Juristas rechazan que el TSE desahucie la reforma judicial y referendo popular

El grupo de Juristas Independientes que impulsa la cruzada por una reforma judicial  en Bolivia rechazó ayer las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, respecto a la imposibilidad de llevar adelante el proceso.

Hassenteufel señaló, el lunes, que “ve muy difícil” llevar adelante el referéndum constitucional, porque hay “complicaciones” y no cree que se “pueda avanzar”.

Para José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y miembro del equipo de juristas, es lamentable que el presidente del TSE emita una opinión pública desahuciando la iniciativa ciudadana por no cumplir los plazos.

Aclaró que el TSE incumplió con su deber, con los mandatos de la CPE y la Ley 026, así como con los reglamentos para dar curso a esta iniciativa en los plazos previstos. Dijo que la iniciativa fue presentada el 28 de julio de 2022 y recién en octubre se aprobaron las preguntas y se autorizó la recolección de firmas, “pero con una serie de obstáculos que obligó a los promotores tener que presentar impugnaciones, razón por la que recién iniciaron la cruzada nacional de recolección de firmas el 25 de enero de este año”.

“Si se cumplen, celosamente, los plazos establecidos en la Ley 026 y el Reglamento es perfectamente posible que se realice la votación del referéndum antes de octubre de este año, situación no analizada adecuadamente por el presidente del TSE”, sostuvo.

Marco Antonio Baldivieso, otro integrante de los Juristas Independientes, llamó a Hassenteufel “funcional al Gobierno por desahuciar la reforma judicial y seguir la línea de varias autoridades gubernamentales.

“Es una pena que ya caigan todas las mascarás de funcionarios y servidores públicos y asomen las caretas azules de los afines al partido en función de Gobierno. El doctor Hassenteufel ha sido una figura reconocida, era un presidente en la ex Corte (Nacional Electoral), un abogado reconocido, está cerrando su carrera y no era necesario que cambie su trayectoria de tantos años para ser funcional al Gobierno de turno”, señaló.

Recordó que en la Constitución Política del Estado (CPE) se establece que el Órgano Electoral representa a los ciudadanos y el TSE debe llevar la propuesta ciudadana al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Por ello, Hassenteufel no tendría que haber desahuciado la iniciativa.

“No es una postura jurídica, es una postura política, ya que nosotros estamos dentro del término, dentro del plazo. Recién está transcurriendo el segundo mes para recabar las firmas. Entendemos que los bolivianos quieren un proceso de elección de magistrados con nuevas reglas, porque este esquema sólo favorece a los políticos de turno”, concluyó Baldivieso.

Apoyo ciudadano

La campaña impulsada por los juristas independientes para la transformación de la justicia es apoyada por los comités cívicos de siete regiones del país y del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), además de la Fundación Jubileo.

El propósito de la reforma es cambiar el sistema de preselección de los candidatos a altos cargos de magistrados que ahora lo realiza el Legislativo. Además, se prevé el presupuesto para el Órgano Judicial y la inclusión de jueces ciudadanos, entre otros puntos.

Cruzada por la reforma de justicia no pierde vigencia

El jurista independiente José Antonio Rivera aclaró que la propuesta de transformación estructural de la justicia no pierde vigencia más allá de que se realicen o no las elecciones judiciales. Al contrario, “es la única vía para poner alto a la retardación de justicia, a la corrupción, a la injusticia y la exclusión de los servicios judiciales mediante la voluntad de las bolivianas y bolivianos expresada en el referendo constitucional”.

La iniciativa ciudadana no está reducida solamente a la elección de magistrados, pues la propuesta tiene la finalidad de “transformar estructuralmente el sistema judicial de Bolivia asumiendo un conjunto de medidas y acciones orientadas a resolver los problemas económicos, financieros, institucionales, administrativos, legislativos, académicos y políticos que generan esta crisis terminal de la justicia”.

Señaló que, hasta la fecha, superaron el medio millón de firmas ciudadanas tanto en las capitales de departamento como en las ciudades intermedias que se sumaron a la iniciativa de cambiar el sistema judicial.