registraron -según El Deber- más de 90 personas detenidas y acusadas por los incendios y destrozos en la Fiscalía Departamental y otras entidades. Sin embargo, no se cuenta con ningún policía detenido por agredir a los manifestantes y a los policías.

La activista de derechos humanos recordó que el artículo 251 de la CPE establece que la misión de la Policía es proteger a la ciudadanía, pero que en ninguna parte señala que pueden reprimir y ejercer violencia como lo está haciendo en Santa Cruz.

"Esto es muy preocupante, es signo de un Gobierno dictatorial, en cualquier Estado de derecho mínimamente se respetan las normas constitucionales y aquí no hay nada de eso. Lo otro que se observó es la existencia de 'parapoliciales', gente que no es parte de la Policía, pero está en sus filas agrediendo impunemente a la ciudadanía".

Carlos Enrique Ardaya, fue una de las víctimas. Según su madre fue atacado por la Policía cuando salió de su trabajo, le dispararon a quemarropa un proyectil no letal en el rostro provocándole el estallido del globo ocular izquierdo. Perdió el ojo.

Erwin Chávez Durán es otra persona que perdió su ojo por las agresiones de la Policía. "Él sintió que algo venía por detrás, se dio cuenta de que eran dos policías, se asustó y en el intento de correr (los efectivos) lo increparon, él los miró y le dispararon (con su proyectil) directo a la cara, dañándole el ojo derecho", relató su esposa, Ana Lourdes Ibáñez.

Otra víctima tiene comprometida su dentadura y una herida en la mano. En las redes sociales han circulado videos sobre otros casos del exceso policial, generalmente grabados por vecinos, por ejemplo, cuando efectivos patean a personas en el suelo que estaban reducidas o cuando queman y destruyen motocicletas.

En otro video se ve a un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) insultar a un ciudadano y con mucha fuerza le propina un golpe. "¡Avance carajo!" se le escucha gritar al momento de dar el golpe.

En otra situación, se ve a un policía destruir con una honda un foco del alumbrado público. En otro video se ve cómo efectivos ingresan a un lugar cerrado donde hay personas y disparan gas pimienta a sus rostros.

Para la vicepresidenta de la APDHB, con tantos indicios el Gobierno ya debería haber identificado a través del Ministerio Público a los policías que agredieron en esas proporciones a los movilizados en Santa Cruz.

"Pedimos al Gobierno que pare tanta violencia y sancione, así como están haciendo aparecer culpables de nada, que a los reales culpables que son gran parte de la Policía también los sancionen", dijo.

Durante la madrugada del 1 de enero, Joel Orellana y Miguel Ángel Rivero, de la red Unitel, resultaron heridos tras ser víctimas de los abusos policiales durante los enfrentamientos que se suscitaban en el segundo anillo.

Un camarógrafo de Periodistas Somos Todos también recibió impacto de balines en el cuerpo. Además, el vehículo de un tercer periodista fue incendiado en cercanías del Comando Departamental, a pesar de tener la identificación de prensa. Los policías también han reprimido y gasificado a autoridades departamentales en una manifestación.

Sin embargo, el Gobierno ha justificado la acción policial. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pese a la evidencia ha señalado que sus actos se enmarcan en la Constitución Política del Estado y sus normas.

Asimismo, ha justificado que del lado de los movilizados han existido actos "delincuenciales" como la destrucción de instituciones públicas, las agresiones a un abogado de Impuestos Nacionales, entre otros casos.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sobre las tomas y quemas de instituciones públicas dijo que son "autoatentados" porque ellos nunca convocaron a estas acciones.

Para la vicepresidenta de la APDHB, la violencia siempre es producto de la incapacidad de quienes gobiernan para resolver los conflictos, más aún, cuando se protege a quienes agreden impunemente a la ciudadanía.

"Siento que, como todos los gobiernos dictatoriales, autoritarios, se utiliza la fuerza pública para imponer y eso parece estar sucediendo. Es vergonzoso como la Policía agrede sin consideración de nada, recuerden ese bebé gasificado en su cuna, en su cochecito (...), parece que la intención del Gobierno es encubrir su incapacidad para poder dialogar. Los seres humanos se entienden dialogando y no a golpes".

Las movilizaciones estuvieron marcadas por el abuso policial contra los manifestantes. Usaron agentes químicos de forma desmedida, quemaron motocicletas y agredieron a ciudadanos que trataban de socorrer a los afectados por los gases, resumió la activista.

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 255 dice que cuando se trata de la protección del ser humano no hay mando superior que pueda imponerse, siendo la vida del ser humano la que se debe proteger y el rol de la Policía es la seguridad interna del país.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, dentro de sus competencias, viene realizando diferentes gestiones para hacer conocer las vulneraciones de derechos en los enfrentamientos, además una comisión fue al penal de Chonchocoro para ver al Gobernador de Santa Cruz. Sn embargo, no les dejaron ingresar.