Analistas ven que el objetivo del MAS es someter a Santa Cruz
La confrontación entre el Gobierno y el departamento de Santa Cruz obedece al interés del Movimiento Al Socialismo por controlar el liderazgo en esa región, según tres analistas políticos.
Para el analista Carlos Alberto Goitia, el conflicto se desató por el interés de trasladar al oriente del país la estructura y lógica sindical imperante en occidente. Esta estrategia le permitió al MAS dominar a distintos sectores, a través del reclutamiento de sus líderes, “para someterlos a los intereses del partido”.
Sobre este tema, el analista Franklin Pareja aseguró que Arce busca nuevos interlocutores en la región más pujante del país que no sean de la línea política del gobernador Luis Fernando Camacho ni del círculo de los dirigentes cívicos.
El abogado Juan del Granado dijo que Santa Cruz es, además, una región contestaría al régimen del presidente Luis Arce. Por ejemplo, la pasada gestión, impuso la agenda política nacional con la demanda del censo de población y abrió el debate de la relación con el Estado.
En este contexto político, los hitos más importantes en la relación de conflicto entre el Gobierno central y el departamento cruceño en el último año fueron la demanda del censo, el debate sobre la relación de Santa Cruz con el Estado, el pedido de liberación del gobernador y la decisión de frenar recursos al centralismo.
1. Demanda de censo
El 14 de julio de 2022, el Gobierno de Luis Arce oficializó, mediante el decreto 4760, la postergación del censo de población y vivienda para 2024, este estaba previsto, inicialmente, para el 16 de noviembre del año pasado. Los argumentos para la decisión fueron las dificultades por la pandemia, la necesidad de socialización de la boleta, la incorporación de idiomas originarios, entre otros. Esta situación desató la protesta.
Luego de huelgas de hambre y marchas en diferentes lugares del país para exigir el censo en 2023, se convocó a un cabildo el 30 de septiembre, en el que se determinó dar un plazo de 21 días al presidente Arce para fijar el censo en 2023.
Pasados los 21 días, el 22 de octubre, Santa Cruz entró a un paro durante 36 días, periodo en el que se registró enfrentamientos entre los sectores que cumplían la huelga y los afines al oficialismo que bloquearon carreteras y cercaron al departamento cruceño.
Santa Cruz aceptó que ya no era posible realizar el empadronamiento en 2023. Por esta razón, levantó el paro luego de la aprobación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en marzo de 2024 y la garantía de la redistribución de recursos y escaños parlamentarios en función de los resultados de la encuesta nacional.
Procesos
Tras la promulgación de la ley, se activaron procesos judiciales en contra de los líderes cruceños que impulsaron el paro de 36 días, determinación contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas.
Goitia calificó que esto es una evidencia de que el Gobierno instrumentaliza la justicia para la persecución política de los opositores.
En tanto, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz determinó rechazar los procesos penales contra los miembros del comité; prohibió que los acusados acudan a La Paz porque la jurisdicción natural es el departamento de Santa Cruz; conformó una comisión jurídica para realizar las demandas penales contra quienes cercaron a Santa Cruz; demandó al Fiscal General del Estado y al Órgano Judicial actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, y denunció ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra los líderes cruceños , amparado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
2. Relación con el Estado
En medio del conflicto por el censo, resurgió el debate sobre el federalismo, una demanda de larga data en Santa Cru. El Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, presentó la estructura y funcionamiento de la Comisión Constitucional que revisará la relación del departamento cruceño con el Estado, en el marco del cumplimiento al mandato del cabildo del 13 de noviembre.
Sin embargo, la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) propone trabajar un nuevo modelo con visión país e inclusivo, que replantee la relación de la sociedad civil-Estado, diferenciándose de la propuesta del Comité pro Santa Cruz que busca revisar la relación solo del departamento cruceño con el Estado.
Desde el Gobierno, se amenazó los que intentan dividir al país. El presidente Luis Arce reiteró que “élites antipatrias” pretenden sacrificar la “integridad” de Bolivia, por intereses particulares.
Del Granado dijo que las declaraciones gubernamentales son un pretexto para desestimar la demanda no solo cruceña, sino nacional de repensar cuál debe ser la relación con el Estado, tomando en cuenta el desgaste del modelo político actual.
3. Detención de Camacho
Un tercer hito del conflicto que se vive en Santa Cruz es la detención de Camacho y su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, por el caso Golpe de Estado I.
A juicio de Goitia, esta medida asumida por el Gobierno de Arce es la consecuencia, no última, de la confrontación con Santa Cruz. “Además, de secuestrarlo y mantenerlo en La Paz, más allá de la farsa judicial, procuran desactivar a los opositores, pero el Gobierno no toma en cuenta que hay un sentimiento encarnado en la gente” sostiene.
Goitia dijo que no es un conflicto entre Santa Cruz y el resto de Bolivia, sino “es un conflicto entre el masismo y Santa Cruz”.
Del Granado calificó de secuestro la detención del gobernador y lo consideró un rehén del sistema judicial que se encuentra al servicio del poder de turno.
Alertó que la postura gubernamental es continuar con detenciones con tinte político, lo que pone en riesgo el Estado de derecho del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Bolivia que informe sobre los pormenores de la aprehensión y detención preventiva que pesa sobre el gobernador cruceño.
4. Asamblea cívica
Un último hito es la movilización social permanente coordinada por el Comité Cívico pro Santa Cruz en demanda de la liberación de Camacho.
Entre sus determinaciones está desconocer al comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, por prestarse a los “actos atentatorios” contra Camacho.
Además, se realiza una vigilia permanente en instituciones públicas para evitar “que se sigan desarrollando los autoatentados”.
Otra medida asumida fue restar los recursos al centralismo, por lo que algunos negocios evaden la emisión de facturas.
En una última reunión, se logró la adhesión de los comités cívicos de otros departamentos.
