Ajustan cerco a Camacho; lo quieren preso y fuera de la Gobernación
El Gobierno ajusta el cerco contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por al menos tres flancos: la presión por la vía penal sumando procesos a los ocho que ya tiene; por la vía administrativa exigiendo que se convoque a elecciones para elegir una nueva autoridad departamental, y finalmente usando a organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo como mecanismos de fuerza para pedir “30 años de cárcel” en diversas movilizaciones.
Esta campaña tendría dos objetivos centrales: por un lado, acabar con el liderazgo cruceño que se caracteriza por su rol opositor y crítico hacia el gobierno central, y por otro, anular la figura política de Camacho manteniéndolo preso y sin posibilidad de que se defienda en libertad, según políticos y analistas.
“La presión y el dominio que ejerce el poder Ejecutivo sobre el poder Judicial” en Bolivia puede “agravar” la situación jurídica de Camacho, como que se amplíe la detención preventiva o le inicien otros “procesos (penales) por particulares”, dijo ayer el abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho.
Camacho tiene unos ocho procesos judiciales, algunos relacionados al paro indefinido, acusaciones por terrorismo y una supuesta violación por un caso de hace 33 años, entre otros.
Su defensa ha señalado varias “vulneraciones” en el proceso como el polémico arresto, el no respeto al protocolo de las audiencias virtuales, los antecedentes procesales contra el juez a cargo del caso y las trabas en el sistema informático de las causas penales.
“Se ha demostrado la firmeza del Gobierno en sus decisiones; así que es lamentable decir, pero con las movilizaciones y paros no se va a lograr la libertad de Camacho ni de los presos políticos”, dijo el analista Carlos Cordero.
El jueves, varias marchas de organizaciones afines al oficialismo pidieron que Camacho sea sentenciado con la pena máxima de 30 años de cárcel por su participación en un supuesto golpe de Estado de 2019. Lo responsabilizan además por los 38 muertos de Sacaba y Senkata.
Procesos contra Camacho
La Fiscalía presentó la ampliación de la denuncia contra el Gobernador de Santa Cruz ante el juez décimo de Instrucción Penal Cautelar por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas para “evitar futuras nulidades” en el caso golpe de Estado I.
La denuncia fue ampliada el mismo día que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el movimiento financiero de las cuentas bancarias de Camacho durante los conflictos de 2019. En esa conferencia hizo énfasis en las transacciones que presuntamente sirvieron para el “golpe de Estado” contra el Gobierno de Evo Morales.
Elecciones
El ministro de Justicia, Iván Lima, para que Camacho deje el cargo, expuso varias opciones que van desde una suplencia hasta la posibilidad de nuevas elecciones en ese departamento. “Para eso, usaremos el mecanismo legal más eficiente”, enfatizó.
“Si el Gobernador (Camacho) y el Vicegobernador (Mario Aguilera) han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento”, afirmó Lima.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las autoridades cruceñas, para quienes el gobernador sigue siendo Camacho y puede ejercer el cargo desde la cárcel de Chonchocoro donde guarda detención preventiva.
Desde la Gobernación de Santa Cruz denuncian un “golpe de Estado” en contra de sus autoridades electas.
Indagan cuentas del Gobernador
El Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, solicitó ayer que la investigación por el caso denominado “Golpe de Estado I” se amplíe contra quienes presuntamente recibieron dinero de parte de Fernando Camacho durante la crisis de 2019. Inicialmente se menciona al excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros.
El ministro Eduardo del Castillo dijo que la Fiscalía solicitó un informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre los movimientos económicos que se realizaron desde cuentas de la autoridad regional antes, durante y después de los hechos registrados en 2019.
Unitas identificó 26 atentados a libertades
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas identificó 26 vulneraciones a las libertades fundamentales y el derecho a la protesta durante los conflictos suscitados por la aprehensión y posterior reclusión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que acaeció el 28 de diciembre y generó una ola de protestas y manifestaciones en la capital oriental y en otras ciudades.
El Observatorio identificó un total de 45 vulneraciones cometidas en contra de la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la protesta y la institucionalidad democrática entre el 28 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, de las cuales, 26 de estos hechos (58 por ciento) fueron cometidos por la Policía en episodios caracterizados por el uso excesivo y desmedido de la fuerza.
De estos 26 hechos, 14 fueron vulneraciones al derecho a la protesta (represiones, heridos e incumplimientos al deber de protección), siete a la institucionalidad democrática (procedimientos adecuados a la norma y actos contrarios al ejercicio de derechos) y cinco a la libertad de prensa (agresiones a periodistas).
En lo relacionado a las 14 vulneraciones de la Policía al derecho a la protesta, resaltan las diferentes represiones ejecutadas en contra de personas movilizadas en la ciudad de Santa Cruz que exigían la libertad de Camacho y que se dieron, principalmente, en la zona del monumento al Cristo Redentor.
