Ven persecución política en procesos contra opositores y cívicos cruceños

Las acciones judiciales contra líderes y dirigentes cruceños se han endurecido durante los últimos meses poniendo en evidencia una persecución política desde el Gobierno central con el fin de neutralizar a la oposición, coinciden analistas y políticos.

En los últimos cinco meses fue detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; fueron citados a declarar el cívico Rómulo Calvo, el rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar y Reinerio Vargas.

Además, fue detenido el vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceña (UJC) del Plan 3.000, Oswaldo Sánchez; y su presidente, Gary Gonzáles, se declaró en la clandestinidad.

El politólogo Franklin Pareja señala que Santa Cruz es el departamento mayoritariamente opositor al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y existe la intención de “descabezar” a su dirigencia con el fin de contar con nuevos interlocutores.

En esa estrategia se puede comprender la persecución judicial sistemática a líderes políticos y cívicos cruceños, sostiene el analista.

Santa Cruz protagonizó un paro de actividades de 36 días en demanda de la realización del censo, octubre y noviembre de 2022 y en diciembre se reavivó el conflicto social por la detención de Camacho.

Fernando Camacho

En el caso del gobernador y líder de la alianza opositora Creemos, Luis Fernando Camacho, su detención del 28 de diciembre de 2022 fue calificada como secuestro porque se vulneraron sus derechos constitucionales y la normativa vigente.

El activista en derechos humanos, Franco Albarracín, recuerda de Camacho estuvo incomunicado y se desconocía su paradero; además su caso debía ser tratado en Santa Cruz y no en otra jurisdicción, entre otras irregularidades.

Cinco meses después, Camacho permanece en calidad de detenido preventivo en el penal de Chonchocoro a 32 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Si bien fue detenido por el caso Golpe de Estado I, en los últimos meses se prolongó la detención preventiva por este caso.

Además, se sumaron otros procesos como el del “carro bombero”, “paro de 36 días” y “decretazo”; por este último, la Justicia falló 60 días de reclusión preventiva.

Albarracín denuncia que se vulnera el derecho a la salud de Camacho toda vez que padece dos enfermedades crónicas de base y necesita atención especializada para garantizar su vida. “Es una clara muestra de persecución política, de atropello y de abuso de poder desde el Gobierno central”, asegura.

Vicente Cuéllar

En el caso Vicente Cuellar, la autoridad universitaria cobró notoriedad durante el paro de 36 días protagonizado en Santa Cruz en demanda de la realización del Censo en esta gestión.

Cuellar, junto a Camacho Calvo y Vargas, está acusado por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

La denuncia fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en la capital cruceña.

A juicio de Pareja, Cuéllar fue el principal interlocutor en las mesas técnicas organizadas por el Gobierno con el fin de buscar una solución al conflicto.

Para Pareja, la citación al rector es persecución política porque no hay ningún acto delictivo ya que la determinación del paro cívico emanó de un cabildo que fue acompañado por el Tribunal Electoral Departamental. “Se pretende empañar nuevos liderazgos como el del señor Cuellar”, añade el politólogo.

Cuellar se atuvo al silencio cuando se presentó a declarar ante la Fiscalía, el pasado 24 de mayo.

Vargas y Calvo se presentaron a declarar en abril y, en el caso de Camacho, este se acogió al derecho al silencio.

Rómulo Calvo

En el caso de Calvo, el cívico también enfrenta el caso whipala en el que se lo acusa por los delitos de difusión e incitación al racismo y ultraje a símbolos nacionales. El presunto agravio se dio en los actos por el aniversario departamental en la plaza 24 de Septiembre de 2021. El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, izó la wiphala, pero poco después fue retirada por un grupo de personas en medio de forcejeos y en su lugar se izó la bandera con la flor de patujú.

A juicio de Pareja, el Comité pro Santa Cruz es la institución que tiene mayor liderazgo, tiene más poder de convocatoria y respaldo ciudadano porque a lo largo de décadas logró responder a las necesidades de su región, a diferencia de los demás comités que perdieron el protagonismo en sus regiones.

Oswaldo Sánchez

El vicepresidente de la UJC del Plan 3.000, Oswaldo Sánchez, fue detenido el 22 de mayo por la quema de una clínica odontológica privada, se lo acusa de instigación pública a delinquir, incendio, robo agravado, asociación delictuosa, entre otros. El hecho se registró tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho.

Durante su audiencia de medidas cautelares, la Justicia determinó detención domiciliaria de 21:00 a 6:00, fianza de 5.000 bolivianos, asistencia a firmar en la Fiscalía cada viernes y tiene prohibido hablar con las otras personas investigadas del caso.

Tras la aprehensión de Sánchez, el presidente de los unionistas en el Plan Tres Mil, Gary González Borda se declaró en la clandestinidad. “Quieren encerrar a todo el directorio de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3.000 con esa declaración inventada y armada. Quieren callarnos completamente. Nos inculparon a muchos de cosas que nosotros no tenemos nada que ver y que no hicimos. Tienen una lista con aproximadamente diez nombres”, declaró.

Preocupación

El activista en Derechos Humanos, Franco Albarracín, señaló que las acusaciones de terrorismo no corresponden a figuras penales y es utilizada con fines de persecución política.

Recordó que existe el principio de inocencia que no es cumplido por las autoridades judiciales ni las garantías constitucionales que son fundamentales para evitar la vulneración de los derechos humanos de las personas y de los privados de libertad, principalmente.