Activistas ven que Gobierno no cumplió recomendaciones del GIEI; Lima asegura que hay avances

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y activistas observaron que las recomendaciones que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al Gobierno Boliviano referente a esclarecer los hechos de violencia y violaciones en 2019 no se están cumpliendo; por el contrario, el Gobierno afirmó que existen avances.

En noviembre de 2019, la CIDH realizó una visita a Bolivia en el contexto del conflicto electoral. Luego emitió una serie de recomendaciones entre las que estaba crear e instalar un mecanismo internacional autónomo e independiente para que investigue los hechos de violencia ocurridos en el país del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Se creó el GIEI-Bolivia.

El GIEI empezó su trabajo en noviembre del 2020 y en julio de 2021 entregó su informe con 36 recomendaciones al presidente Luis Arce para que el Estado asegure el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación, sin hacer distinciones.

Este martes llega la comisión de seguimiento del GIEI, instancia que está a la cabeza de Joel García, se reunirán con autoridades de los diferentes órganos del Estado, además, con las víctimas de la crisis de 2019.

"¿Cuánto se ha avanzado con esas recomendaciones? Aparentemente solo se ha detenido a las personas que parecen las emblemáticas (Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez), pero en realidad no hay investigación. Hay varios casos sobreseídos, casos de rechazados, los afectados de Senkata y Sacaba deberían exigir una investigación profunda de los hechos para tener un poco de paz. Resarcir daños económicos no es lo mismo que la reparación de los hechos, nosotros como APDHB hemos hecho las denuncias y reclamos, pero la autoridad no atiende", dijo Marina Vargas, vicepresidenta de la APDHB.

Vargas consideró que es el poder político instaurado que maneja la justicia por lo que se están viendo procesos "completamente direccionados desde el Poder Ejecutivo". También se está avanzando hacia a un gobierno totalitario y se está rompiendo todo principio democrático.

"Pienso que se sostiene como una bandera el caso de Senkata y Sacaba para alimentar estos odios y resentimientos y hacer ver a los alteños que es culpa de tal o cual que hayan muerto esas personas. La única oportunidad que tenemos para que este caso se aclare y no se use como banderas para alimentar odios es que exista una reforma de justicia", dijo.

"¿Qué pasó en Vila Vila? ¿qué paso con los mineros que estaban viniendo a noviembre a La Paz? En Yapacaní, el caso de la muerte de un ciudadano que simplemente han rechazado a pesar de que la familia lo estaba reclamando. No entendemos por qué razones no se aplica la norma, sino que hay un abuso de poder indiscriminado y no se investiga lo que no conviene. ¿Dónde está la investigación sobre los hechos y las muertes? No es suficiente que te digan: "ha muerto tu pariente, estos te damos en resarcimiento" Queremos saber las raíces de los hechos", señaló Vargas.

Entre las recomendaciones del GIEI se indica que quienes se encuentran a cargo de las investigaciones -Ministerio Público- y del ejercicio de la acción penal deben actuar de manera autónoma, transparente e independiente. También se habla de investigaciones efectivas, exhaustivas y diligentes que constituyen elementos fundamentales para la tutela de los derechos de las víctimas, así como para garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

Asimismo se encomienda garantizar la participación efectiva de las víctimas y de sus familiares en el proceso penal, investigar todas las categorías de violaciones de los derechos humanos, así como priorizar la investigación de hechos de violencia sexual y en razón de género. Dentro de cada parámetros se incluye recomendaciones menores (https://acortar.link/AUPOYk). No se tiene fecha límite para ejecutarlas.

Esto preocupa profundamente a la ciudadanía y parecería que lo que más bien estarían haciendo es imponer el odio, de la venganza. Los procesos no avanzan, detienen al señor Camacho supuestamente por el tema del golpe, seguramente para presentar un informe a la nueva comisión del GIE que vendrá a hacer una evaluación sobre el avance en las investigaciones de las más de 146 recomendaciones.

El ministro de justicia, Iván Lima aseguró que se está cumpliendo con las recomendaciones, que es un trabajo que toma su tiempo y que no existe seriedad, ni objetividad sobre las afirmaciones de los activistas ya que "son discursos que no se basan en pruebas".

