Reporte de la HRW critica proceso contra periodistas que trabajaron en BTV durante el Gobierno de Áñez
En su informe internacional sobre el estado de los derechos humanos, en el capítulo que corresponde a Bolivia, la fundación Human Rigths Watch critica el proceso que la Fiscalía ha iniciado contra seis destacados periodistas que trabajaron en BTV durante el Gobierno transitorio.
El reporte, emitido este jueves, también hace notar que en Bolivia no existe una norma para la distribución equitativa de la pauta publicitaria estatal ni una ley de acceso a la información.
En total, seis periodistas y comentaristas han sido acusados por diferentes motivos administrativos, pero los fiscales cambiaron las figuras a delitos penales. Los seis enfrentan procesos de hasta 10 años de prisión. En la acusación están incluidas unas 30 personas de las unidades administrativas, contables, de personal y jurídicas.
"En agosto, la Fiscalía anunció una investigación contra (...) periodistas, un presentador y otras personas que trabajaron para un canal de televisión estatal durante el gobierno de Jeanine Áñez, por presuntamente pagar al expresentador una remuneración superior a la permitida", dice el reporte de la HRW. Recuerda que las acusaciones incluían delitos con una pena máxima de 10 años de prisión.
El informe agrega que "el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (Raúl Peñaranda) consideró la investigación como un intento del gobierno de Luis Arce, en colaboración con la fiscalía, de intimidar al periodismo boliviano".
HRW resalta que Bolivia no cuenta con una ley que regule la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado. "De enero a agosto, el 80 % de los contratos publicitarios estatales con la prensa escrita se había asignado a apenas dos periódicos afines al gobierno, según informaron varios medios¨, afirma.
En Bolivia tampoco hay una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución, dice el documento.
En octubre pasado, periodistas del país enviaron una carta al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, exigiendo que los cargos contra los periodistas sean levantados.
La Fiscalía acusa penalmente por errores administrativos a los periodistas y comentaristas Andrés Rojas, Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez, Adriana Gutiérrez, Pablo Llano y Diego Ayo y exigen contra ellos entre cuatro y 10 años de cárcel.
La carta, suscrita por los presidentes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos del país, hizo un repaso de los derechos de los periodistas que las acusaciones de los fiscales violaron.
Ya en septiembre de 2022, Human Rights Watch expresó su "preocupación" por las acusaciones que han recibido periodistas y otros profesionales que trabajaron en la red BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
"Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez", dijo a Brújula Digital el investigador de la HRW para América Latina, César Muñoz.
Muñoz señaló que "las autoridades pueden y deben investigar todo indicio de delito. Pero esos procesos deben siempre respetar los principios del debido proceso. Uno de esos principios clave es la 'proporcionalidad entre la acusación y las conductas alegadas'".
El representante de la HRW recordó en ese momento que en uno de los casos, la Fiscalía busca una condena de hasta 10 años de prisión por un contrato en que a una persona se le pagó más de lo que era supuestamente permitido. "Parece excesivo recurrir a la vía penal y demandar una pena de 10 años por alegaciones sobre los términos de ese contrato", añadió.
La HRW dijo que "le preocupa" el empleo contra periodistas "del tipo penal de incumplimiento de deberes, que está definido de una manera amplia en la legislación y ha sido usado de manera arbitraria, como ha documentado el GIEI y Human Rights Watch".
