MAS impone proyecto de ley que reduce plazos para las judiciales
Nuevamente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso ayer su mayoría para aprobar el proyecto de “ley transitoria 363 para garantizar el proceso de preselección y elección de autoridades judiciales” y rechazó, además, las propuestas de norma planteadas por la oposición por considerarlas inconstitucionales.
Con esta norma, aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se reduce de 80 hasta 70 días la postulación y preselección de postulantes y de 150 hasta 120 días la organización y realización de las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó el diputado Juan José Jáuregui.
En tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón cuestionó que el MAS haya aprobado con su “rodillo el proyecto de ley sin haber consensuado con la oposición ni mucho menos haber tomado en cuenta las al menos ocho garantías sustanciales” que permitan unas elecciones transparentes y que gocen de la confianza de la ciudadanía.
Jáuregui también informó que la ley establece que la Comisión Mixta de Constitución elaborará el reglamento de preselección.
También se prevé garantizar los criterios de género y la auto identificación indígena.
Rechazo
El legislador oficialista señaló que se rechazó las propuestas planteadas por Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos al sostener que son reiterativas, además de ir contra la Constitución.
En ese contexto, vanos fueron los esfuerzos de los opositores en la Comisión para que el oficialista MAS considere los documentos planteados y menos incorporar artículos en el proyecto del MAS.
La diputada Tatiana Añez (Creemos) expresó que “el MAS debe dejar de insistir en la elección de autoridades judiciales a su medida y en función de intereses partidarios que han sido ampliamente rechazados por la población”.
Tercer reglamento
Será el tercer reglamento que apruebe la Asamblea Legislativa, luego de los dos anteriores que fueron suspendidos.
Primero, el 13 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos.
Segundo, el 28 de abril, por una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.
Jáuregui aclaró que los tiempos no son fijos y que, si el TCP demora en emitir su sentencia por la acción de inconstitucionalidad abstracta, el TSE podrá ajustar más los tiempos para administrar las elecciones judiciales.