"El informe del GIEI está siendo implementado en los tres grupos de las recomendaciones, atención a las víctimas, justicia para las víctimas y construcción de política pública. Inmediatamente, otras determinaciones nos han tomado tiempo porque no se pude afectar el debido proceso, todos deben tener el derecho a defenderse y los casos lamentablemente no avanzan a los ritmos que uno quisiera, tiene que haber tiempos procesales y esos tiempos se están cumpliendo. Pueden seguir mintiendo, lo que no han logrado en las urnas no lo van a lograr con las mentiras", señaló Lima a la ANF.

El ministro dijo que entre las medidas asumidas inmediatamente se transfirió el Servicio para la Prevención de la Tortura que estaba a cargo del ministerio a la Defensoría del Pueblo, para que tenga mayor independencia siendo uno de los temas estructurales de violencia en 2019.

Otra de las medidas acordadas fue el fideicomiso de Bs 8 millones para brindar ayuda económica a todas las víctimas o sus familiares y que logren sus propios emprendimientos. "No tenemos una norma que nos permita resarcir el daño a una categoría que dicen ellos "perseguidos políticos, torturados y otras medidas" ahí necesitamos una ley, ya se ha emprendido el trabajo de redacción de esta norma".

Lima aseguró que no existe en el país casos que estén sin investigación, no solo los de Senkata y Sacaba están en agenda, también los de Montero, Vila Vila, Yapacaní y otros. Sobre la lucha contra el racismo y la discriminación dijo que en 2022 la ministra de culturas, Sabina Orellana, realizó la primera de una serie de encuentros para ver las causas estructurales. "El racismo tuvo una primera cumbre contra el racismo".

"Esto no termina en un mes o dos meses o un año o dos años, y tiene tiempos que la justicia va a determinar. Solamente habremos cumplido ese mandato cuando tengamos sentencias ejecutoriadas. Hemos avanzado, pero falta mucho por recorrer. Las recomendaciones son para el Gobierno y a la sociedad boliviana".

La autoridad del Ejecutivo precisó que "falta una política de reparación integral", un plan que trabajan con diferentes organismos del Estado. Esta recomendación se constituye en una de las primeras planteadas por el GIEI.

También manifestó que la revisión de todos los casos registrados en 2019, es decir, en Montero, Vila Vila, Yapacaní, en la zona Sur de La Paz, Senkata y Sacaba. "Todos estos casos deben tener un equipo de fiscales que trabaje en dedicación exclusiva y el acompañamiento del poder Judicial para que no pueda haber impunidad".

Lima reconoció que existe "mucho por recorrer" pese a los avances que en su opinión existen. "El principal seguimiento y control del informe, el principal mecanismo es la mesa de seguimiento al GIEI y es a la cabeza de Joel García y que llega el martes (24.01.2023) junto a un equipo técnico".

Falta de voluntad política

Para Franco Albarracín, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), tanto jueces del Órgano Judicial como fiscales del Ministerio Público responden a intereses y acciones del Ejecutivo ya que pese a que se han recomendado que se establezcan acciones destinadas a reformar la justicia y solucionar los hechos "claramente el Estado no tiene la voluntad política para cumplir con esa recomendación".

Sobre el tema de la Policía, tomando en cuenta el uso excesivo de la fuerza, Albarracín consideró que tampoco se hizo una reforma importante porque el Gobierno utiliza a la Policía, al Ministerio Público y a los jueces para acallar y someter a toda persona que piense diferente o sea considerada "incomoda", por ejemplo, la violencia contra la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), la detención de Camacho y otros.

Un tercio de las muertes - de un total de 37- en el conflicto ocurrieron en el gobierno de Evo Morales que responden a actuaciones de grupos afines a él, así como la mitad de los heridos -de 861-. "¿Por qué estos hechos no se están investigando? ¿Por qué el Gobierno está impulsando acciones para deslindar de toda responsabilidad las violaciones de derechos humanos acontecidos durante la gestión de Morales? Justamente porque el gobierno se ha empeñado en establecer una falsa realidad de los hechos. Lo que el Gobierno impone es un discurso falso para no esclarecer los hechos de 2019".

