Cuestionan que detenidos tengan deficiencias en atención sanitaria
En esta gestión de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), se ha conocido denuncias sobre “falta de asistencia médica a algunos presos, particularmente a los considerados detenidos políticos”, aspecto calificado por analistas como “flagrante violación de derechos humanos”.
En las últimas semanas de febrero ha salido a luz pública la grave situación por la que atraviesa el presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), César Apaza.
“Todo este tema está relacionado con el sistema de justicia. La atención que le brinda el Estado a los que están privadas de libertad es inhumana: no se las protege, se las condena a agravar su situación de enfermedad. En sí, es una violación flagrante de los derechos humanos”, señaló el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.
La normativa internacional que establece la “obligación de respetar los derechos”, los “principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas de libertad en las Américas” o las “reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”.
La regla 24 señala que “la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”.
Venganza
De acuerdo con personas ligadas a los Derechos Humanos, durante el último régimen, en este caso Evo Morales y Luis Arce, se ha abusado de la justicia, la detención preventiva y falta de asistencia contra personas que no comulgan con este sistema.
“Ocurre que en el gobierno de Arce Catacora, lo que se está dando es un mensaje a la población de no tener la frente ninguna voz disidente, ninguna voz que pueda reprocharle la conducta al Gobierno”, señala el exdirigente sindical Lucio Gonzáles Alanes.
Agregó que, pese a que en la Constitución y normas internacionales se contempla el derecho a la salud, en Bolivia se advierte que no se respeta en el caso de los internos, más aún si se trata de personas opositoras o que denuncian al gobernante. Casos emblemáticos son los de Marco Antonio Aramayo, la expresidenta Jeanine Áñez y César Apaza.
Goitia Caballero señaló que la falta de atención adecuada en salud en los centros penitenciarios es general, pero que en caso de los denominados “presos políticos” es mayor.
