Cuestionan sentencia a Calvo y ven que se busca someter a oposición cruceña
Con la sentencia a Rómulo Calvo por el caso denominado “wiphala”, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) consolida la persecución contra la oposición crítica cruceña y del país, aspecto que se corrobora con la convocatoria a declarar a personas que cumplieron funciones en la administración transitoria de Jeanine Áñez, según políticos y analistas.
Este nuevo golpe a la institucionalidad de Santa Cruz alerta a la ciudadanía de la región, dijeron.
De acuerdo con legisladores de la oposición, el Gobierno de Luis Arce busca acallar a la región cruceña que lucha por la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad de la democracia, entre otros, a través de acciones de represión contra la ciudadanía, la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ahora la sentencia contra el exlíder cívico Calvo, pero con fallos digitados.
“Quieren inhabilitarlo, la sentencia está hecha en la tónica del Gobierno para no tener rivales políticos. A toda la gente de la oposición le están dando muerte civil, para que no pueda participar de las elecciones, no pueda tener ningún tipo de representación ni liderazgo para excluirlo, con una sentencia de cualquier proceso de representación (electiva); a eso se llama muerte civil”, señaló la senadora Centa Rek.
Agregó que los fallos contra los opositores están totalmente coordinados entre los jueces y fiscales con ministerios del Ejecutivo, toda vez que el día de la lectura de la sentencia la Policía, dependiente del Ministerio de Gobierno desplazó un fuerte contingente de uniformados tanto dentro como fuera del Palacio de Justicia de Santa Cruz, además en varios puntos estratégicos de la ciudad.
“Esto nos muestra, una vez más, el sometimiento de la Justicia que es algo gravísimo. Es decir, conocían el fallo antes que la ciudadanía y el propio Rómulo Calvo lo conociera”, denunció Rek.
Reacciones
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, cuestionó la persecución política en la que trabaja el gobierno de la mano de la justicia.
“La sentencia contra Rómulo Calvo, ilegal y sin respetar el debido proceso, es otra arremetida masista en la persecución política y una retaliación contra Santa Cruz. En tanto, el MAS reemplazó impunemente el escudo nacional por un logo, despreciando un símbolo patrio”, refiere el líder opositor a través de sus redes sociales.
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga cuestiona por qué se deja en impunidad el tráfico de drogas y se sanciona a cívicos.
“Calvo no estaba en el lugar de los hechos en juicio, MAS lo condena por luchar y obtener el Censo”, denuncia Quiroga mediante su cuenta de Twitter.
Citan a 32 personas en caso golpe I
Alrededor de 32 personas fueron citadas en la Fiscalía para declarar, en calidad de testigos, en el caso denominado golpe I, debido a que habrían tenido algún cierto tipo de cercanía con Fernando Camacho en 2019.
Desde la oposición se manifiesta que el oficialista MAS insiste en su camino de hacer ver que en la crisis político-social hubo un presunto golpe, sin reconocer que Evo Morales huyó del país y dejó vacante el cargo.
Los cívicos y la Uagrm prevén tomar medidas
Ante la arremetida contra la institucionalidad cruceña, expresidentes cívicos de esta región se reunirán para definir acciones en rechazo a la ola de persecución. Además, desde la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) se anunció realizar auditorías a los procesos contra Camacho y Calvo para identificar irregularidades.
“Hemos convocado al consejo de expresidentes del Comité pro Santa Cruz para analizar las medidas a tomar en torno a esto que está sucediendo”, anunció Fernando Larach, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.
Añadió que la justicia sigue sometida y no tiene independencia.
El rector de la Uagrm, Vicente Cuellar, dijo que esa institución realizará una auditoría a los casos de Camacho y Calvo para verificar irregularidades.
“La Universidad no defiende un caso específico por tratarse del Gobernador o un líder cívico, sino que está comprometida en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos”, dijo.
Calvo enfrenta por lo menos 27 procesos.