Lo que deriva en la impunidad, además entre la desinformación y la manipulación gubernamental a los familiares respecto a los procesos que se han impulsado y que no tienen nada que ver con los 37 muertos.

"El GIEI ha pedido al Estado Boliviano que existan investigaciones independientes e imparciales y se cumplan con celeridad. En los hechos, no existe la voluntad política del Estado para esclarecer, para investigar los hechos del conflicto de 2019, ni siquiera existe la voluntad para investigar de manera adecuada los hechos acontecidos en Senkata y en Sacaba".

Inca asegura que solo una recomendación se cumplió

El representante de la Asamblea Permanentes de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, recordó que el presidente del Estado, Luis Arce, se comprometió a cumplir las recomendaciones del GIEI, pero que solo cumplió una.

"Esa recomendación es: el cambio de la dirección del Servicio de Protección Contra la Tortura que dependía del Ministerio de Justicia y ha pasado a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional Contra la Tortura. Esa es la única recomendación cumplida, todas las demás no se han cumplido", sostuvo.

Considera que ni izquierda ni derecha han puesto de su voluntad, ya que para los primeros la víctima es Carlos Mesa, y para los segundos, es Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, producto de un "golde de Estado".

"Entonces estas dos visiones no contemplan a las víctimas en sí. Cuando no hay decisión política no avanza todo acto de justicia".

A fines de 2019, el Ministerio Público inició las investigaciones, pero no se identificó a los autores, cuando Arce retornó al poder en 2020, "ahí sí la Fiscalía cambia de rostro y empezamos a trabajar de cero", lo que afecta en la celeridad de las indagaciones, afirma Inca.

Cita que existen muchos temas pendientes como una ley de Reparación Integral que formalice el decreto supremo (4176) y amplíe beneficios, que debe ser elaborado por el Ministerio de Justicia, "pero hasta la fecha no sale", precisa.

La norma prevé la atención médica permanente a las víctimas, a los huérfanos, trabajo para los familiares de los fallecidos o los heridos, ayuda en un monto económico, crédito bancario con 0,5% de interés

Respeto al fideicomiso, el borrador no está consensuado y no van a existir avances, ya que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Magaly Lourdes Gómezfue vetada por el MAS.

"El responsable de hacer las investigaciones de oficio es el Ministerio Público, si no hace investigación, entonces el actor de vulneración de Derechos humanos es Luis Lanchipa y los fiscales departamentales de cada región", cuestiona.

El Ministerio Público a lo largo de este tiempo ha dado particular énfasis a los casos denominados golpe I y II, pero en relación a las 37 muertes, no solo en Sacaba o Senkata los avances son incipientes.

El activista sostiene que el GIEI identificó dos escenarios, del 10 de septiembre al 10 de noviembre donde hubo vulneraciones a los DDHH, por los que el expresidente Evo Morales "debe responder de esos actos. No he visto denuncia formal por parte de las víctimas de Montero, Yapacaní. Aquí hay 15 muertos ¿Quién se hace cargo?".

Pero el otro escenario -detalla- "es del 12 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2019. La responsable es Añez, hubo 22 muertos y más de 400 heridos. Políticamente se utiliza y dice que 37 muertos es la responsable es Jeanine Añez cando el informe separa y habla de dos escenarios".

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, insiste en cuestionar que el informe del GIEI carece de antecedentes e identificación de las causas para el origen del conflicto, apunta a la decisión del gobierno de ese entonces de violar la Constitución Política del Estado, buscando un cuarto mandato presidencial.

Cuestiona "¿Cómo se puede juzgar a una persona? ¿Saber quiénes son las víctimas? ¿De dónde son? ¿Qué hacían allí? ¿Con qué armas las mataron? Para acusar estos y muchos otros datos -dice Carvajal- son fundamentales para saber quiénes son los autores de las muertes

"En Bolivia, él (el expresidente Evo Morales) no obedeció lo que dijo el pueblo, que no se presentase por tercera, cuarta vez y de ahí vienen las causas de lo que pasó en ese informe. En Bolivia no hay justicia libre e independiente. Para acusar hay que saber quién los mató y con qué arma los mató, es lo primero que hay que investigar"