Ciudadanos consideran que la justicia en el país es punitiva y no reparadora
El Informe sobre el Estado de la Justicia 2022 en Bolivia establece un alto grado de desconfianza en el sistema judicial, incumplimiento de las leyes, sancionatoria, bajo nivel de reparaciones, entre otros.
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, desde su creación en 2015, impulsa procesos de monitoreo, veeduría, investigación, debate público e incidencia de manera constructiva tanto a nivel departamental como nacional de las diferentes entidades del sistema de justicia y penitenciario con el fin de lograr modificaciones y cambios profundos dirigidos a una reforma necesaria del sistema de justicia.
El documento elaborado por la Fundación Construir contempla varios aspectos de la justicia, entre ellos la situación de independencia judicial a 2022. El documento fue presentado ayer en Cochabamba.
De acuerdo con el estudio, el 44 por ciento de la población considera que el rol de la justicia es “castigar a los culpables” de ilícitos, en tanto, casi un 36 por ciento piensa que es “proteger a las víctimas” y un 20 por ciento “reparar el daño”.
Es así que, entre las percepciones ciudadanas respecto al nivel de cumplimiento de las leyes en los diferentes estratos de la sociedad boliviana, determina que dirigentes sociales, políticos en general, fiscales, jueces, asambleístas y funcionarios públicos no cumplen de manera adecuada la normativa.
Valores ciudadanos
Sobre la principal tarea del sistema de justicia y el peor error que puede cometer el sistema, el trabajo concluye que “el rol de la administración de justicia es punitiva” por encima de las alternativas de proteger o reparar el daño.
Desde una perspectiva de derechos, vulnerar injustificadamente el derecho de un ciudadano “es castigar a una persona inocente”, éste es un daño peor que dejar sin castigo a una persona culpable.
Por lo que se determina que existe una “frustración con la impunidad y las fallas en la administración de justicia” que puede resultar incluso en un escalamiento de la apertura y recurso a la violencia para resolver conflictos.
Resultados
La evaluación que hacen los ciudadanos del Estado y funcionamiento de la justicia boliviana es “mala o insatisfactoria”.
“La confianza que inspiran sus instituciones, la transparencia del sistema, su eficiencia en luchar contra la corrupción, la independencia del sistema, su desempeño general y los principios que regulan su operación, en todas las dimensiones la calificación es insatisfactoria”, refiere el informe.
Agrega que “los ciudadanos expresan una comprensión fundamentalmente punitiva de la función de la justicia y una apertura creciente al uso de la violencia como recurso para resolver conflictos y desacuerdos en un ambiente generalizado de impunidad y desprotección por ineficiencia de la administración de justicia”.
Legislativo pide audiencia al TCP
Con el objeto de viabilizar las elecciones judiciales de este año, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Patricia Arce (MAS), solicitó mediante oficio audiencia con representantes del Tribunal Constitucional. El 22 de este mes, la senadora Arce presentó un memorial mediante el que “solicita priorizar sorteo” para considerar el tema de la “acción de inconstitucionalidad abstracta” que paralizó el proceso de preselección de candidatos.
Cuestionan limitar el control social en judiciales
Ante la proximidad de la tercera elección de las altas autoridades de la justicia, la Plataforma de Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos expresó su preocupación respecto al papel secundario que se da al “control social”.
El estudio sobre el Estado de la justicia 2022 señala que con el argumento de que el Legislativo tiene la facultad de preselección, potestad indelegable, “no debe confundirse la delegación de funciones con el control social”.
“Si bien la normativa reglamentaria aprobada por la Asamblea Legislativa reconoce la facultad de la sociedad civil (...) conformación de comités de acompañamiento y asesoramiento técnico”, esto es meramente nominal porque dentro de los límites fijados para estas instancias se encuentra “la prohibición de que emitan criterios públicos”.
“Un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”, señaló en su momento la CIDH respecto a la situación de la justicia boliviana.
