Fiscalía General del Estado advierte que no permitirá más hechos violentos en Santa Cruz
Tras que grupos irregulares atentaran contra más de 27 propiedades entre públicas y privadas en la ciudad de Santa Cruz, desde la Fiscalía General del Estado advirtieron que no se permitirán más hechos violentos.
“Como Ministerio Público no vamos a permitir que estos hechos violentos, que van más allá del derecho a la protesta constitucionalmente reconocido; sin embargo, debemos tener presente que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro”, remarcó el director de Gestión Fiscal, Roberto Almendras.
Tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, presuntos grupos irregulares afines a los cívico cruceños protagonizaron una serie de ataques violentos en contra de instituciones públicas, dos domicilios particulares y dos empresas privadas.
Entre las instituciones públicas están el Servicio de Impuestos Nacionales, el Comando Departamental de la Policía y sus estaciones integrales, el Palacio de Justicia, la Fiscalía y otros.
Además de 45 vehículos destruidos por el fuego y 26 policías heridos.
Solo en el caso de la Fiscalía se reportó un daño aproximado de Bs 37 millones, porque el 90% de la infraestructura está comprometida y recientemente los peritos del Instituto de Investigadores Forenses (IDIF) recomendaron su demolición porque en cualquier momento se podría desplomar.
Almendras remarcó que las protestas no pueden atentar contra la integridad de las personas en contra las propiedades públicas o privadas.
Ante la ola de violencia señaló que esta institución ya tiene 22 procesos penales abiertos en Santa Cruz.
Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía 33 personas ya tienen detención preventiva mientras avance las investigaciones. En tanto, tres tienen medidas sustitutivas y 26 personas aceptaron su culpa y se sometieron a un juicio abreviado y fueron condenadas.
“Se están tomando las medidas para estos hechos no queden en la impunidad”, enfatizó a tiempo de reprochar que los dirigentes cívicos no condenen esos hechos violentos que van más allá de la protesta.